Publicado: 18/07/2016 04:00
La Comisión Europea nunca ha querido castigar a España por el desvío de déficit. Lo ha dicho en varias ocasiones el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Y sigue sin querer hacerlo. Pero sí sabía desde que conoció el dato de 2015 que tendría que aprobar antes o después la falta de acciones efectivas para reducir el desfase e iniciar así el procedimiento sancionador, aunque la multa finalmente acabe siendo solo simbólica o, incluso, llegue a anularse.
De hecho, el Gobierno comunicó a las autoridades comunitarias el desfase de las cuentas del año 2015 en el mes de marzo y desde ese momento la Comisión ya intuía que tendría que abrir el proceso sancionador antes o después. El desvío sobre el objetivo del 4,2% rondaba los 10.000 millones y España crecía a un ritmo del 3,2%, así que parecía bastante evidente que no se habían tomado medidas para reconducir las cuentas de forma voluntaria. De hecho, el Gobierno en 2015 impulsó una rebaja fiscal y de cotizaciones, dos iniciativas con un fuerte impacto en la evolución de los ingresos.
"La rebaja fiscal fue discrecional e innecesaria", señalan algunos parlamentarios europeos, que consideran que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se equivoca al defender ante Bruselas que España es el país que más crece de la zona euro. A su parecer, precisamente las autoridades creen que hay que multar a España por no cumplir el Pacto de Estabilidad a pesar de estar creciendo a ese nivel.
La Comisión ya era consciente de la situación antes de conocer el dato oficial
Puede incluso que la Comisión fuera consciente de la situación antes de conocer la cifra de cierre del déficit, ya que emitió una recomendación autónoma a mediados de marzo para reclamar más medidas a España. Un primer aviso con el que daba la opción de tomar medidas rápidas para evitar el inicio del procedimiento sancionador. Este toque de atención llevó al Gobierno a aprobar un recorte de gasto de 2.000 millones a mediados de abril y a obligar a las comunidades a hacer algo similar utilizando la Ley de Estabilidad.
Pero el recorte no era suficiente y las elecciones de diciembre habían arrojado un parlamento ingobernable que llevaba casi obligatoriamente a unas segundas elecciones. En este contexto, Bruselas decidió dar más tiempo a España sin interferir primero en las negociaciones entre los partidos y luego en la campaña electoral cuando no quedó más remedio que convocar los nuevos comicios para el 26J.
De hecho, si los partidos hubiesen llegado a acuerdos tras las elecciones del 20 de diciembre, el procedimiento sancionador ya estaría zanjado. Bruselas habría iniciado el procedimiento mucho antes, el Ecofín lo habría ratificado y la multa habría quedado en un mero castigo simbólico, que es lo que parece que van a hacer ahora las instituciones, sin tener de nuevo muy claro si España conseguirá formar gobierno este verano.
Se especuló con la posibilidad de aplazar la decisión a octubre, pero el procedimiento se inició finalmente a principios de julio
Una vez que se convocaron las elecciones del 26 de junio, el propio Moscovici oficializó la tregua a España y aplazó la decisión sobre la "falta de acción efectiva" contra el déficit a julio. Durante un tiempo incluso se especuló con la posibilidad de que las instituciones volvieran a aplazar la decisión a octubre, pero finalmente la Comisión dio el primer paso el pasado día 7. Cinco días después, el Ecofin certificó el dictamen de la Comisión e inició de forma oficial el procedimiento sancionador.
No es la primera vez que Bruselas concede treguas por desvíos en las cuentas públicas. Algo similar ocurrió con Francia a finales de 2014, cuando el país galo recibió un periodo extra de dos meses antes de que la Comisión decidiera si se iniciaba o no el procedimiento sancionador. ¿Cómo logró evitar la multa Francia? El primer aviso llegó a finales de 2014 y justo en enero de 2015 se modificó el Pacto de Estabilidad para permitir una aplicación más laxa. Esa modificación le valió a Francia para convencer a Bruselas de que no podía imponerle una sanción.
En el caso de España, la excusa es algo más difícil porque no ha habido modificaciones del Pacto desde entonces y el país creció por encima del 3% el año pasado. Además, aprobó medidas con una clara influencia en los ingresos. Bruselas quiere demostrar que las normas están para cumplirlas y no puede saltarse la normativa en este caso, pero tampoco quiere castigar a España tras el esfuerzo que ha hecho estos años.
El Gobierno ha planteado varias medidas para evitar o rebajar la multa, como el aumento de 6.000 millones de la recaudación de Sociedades
Al plantear sus argumentos, el Gobierno se ha escudado en el impacto que ha tenido en las cuentas la baja inflación y en la defensa de la política que ha puesto en práctica durante toda la legislatura, basada en las reformas estructurales y la contención del déficit. Además, se ha comprometido a elevar en 6.000 millones la recaudación de Sociedades, a mejorar la lucha contra el fraude y a cerrar el ciclo presupuestario de 2016 en el mes de julio para evitar que dispare el gasto a final de año.
Dado el pánico a multar de la Comisión y la situación política española, la solución que a estas alturas parece más viable es la de la anulación de la multa por parte del Consejo una vez que la proponga la Comisión a finales de julio o la multa simbólica. Lo que no está tan claro es lo que ocurrirá con los fondos europeos que, según la normativa, deberían congelarse con el procedimiento sancionador, aunque Bruselas dejó claro que ahora se hablará solo de la sanción y que ese tema se discutirá más adelante.
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