Puertos del Estado

Bruselas, la última esperanza de las empresas estibadoras para salvar la liberalización

Los operadores portuarios tratarán de que la Comisión Europea estreche su vigilancia sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga a España a liberalizar el sistema de la estiba, toda vez que dan por hecho que el Decreto que aprobará el Gobierno quedará neutralizado por la negociación colectiva.

Las negociaciones sobre la estiba prosiguen esta semana
Las negociaciones sobre la estiba prosiguen esta semana EFE

El proceso de liberalización del sistema de estiba en España entra en su fase definitiva. Tras el tiempo ganado por los sindicatos con la amenaza de huelga como arma, los operadores portuarios comienzan a asumir que el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobará para ejecutar la sentencia condenatoria de los tribunales europeos quedará neutralizado por la negociación colectiva. Precisamente, la vía europea es la única que les resta para tratar de conseguir que el proceso de liberalización termine con un sistema monopolístico, que ha pervivido a lo largo de las últimas décadas.

De esta forma, los operadores portuarios tratarán de que la Comisión Europea realice un seguimiento exhaustivo del proceso y no se conforme con haber supervisado la elaboración del Real Decreto Ley que, entre otras cosas, contempla la desaparición en tres años de las Sagep, las sociedades que proporcionan trabajadores a las empresas estibadoras que, además, tienen que ser accionistas de las mismas.

Precisamente ha sido la Comisión Europea la que ha echado atrás de forma sistemática las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa los sindicatos y que el Gobierno se encargó de trasladar a Bruselas para su consulta. La respuesta siempre llegó con un tachón en rojo, especialmente lo referido a la creación de un registro de trabajadores, con el que los estibadores pretendían minimizar los efectos de la liberalización.

El Decreto no contemplará nada que haya sido rechazado por Bruselas pero el propio Ministerio de Fomento ha instado a los estibadores a incluir en la negociación colectiva todos los puntos que fueron rechazados por Bruselas y que, por lo tanto, no podían figurar en la normativa que pretende aprobar en los próximos días.

La amenaza de paralizar los puertos y generar un caos en todo el país fue suficiente para demostrar la fuerza de los estibadores que, además, contaron con otro factor muy favorable: el apoyo de los grupos políticos. El Gobierno no quiso aprobar el Decreto e iniciar el trámite parlamentario porque sabía que no iba a sacar adelante la medida, al no contar con la mayoría de votos.

Los contactos entre los estibadores y los grupos políticos han sido continuos en todo este proceso y ha dado sus frutos. Hasta el punto de que no ha sido solo el PSOE el que se ha puesto de su lado sino también Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, confesó que su solicitud al Ministerio de Fomento para que retrasara la aprobación del Decreto y diera más tiempo a la negociación colectiva llegó después de una reunión que tuvo con representantes de estibadores en el Congreso.

La amenaza de paralizar los puertos y generar un caos en todo el país fue suficiente para demostrar la fuerza de los estibadores, que además contaron con el apoyo de los grupos políticos

Las empresas se plantean hacer también labor de lobby pero en el ámbito de la Comisión Europea, dado que el apoyo que creían tener en el Gobierno español ha terminado por esfumarse con la presión de los estibadores y las funestas consecuencias que tendría una paralización de los puertos.

Los operadores ven como poco a poco se esfuma la posibilidad de liberalizar por completo el sector de la estiba, algo que creyeron posible con la sentencia de los tribunales europeos de diciembre de 2014, que condenaba a España por mantener un sistema que atentaba contra el principio de libertad de establecimiento contemplado en el Tratado de la Unión.

Sin embargo, si los sindicatos son capaces de pactar un convenio que introduzca la subrogación de trabajadores por parte de las empresas estibadoras e incluso el registro de trabajadores que no le permite la Comisión Europea, los efectos liberalizadores del Decreto quedarán neutralizados. En esa línea insistirán las empresas en Bruselas.

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