Puertos del Estado

Bruselas pondrá ‘hombres de negro’ para vigilar el Decreto de los estibadores

La comisaria de Transportes asegura al sindicato europeo que los límites recogidos en el Real Decreto-Ley que reforma el sistema de estiba fueron impuestos desde Bruselas.

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, en su reunión del pasado marzo con el ministro Íñigo de la Serna
La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, en su reunión del pasado marzo con el ministro Íñigo de la Serna EFE

El Gobierno tendrá encima a la Comisión Europea por la reforma de la estiba, cuyo Real Decreto-Ley sacó adelante en el Parlamento la pasada semana. El Ejecutivo comunitario seguirá muy de cerca este proceso, especialmente en lo que se refiere a la norma que lo desarrollará (que será tramitada por el procedimiento de urgencia), para impedir que vaya en contra del espíritu liberalizador que pretendió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando sentenció en contra del Estado en diciembre de 2014.

La comisaria comunitaria de Transporte, Violeta Bulc, transmitió a los representantes de la Federación Europea de Trabajadores del sector (ETF) que Bruselas vigilará de cerca el proceso, que no se terminará con la aprobación y posterior convalidación del citado Real Decretro-Ley. Bulc asistió esta semana a la asamblea anual del sindicato europeo del Transporte, que se celebra en Barcelona, y manifestó a sus responsables que el Ejecutivo comunitario no permitirá que una norma de rango inferior neutralice los efectos liberalizadores del Real Decreto, que en todo momento fue tutelado por la Comisión Europea.

Ante las quejas del sindicato europeo de Transporte al considerar que el Decreto actúa en contra de los trabajadores de los puertos españoles, la comisaria Bulc aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy había seguido en todo momento las líneas marcadas por el Ejecutivo comunitario a la hora de elaborar la norma y atribuyó a la Comisión haber rechazado la inclusión de cuestiones como la subrogación de trabajadores por parte de las empresas estibadoras o del registro de trabajadores del sector.

De esta forma, confirmó lo expresado en su día por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien explicó que Bruselas había delimitado una serie de líneas rojas que no se podían cruzar y que el texto definitivo del Decreto había sido consensuado con el Gobierno comunitario.

Actuación inmediata

De esta forma, Bulc insistió ante los representantes sindicales en la imposibilidad de que la subrogación quede reflejada en un texto legal, por lo que instó a resolver esta cuestión a través de la negociación colectiva. Fuentes del sector señalan que la comisaria europea advirtió de que si la situación laboral en los puertos españoles continúa como hasta ahora aun después de haber introducido la reforma, el Ejecutivo comunitario actuará en consecuencia.

La comisaria Bulc puso como ejemplo el proceso que inició contra el Reino de España ante los tribunales europeos al comprobar que el Gobierno de la nación no procedía a ejecutar la sentencia de diciembre de 2014, que le condenaba porque el régimen de estiba portuaria español atentaba contra el principio de libertad de establecimiento contemplado en los tratados de la Unión.

Precisamente, esta segunda demanda ha presionado al Gobierno de Rajoy para sacar adelante cuanto antes la reforma de la estiba debido a la amenaza de una multa mucho más cuantiosa que la contemplada en la sentencia de diciembre de 2014. Aunque por el momento el expediente ha quedado en suspenso, Bulc aseguró a los representantes de la ETF que el Estado tendrá muy complicado evitar la sanción de la primera sentencia, cuyo importe asciende a cerca de 25 millones de euros.

En este sentido, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, se mostró este jueves esperanzado de que esta sanción pueda llegar a desaparecer aunque admitió tener serias dudas al respecto. Desde Avilés, donde intervino en unas jornadas sobre los puertos del futuro, Llorca destacó la importancia de la aprobación del Real Decreto-Ley y aseguró que con esta normativa hay una buena base para que patronal y sindicatos completen con éxito sus negociaciones para adaptarse al nuevo escenario.

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