Cataluña

El concurso de ICV: ¿cómo es posible que un partido político entre en insolvencia?

ICV ha entrado oficialmente en concurso de acreedores tras ser publicado el auto en el Boletín Oficial del Estado. La formación ecosocialista tiene una deuda de 9,2 millones y unos activos rondan esa cifra

Joan Herrera
Joan Herrera EFE

Es inusual que un partido político entre en situación de insolvencia que derive en concurso de acreedores. Pero en Cataluña no faltan casos. ICV ha sido la última formación en pasar por esta grave situación económica, aunque no tiene ninguna deuda con Hacienda ni con la Seguridad Social, sí tiene a sus espaldas una losa de 9,2 millones de euros, mientras los activos, consistentes en 26 sedes, apenas superan los ocho millones.

"La ley concursal se aplica sin excepciones a empresas y un partido político entra en esta definición", explica Alejandro Falcon, administrador concursal. La situación de ICV se debe a la "falta de liquidez" para poder hacer frente a los gastos corrientes, incluso si se da la circunstancia de que el valor de los activos fuera superior a la deuda.

Esta falta de efectivo hace entrar en una grave situación de tesorería, y por tanto tensión con los proveedores. "Para evitar cualquier ejecución por parte de uno de los acreedores, ICV ha realizado un concurso voluntario", una forma de "dar la cara legalmente" ante los bancos.

A partir de ahora, se abre un período para alcanzar un acuerdo con los acreedores, que podría pasar por una "quita de deuda" o bien "una espera" para cobrar lo adeudado. En la situación de la formación ecosocialista, se pretenderá vender los activos para poder sacar el mejor precio posible y hacer frente a la deuda o al menos parte de ella. "El montante que se deje de cubrir se convertirá en pérdidas para los acreedores", ha señalado. "Se aplica así la ley concursal, sin excepciones", ha puntualizado.

Cotejar todos los datos aportados por ICV

Ahora, la administración concursal, en manos de Trinitat Roig Farran, según ha designado Rafael Huerta García, letrado del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona, verificará que "la lista de acreedores aportada por ICV es correcta". En algunos casos, las empresas, por desconocimiento, olvidan incluir en el listado a determinados acreedores, que después aparecen. "Este es el trabajo que debe hacer ahora el administrador", ha señalado. "Se debe verificar que todos los documentos son verídicos", ha indicado. 

Roig Farran deberá detectar e informar al juez sobre posibles irregularidades o actuaciones negligentes que se hayan podido dar en el seno interno del partido

Una vez examinados todos los números (deuda, activos, acreedores y deudores, así como la memoria, contrastar caídas de ingresos y los gastos, entre otros), la administración concursal determinará si hay o no viabilidad. En el caso de ICV, la intención es liquidar el partido.

Roig Farran deberá detectar e informar al juez sobre posibles irregularidades o actuaciones negligentes que se hayan podido dar en el seno interno del partido. En caso contrario, se determinará un concurso por "causas objetivas". De esta forma, podría ser declarado incluso "fortuito", por tanto la única solución pasaría por "vender" las sedes una vez se haya estipulado el precio. La administradora concursal deberá dar cuenta al Ministerio Fiscal de todos los informes para que también verifique los números. 

La grave crisis de liquidez de ICV

La deuda con los bancos alcanzaba los 10,1 millones en 2010, cifra que se ha rebajado hasta los 9,2 millones en la entrada del concurso. El patrimonio de ICV, que llegó a estar en la Generalitat durante dos legislaturas, entre 2003 y 2010, alcanzaba en ese año los 13,7 millones, frente a los 8,9 millones que presentó a finales de 2017. Ahora se estipula un patrimonio cercano a los 8,2 millones de euros.

El problema de ICV se debe al cambio de sede. En 2010 dejó el inmueble de la calle Ciutat de Barcelona tras 33 años, para situar la nueva en un edificio del Passatge del Rellotge. La compra del inmueble conllevó una hipoteca y es principalmente la deuda que debe el partido. En el concurso ha entrado esta sede y otras 25 repartidas por toda Cataluña.

Desde 2010, la presencia de ICV en el Parlamento autonómico fue a más. Su mejor resultado electoral se dio en 2012, 13 diputados, una fuerte vía de ingresos y subvenciones, hasta totalizar 1,2 millones anuales entre 2013 y 2014. En 2015, la cifra se rebajó a los 1,08 millones, más los 500.000 euros que percibía del Estado.

El 21-D la formación cambia las siglas y se acuerda que los ingresos pasarán a esta nueva formación. Fue con esta pérdida de ingresos por los cuales ICV comenzó a tener problemas de tesorería

A partir de ese año, ICV pactó su fusión con Cataluña Sí Que Es Pot, formación dirigida por Lluís Rabell. En esos comicios obtuvieron 11 diputados, de los que ICV obtuvo cuatro. Los ingresos bajaron cerca de un 60%, hasta los 572.300 euros, incrementándose la aportación del Estado entre 2015 y 2016 hasta más de 800.000 euros.

El cambio más perjudicial fue en las elecciones autonómicas de 2017. El 21-D la formación cambia las siglas y se acuerda que los ingresos pasarán a esta nueva formación. Fue entonces, con esta pérdida de ingresos, por los cuales ICV comenzó a tener problemas de tesorería importantes.

Oficialmente, se negaba la posibilidad de entrar en concurso. La formación trataba de ganar tiempo de cara a las elecciones generales y autonómicas del 2019 y no ha sido hasta después del pacto con Ada Colau y el PSC para dar a conocer oficialmente la situación.

ICV tiene tras este año electoral un diputado en el Congreso dentro del grupo político de Unidas Podemos, y otro en el Parlamento Europeo. A ellos se suman 358 concejales en Cataluña

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