Cataluña

Quim Torra, al banquillo por la vía penal por desobediencia

El TSJC desestima el recurso del presidente de la Generalitat y le procesa por la vía penal por un delito de desobediencia al mantener los lazos amarillos en la campaña electoral pese a la resolución de la JEC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra
El presidente de la Generalitat, Quim Torra EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima los recursos de Quim Torra, presidente de la Generalitat, y le abre juicio oral por desobediencia tras la acusación de la Fiscalía y Vox. Torra mantuvo los lazos amarillos y la propaganda independentista en los balcones y fachadas de edificios públicos durante las pasadas campañas electorales, pese a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC).

Torra será juzgado como "presunto autor responsable de un delito de desobediencia", recogido en el Código Penal y que podría conllevar hasta un año y medio de inhabilitación o, subsidiariamente, de un delito de denegación de auxilio.

Torra será juzgado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC y no se le impone ninguna medida cautelar personal o económica. Torra puede recurrir en el plazo de diez días, proponiendo en su caso las pruebas de que intente valerse, con el apercibimiento de que, si no lo presentare en el plazo señalado, se entenderá que, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere incurrir, se opone a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento.

La finalidad de la apertura del juicio oral es valorar "la consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas". El juez no puede imponer a las partes "el relato de los hechos que consideró punibles en el auto de conclusión de las diligencias previas y de transformación del procedimiento, ni puedetampoco sustituir o completar el que las acusaciones decidan asumir, puesto que el que estas propongan es el único que puede ser objeto de consideración para resolver sobre la apertura del juicio oral", señala el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Con la apertura del juicio oral, el TSJC garantiza así el "adecuado ejercicio del derecho de defensa por el acusado", pudiendo conocer "con nitidez" los hechos que se le imputan una vez que el "instructor ha perdido toda la iniciativa incriminatoria y se limita a ejercer funciones de garantía jurisdiccional".

Los escritos de la acusación, según dice el TSJC en el auto, se basan "exclusivamente en indicios y, por tanto, debe ser objeto de prueba en su día ante el tribunal de enjuiciamiento, por lo que "no puede contener ni contiene ninguna declaración de culpabilidad del, desde ahora, acusado Torra". 

Desde la campaña del 28-A, Torra venía exhibiendo públicamente y de forma permanente en la fachada de la sede de la Presidencia, en el Palau de la Generalitat, y en las de las diferentes Consejerías, delegaciones territoriales y servicios territoriales, departamentos, cuyas sedes están repartidas por toda Cataluña, "diversos símbolos o emblemas, tales como banderas esteladas y/o lazos amarillos, solos o integrados en carteles en los que aparecían lemas con los que se demandaba la libertad de quienes se denominaban en ellos "presos polítics", en referencia a los acusados en el proceso penal por delitos contra la Constitución".

El TSJC juzgará así si los lazos amarillos, emblemas y lemas exhibidos son "considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que, según reiterados Acuerdos de la JEC refrendados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se consideran partidistas, y si se ha infringido  "gravemente el deber de objetividad y de neutralidad"

La JEC, tras la denuncia de varios partidos, dio un "plazo máximo de 48 horas la retirada de dichos símbolos partidistas de las sedes de la Generalitat para retirar los símbolos poco después de las 19.00 horas del 13 marzo. Torra, antes de expirar el plazo, emplazo a la JEC a reconsiderar el acuerdo, solicitud denegada el 18, ordenando al presidente de la Generalitat a retirar "los símbolos partidistas de cualquier edificio público dependiente del ejecutivo catalán en el plazo de 24 horas", es decir, hasta las 15.00 horas del 19 de marzo. La JEC advirtió a Torra de las "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir de persistir en su desobediencia".

Ese mismo día, Torra encargó un informe al Defensor del Pueblo catalán para que se pronunciase "sobre algunos aspectos comprometidos en la retirada de los símbolos, si bien ―presuntamente― ya disponía de él para entonces y sabía ―presuntamente― que en él se le recomendaba cumplir con lo ordenado por la JEC, pese a lo cual, con el propósito ―presuntamente― de disimular su designio de incumplir el mandato de la JEC, había decidido solicitar al Síndic de Greuges una aclaración de su informe inicial, que le llegó el día 20 marzo 2019 con la misma recomendación".

El mismo 19, la Generalitat decidió "mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema de “Llibertat presos polítics” que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, porque no estaba conforme con lo decidido por la JEC en su Acuerdo de 18 marzo 2019.

Al día siguiente, la Generalitat emitía un comunicado: "El jefe del Govern reitera que no ha dado ni dará ninguna orden como le había exigido la Junta Electoral Central". El 21 de marzo la Generalitat cubría el "lazoamarillo" con una pancarta del mismo tamaño y formato e idéntico lema 'Llibertat presos polítics i exiliats', y el lazo fue sustituido por otro de "color blanco que el del fondo de la pancarta, cruzado por un grueso trazo de color rojo, simbología que fue también expuesta al mismo tiempo en otras sedes públicas dependientes de la Generalitat".

El 21 de marzo, la JEC ordenó retirar todos “los símbolos partidistas en cualquier de los edificios públicos dependientes de la Comunidad Autónoma”, sin que por el mismo se impulsara ni se controlara su ejecución, de manera que al día de la fecha los símbolos seguían en los mismos lugares o había sido sustituidos “por otros con idéntico significado partidista,

La JEC exigió a los Mossos quitar toda la parafernalia independentista, una orden que se cumplió a primeras horas de la tarde del 22 de marzo.

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