Ya suenan nombres de ‘consenso’ para presidir el nuevo Ifema

Ifema, una de las empresas claves para el desarrollo de Madrid, busca nuevo presidente de su comité ejecutivo tras la salida de José María Álvarez del Manzano y Luis Eduardo Cortés. En las próximas semanas abandonará la institución ferial Fermín Lucas, el actual director general.  Los nuevos estatutos han entrado en vigor hace algunos días tras su aprobación formal por la junta rectora y los socios, que son el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, Cámara de Comercio, y Fundación Montemadrid.

Todos los socios están de acuerdo en despolitizar la gestión. El presidente del comité ejecutivo será una persona “independiente”, de consenso. En principio ya hay un candidato. Se trata de Clemente González Soler, presidente, fundador y propietario de Alucoil. Esta sociedad es una empresa familiar, creada en 1996, que tiene presencia en sesenta países de cuatro continentes y una gran capacidad de innovación en el sector del aluminio, transporte y energías renovables. Este cargo, a diferencia de la fase anterior, tendrá carácter representativo, no ejecutivo. No cobrará y cortará muchas cintas de inauguraciones de ferias.

Ahora se está cerrando la contratación del director general, el hombre o mujer clave, que será el que tendrá todo el poder ejecutivo y que ha sido buscado en colaboración con una empresa de cazatalentos. Los políticos desaparecen de estos cargos, pero continúan en los órganos de Gobierno. En la actualidad el presidente de la Junta Rectora (el cargo es rotatorio) es Luis Cueto, hombre de confianza de la alcaldesa Manuela Carmena. Las vicepresidencias las ocupan Cristina Cifuentes y José Guirao. En estos cargos no se cobrará un euro.

El nuevo Ifema se abre a la celebración de conciertos, competiciones o representaciones que redunden en beneficio del comercio, la industria y los servicios. Sin embargo, “seguirán primando las actividades feriales propiamente dichas, que también podrán tener un formato virtual”, según los nuevos estatutos. Los estatutos imponen un estricto régimen de incompatibilidades en la toma de decisiones. También hay instrumentos de apoyo a la gestión y supervisión como un Comité de Auditoría y del Servicio de Control Interno. Se reforzará el control económico financiero y de contratación para exigir que los empleados sean reconocidos profesionales y no ‘enchufaos’ del partido, o partidos, que dominen.