Economía

La Airef quiere evaluar por ley las medidas económicas de la Administración

Se trata de dar un paso más allá y que el Gobierno no le tenga que encargar que evalúe la eficacia de las políticas públicas (de ingresos y gastos), sino que sea algo que se haga de forma recurrente por ley

Equipo directivo de la Airef
Equipo directivo de la Airef Airef

Uno de los problemas que tiene España es su descontrol delgasto público. Para ponerlo en orden se encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que estudiase si las políticas públicas son eficientes y cumplen los propósitos que buscan, por medio de una serie de estudios denominados Spending Review.

Después de dos primeras fases, esta institución llevará cabo en 2020 una tercera oleada de estudios y, entre sus objetivos, promoverá la creación de una Ley de Evaluación para que este examen de la eficacia de las políticas públicas se haga de forma recurrente, por ley, en todas las administraciones (Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos).

La Airef y el Gobierno en funciones están ahora en conversaciones para decidir qué políticas públicas pueden revisar en la tercera fase del Spending Review, pero según ha podido saber Vozpópuli la institución que dirige José Luis Escrivá ha propuesto que uno de los estudios sea para comparar cómo se revisa el buen funcionamiento de las políticas públicas en otros países y proponer al Gobierno la creación de una Ley de Evaluación semejante. 

La idea la ha puesto encima de la mesa la comunidad autónoma de Castilla y León, que ha pedido a la Airef que le ayude a crear una suerte de Agencia de Evaluación que lleve un control del gasto y la eficiencia de las políticas públicas. Pero, más que una agencia, la Airef es partidaria de que se apruebe una ley que obligue a todas las administraciones públicas y a todas las comunidades a tener esta figura. 

Igual que hay interventores que controlan la contabilidad o abogados del Estado al servicio de la Administración, esta figura -que sería la propia Airef- controlaría cómo se aplican las políticas y si logran o no el objetivo que buscan. En caso de que no consigan lo que buscan, esa Administración debería cambiar esas políticas.

Lo que ya se ha revisado

La primera fase del Spending Review (2018) constó de siete informes en los que se analizaron cómo se conceden las subvenciones; si es eficiente el gasto de 10.170 millones de euros en medicamentos dispensados con receta; si tienen resultado los 6.000 millones de euros que se destinan a políticas activas de empleo; la utilidad y adjudicación de los 900 millones en becas universitarias; los 310 millones en promoción del talento y la empleabilidad en I+D; los 540 millones que se dan para apoyar la competitividad empresarial; y los 180 millones que cuesta la empresa Correos

En total, se revisó un volumen de gasto público de 18.100 millones de euros anuales, un 1,5% del PIB, mucho menos que lo se está revisando en la segunda: 70.000 millones de euros, un 6% del PIB.

Encargos a la Airef de las Administraciones Públicas
Encargos a la Airef de las Administraciones Públicas

La segunda fase (2019), que está en la recta final y se presentará en la primera mitad del próximo año, ha estudiado los 55.000 millones de euros que deja de ingresar el Estado por beneficios fiscales; los 7.080 millones de euros de gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo de alta tecnología; 2.300 millones destinados a incentivos a la contratación y 5.500 millones de euros invertidos en infraestructuras de transporte.

Financiación de Bruselas

De esos 11 estudios, la mayoría han sido financiados por el Gobierno -con un coste de 75,71 euros por hora invertida del equipo de la Airef, una tarifa que ahora han pedido subir-, pero hay algunos que han corrido a cargo del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea, un área de la Comisión que financia algunos proyectos con el objetivo de acometer reformas estructurales en los países miembro.

Según ha podido saber Vozpópuli, la Airef ha presentado ahora a Bruselas este proyecto que tiene como fin la aprobación de esta ley para que sea la Comisión la que lo financie y poder darle encaje como un estudio de la tercera fase.

La Comisión se pronunciará en los próximos días sobre si está de acuerdo en financiar este proyecto pero, en caso de no querer asumirlo, fuentes cercanas al Gobierno confían en que lo financie el Ejecutivo enmarcándolo como uno de los estudios de la tercera fase.

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