Elecciones generales 2019 ERC pide a la Junta Electoral que se expulse a Vox del juicio del 'procés' durante la campaña

El partido independentista argumenta su decisión en que el juicio tiene un alto interés mediático y que por tanto Vox gozaría de una ventaja respecto al resto de candidaturas

Los abogados de VOX que ejercen la acusación popular en el juicio del procés
Los abogados de VOX que ejercen la acusación popular en el juicio del procés

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en la que pide que inste al Tribunal Supremo a que expulse a Vox del juicio del procés durante el tiempo que dura la campaña electoral. El partido que dirige Santiago Abascal ejerce como acusación particular en el proceso que se sigue en el alto tribunal.

El partido independentista argumenta su decisión en que el juicio tiene un alto interés mediático y que por tanto Vox gozaría de una ventaja respecto al resto de candidaturas a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Por ello pide que se suspendan las declaraciones de los testigos y que no se permita a esta formación seguir ejerciendo la acusación esas dos semanas.

"Solicita que se requiera al Tribunal Supremo la suspensión de las declaraciones de los testigos, coincidentes con el periodo de campaña electoral, así como que se inste al Tribunal Supremo para que la formación política VOX no pueda actuar como acusación popular en la causa durante todo el periodo de campaña electoral", dice el escrito.

Fuentes jurídicas explican a este periódico que la pretensión del tribunal que preside Manuel Marchena no ha sido nunca la de suspender el juicio durante la campaña electoral, si bien recuerdan que es una posibilidad que legalmente tiene cabida.

En cualquier caso, la solicitud de ERC aún debe pasar por la Junta Electoral Central (JEC), que esta semana ya consultó al Alto Tribunal acerca de la petición del acusado Jordi Sànchez de poder celebrar un debate desde prisión. El Supremo contestó que no era competente y la Fiscalía se opuso a la iniciativa alegando que los presos que luego fueron incluidos por sus partidos en listas electorales no pueden ahora participar en la campaña, aunque sí votar o ser elegidos.

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