El Gobierno tiene lista la 'tasa Google' para aprobarla en las próximas semanas

El Gobierno tiene prácticamente listo el nuevo impuesto a las grandes tecnológicas, la conocida como 'tasa Google', para aprobarlo en las próximas semanas, aunque lo cierto es que el tributo no se aplicará hasta el año 2019. ¿Por qué se aprueba ya? Porque al ser un impuesto de nueva creación tiene que tramitarse en un proyecto de ley específico que tendrá que pasar por las Cortes para estar listo para entrar en vigor.

De ahí la urgencia. Una vez que el diseño del impuesto esté aprobado, podrá aplicarse el año que viene, como el resto de medidas fiscales que tiene en mente el Ejecutivo. Con este paquete de subidas de impuestos, el equipo económico de Pedro Sánchez pretende, principalmente, aumentar la tributación de las grandes empresas y mejorar la fiscalidad verde.

El Gobierno tiene el diseño de la 'tasa Google' prácticamente cerrado, según ha podido saber Vozpópuli, solo falta aprobarlo. Pero habrá que esperar a que se despeje un poco el panorama político con la votación de la nueva senda de estabilidad presupuestaria que ha planteado el Gobierno a Bruselas. Previsiblemente este viernes se votará en el Congreso, pero no llegará al Senado hasta el lunes.

Lo planteó el PP

La idea de la 'tasa Google' partió en realidad del anterior Ejecutivo, que la incluyó en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado mes de abril y que pretendía aplicarla ya en 2018 para recaudar unos 600 millones. Entonces se dijo que gravaría "determinados servicios digitales" y seguiría los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión en marzo.

También se dijo que se aplicaría únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales y no a las pymes. Y que solo gravaría los ingresos más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes. El impuesto nace, de hecho, de la idea de superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde crean valor añadido.

La directiva europea recomienda un tipo del 3% sobre los ingresos de las tecnológicas que facturen más e 750 millones

Lo que no está muy claro es cómo se concretará la figura. La directiva de la Comisión Europea en la que se inspira pasa por gravar a un tipo del 3% a "determinados ingresos" de las tecnológicas que facturen más de 750 millones. En realidad, proponen un umbral de entre el 1% y el 5%, pero se inclinan por el 3%. La figura aportaría unos 5.000 millones de euros al año a todos los socios europeos.

La referencia a "determinados ingresos" abre todo un abanico de posibilidades. Parece que, al menos en España, la nueva figura podría gravar los ingresos procedentes de la venta de espacios de publicidad en internet (como Google), la facturación de las plataformas digitales que sirven de intermediación con usuarios (como Facebook) o la venta de bienes y servicios (como Amazon). 

"Piensen en lo que ingresan determinadas empresas con la venta de publicidad online. O directamente con venta de datos proporcionada por el usuario", dijo Montero cuando compareció en el Congreso hace unas semanas para dar cuenta de las medidas que impulsará su departamento en esta legislatura. Montero se reservó los detalles de la medida para el momento de su aprobación.

Otros cambios fiscales

La 'tasa Google' será la primera medida que se apruebe, pero no la única. El Gobierno quiere desarrollar también el impuesto a la banca que figuraba en el programa político del PSOE y que el gravará las transacciones financieras, pero todo eso quedará para más adelante. Además, quiere elevar la tributación de las grandes empresas fijando un tipo mínimo de Sociedades del 15% y mejorar la fiscalidad verde elevando, por ejemplo, la tributación del diésel.

Según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), las medidas fiscales del Gobierno de Sánchez mejorarán la recaudación en 9.600 millones de euros. Del total, 4.000 millones corresponderían al Impuesto de Sociedades, 2.000 millones al impuesto a las transacciones financieras, 1.500 millones a la lucha contra el fraude, 1.000 millones al impuesto a la banca y 1.200 millones por la 'tasa Google' y la tributación medioambiental.