Bartolomé Lora, como vicepresidente de la SEPI, alto cargo nombrado por el Gobierno, lidera el Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas -constituido a finales de julio del pasado año- para "resolver las solicitudes de ayuda temporal que procedan de las compañías no financieras afectadas por la pandemia del Covid-19".
Su decisión más polémica, hasta ahora, ha sido elevar al Consejo de Ministros la autorización para aprobar los 53 millones de ayuda a Plus Ultra, la aerolínea con capital venezolano, con un solo avión, pero "estratégica" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un escándalo desvelado por Vozpópuli.
Sin embargo, este Buscón está seguro de que Lora tiene las espaldas bien cubiertas -al menos económicamente- para aguantar el vendaval de la polémica: Lora tiene el segundo mejor sueldo público del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y se embolsa la friolera de 221.867,52 euros al año. Solo los 546.000 euros que ganará Beatriz Corredor, la exministra socialista al frente de la empresa pública Red Eléctrica, le superan.
El vicepresidente de la SEPI cobra casi el triple que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende, que tiene que "conformarse" con 80.375,22 euros al año. En todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez (que gana 84.845,16 euros) no hay nadie más -salvo Corredor- que cobre tanto salario como Lora (solo 8 embajadores le superan al compensar su destino con dietas por lejanía, peligrosidad, etc).
Los sueldos de la SEPI
El ránking de los sueldos públicos superiores a 200.000 euros está encabezado por presidentes de empresas de la SEPI, nombrados a dedo. El presidente de Loterías, Jesús Huerta, se embolsa el tercer 'Gordo' de la administración con 213.853,65 euros al año. Le sigue David Gomila -presidente de ENSA, fabricante de componentes nucleares- con 212.029 euros.
El ránking de los sueldos públicos superiores a 200.000 euros está encabezado por presidentes de empresas de la SEPI, nombrados a dedo, y el de la Corporación RTVE
Después, con 209.576 estaría el presidente del Grupo ENUSA, la empresa pública del uranio. José Vicente Berlanga, un filósofo con escasa relación con el sector nombrado por PSOE y Podemos, causó gran revuelo. Cierra la relación de los "doscientosmileuristas" Juan Manuel Serrano, el histórico fontanero socialista de Moncloa, enviado a presidir Correos por 200.126 euros para dejar sitio en Moncloa a Iván Redondo.
Desde esta semana, el nuevo presidente de la corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, presumirá de ingresar en el club con un sueldo de 205.613,48 euros.
En el propio Ministerio de Hacienda se acercan a los 200.000 euros de sueldo el delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona, el político socialista Pere Navarro, con 168.202,58 euros; la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Lidia Sánchez Milán, con un sueldo de 150.540 euros; y el delegado Especial del Estado del Consorcio en la Zona Franca de Vigo, David Regades, con 138.995,08 euros.
Otra miembro del Consejo que avaló el rescate
Y muy cerca aparece también otra de los integrantes del Consejo Gestor de la SEPI que recomendó el rescate de Air Plus Ultra al Consejo de Ministros: la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, se lleva un sueldo de 129.631.84 euros al año. Eso sí, es funcionaria y lo consigue gracias, entre otras cosas, a sus 11 trienios de antigüedad.
Junto a Bartolomé Lora y a Pilar Paneque, forman parte del Consejo Gestor de la SEPI encargado de recomendar las ayudas de rescate a las empresas, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; el secretario general de Industria, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el secretario general y del Consejo y director de Asuntos Juríricos de la SEPI, Javier Loriente.
Ellos son los encargados de gestionar el fondo de apoyo a la solvencia de las empresas que nació dotado con 10.000 millones de euros. Air Plus Ultra, como el resto de empresas beneficiadas, está obligada a publicar en sus portales corporativos información sobre el uso dado a la ayuda recibida, en el plazo máximo de un año desde su concesión.
