Publicado: 29/01/2016 04:00
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a varios testaferros de José María Ruiz Mateos a dos años de prisión menor por delitos contra la Hacienda pública y al pago de 7,6 millones de euros, la cantidad defraudada por un grupo de compañías del empresario. También se sentencia a cinco meses de arresto a Joaquín Yvancos Muñiz, que fue abogado durante muchos años de Ruiz Mateos.
En concreto, se condena a Adolfo José de Martitegui Cáceres, Antonio Carralón, José Antonio Hurtado y José Patón a dos años. Hay otras penas de dos años a José Antonio Hurtado y María Teresa Gárate Rubio y a pagar la cantidad defraudada de 63.116 euros. El fiscal calificó los hechos que cometieron estos colaboradores de Ruiz-Mateos como delitos contra la Hacienda Pública.
El fiscal calificó los hechos que cometieron estos colaboradores de Ruiz-Mateos como delitos contra la Hacienda Pública
En el primero de estos hechos, la sentencia señala que la sociedad Estacionamientos Urbanos (EUSA) vendió a Aparcamientos y Construcciones las concesiones de la calle Montalbán, Plaza de España y Felipe II de Madrid por 29,4 millones de euros. Los administradores en la declaración del impuesto de sociedades del año 1993, "guiados por el propósito de un ahorro fiscal ilícito, compensaron los ingresos con unos gastos financieros ficticios de 5,4 millones de euros" dejando de ingresar a Hacienda 7,6 millones de euros. La decisión y la ejecución de los actos para defraudar a Hacienda fue llevaba a cabo por José Patón, Antonio Corralón y José Antonio Hurtado bajo la dirección del fallecido José María Ruiz Mateos, y Adolfo José de Martitegui, según señala el fallo.
En otra sociedad, la Fundación Santoña, José Patón y José Antonio Hurtado como patrones, Antonio Corralón y José Antonio Saldaña, como apoderados, presentaron una declaración del impuesto de sociedades negativa de 344 euros. Llegaron a esta cifra, según el fiscal y la Abogacía del Estado, tras haber contabilizado como gastos un total de 995.421 euros por servicios y suministros simulados y nunca prestados por varias sociedades. Por estas maniobras la Hacienda Publica dejó de ingresar 334.276 millones de euros.
La sociedad Colio vendió, en otra de las operaciones, a Gestiones y Desarrollos Patrimoniales por 2,8 millones de euros unos inmuebles que habían adquirido a Filmayer y Uninter Leasing por 1,04 millones de euros. Dejaron de presentar la declaración por el impuesto de sociedades de 1994 por 643.117 euros.
Otra sociedad, Inmobiliaria Torremuelle, suscribió una ampliación de capital con aportación de fincas de Donona en 871.000 euros. Torremuelle debió repercutir 266.662 euros de IVA y no lo hizo. El administrador era Miguel Ángel Pérez, a quien le sucede José Antonio Hurtado García, mientras que el apoderado era Antonio Carralón.
En otra de la operaciones, el tribunal señala que Donona vendió a Ciobasa y Vallehermoso fincas por 1,8 millones euros. Se dieron datos inexactos sobre el IVA para "ahorrarse" 138.311 euros. La administradora única de Donona era Pilar García Moreno y, en 1994, Joaquín Yvancos Muñiz fue el gestor de esa sociedad incumpliendo sus obligaciones fiscales.
La propia Sala dice en la sentencia que el procedimiento se inició en el año 1999 sin que la complejidad del mismo justifique su enjuiciamiento en el año 2015, pero matiza que no ha prescrito. La Sala señala además que la conducta delictiva de los condenados consistía en defraudar y causar un perjuicio patrimonial a Hacienda valiéndose de cualquier engaño para eludir el pago de impuestos.
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