Publicado: 02/10/2021 04:45
Actualizado: 02/10/2021 11:39
La industria de la música en vivo encara la nueva temporada con incertidumbre. A día de hoy, nadie sabe cuándo se recuperará la actividad y el rendimiento de antaño en el circuito de salas: aforos completos, acceso sin restricciones, programación nacional e internacional… Entre otras razones, porque aún nadie puede cuantificar cuántos locales y promotores habrán sobrevivido a la pandemia y cuántos habrán caído por el camino. Lo que parece evidente es que la salvación del sector del directo que iban a suponer los tres macroconciertos piloto celebrados en Cataluña en julio no se ha concretado. No solo eso: su catastrófico balance de contagios sigue siendo un tema espinoso sobre el que los responsables más directamente implicados desearían correr un tupido velo.
Sin embargo, las auxiliares de enfermería que realizaron los tests de antígenos en los tres macrofestivales no quieren olvidar. La semana pasada registraron una denuncia en el departamento de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que el Ministerio de Trabajo inicie una investigación sobre las irregularidades que se produjeron en los festivales Vida, Canet Rock y Cruïlla. La empresa a investigar es Enfersalus, la encargada de aportar los casi 700 trabajadores sanitarios a los tres macrofestivales catalanes y a la que señalan como la responsable directa de incontables negligencias. El escrito de demanda incluye una larga lista de incidencias a investigar entre las que destacan la falta de “protocolos y guías de actuación”, las “altas y bajas en la Seguridad Social presentadas fuera de plazo”, una falta “de recursos, infraestructura, material y tiempo de descanso para desarrollar el trabajo en condiciones”, así como haberles hecho renunciar por escrito a un reconocimiento médico.
Las trabajadoras sanitarias, perplejas ante el silencio y la inacción de la administración, se han organizado para reclamar justicia mientras siguen aportando ejemplos de la dejadez que reinó en aquellos tres eventos. “Mi compañera sacó un positivo y solo se llevaron a la persona positiva, pero a sus amigos los dejaron entrar, cuando también les tendrían que haber negado la entrada. Y así se estuvo haciendo todo el festival”, denuncia una auxiliar que trabajó en el Vida. “El segundo día nos decían: ‘un minuto (para que el test haga efecto) y les dais el resultado’. Pero en un minuto no podía salir el resultado”, añade otra auxiliar del Vida. La presión para que el público entrase lo antes posible al recinto y reducir así las colas fue minando la fiabilidad del cribaje. “Como no podíamos esperar los 15 minutos (necesarios para que el resultado del test sea fiable), los dejábamos en la mesa un rato. Una chica que dio negativo al principio, media hora después daba positivo. Y aunque desde las mesas se llamaba a esas personas, como ellas ya sabían por qué se las llamaba, no cogían el móvil”, explica una enfermera que trabajó en Canet Rock. El protocolo establecía que no podían quedarse en el festival, pero circularon por el recinto toda la noche.
Viaje a Bruselas
Las irregularidades y faltas de control fueron múltiples. Han quedado relatadas en reportajes anteriores: ausencia de distancia en las colas, público sin mascarillas, grupos de diez personas contagiados, falta de batas para cambiarse tras detectar positivos, guantes defectuosos, acumulación de residuos contagiosos, horarios interminables, calor inhumana… El resultado de tamaño desbarajuste organizativo quedó cuantificado en el informe de balance que publicó el Departamento de Salut de la Generalitat días después. Las cifras fueron concluyentes. El 4’6% del público de los tres festivales (exactamente 2.279 personas) contrajo la covid. Eso suponía 842 personas contagiadas más que si no se hubiesen celebrado los festivales. Es decir, hubo un 58% más de contagios de los registrados entre una muestra de población que no acudió a los festivales.
El mismo día que las auxiliares presentaban su demanda, los directores de Cruïlla y Canet Rock viajaban a Bruselas para compartir sus experiencias ante un grupo de empresarios
Lejos de encajar el balance, el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, denunció que las cifras no eran “ni rigurosas ni fiables”. Incluso anunció que realizaría una encuesta por email entre su público para contraponerla al informe de la Generalitat. Dos meses después, aún no se ha hecho público el resultado de la encuesta. Dani Poveda, el director del Vida, asumía con bastante más humildad que la variante Delta les cogió “por sorpresa”. Y la directora de Canet Rock Gemma Recoder lamentaba en el diario Ara “no haber podido crear un espacio 100% seguro”. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, señaló en una entrevista al ‘Diario.es’ que, al menos en el festival Vida, no funcionó el sistema de cribado. El enfrentamiento entre festivales y el Departamento de Salud, aliados hasta pocos días antes, quedó escenificado a principios de agosto, pero días después, todo quedó olvidado. Había que pasar página y pensar en 2022.
El pasado 22 de septiembre, el mismo día que las auxiliares presentaban su demanda en Inspección de Trabajo, los directores de los festivales Cruïlla y Canet Rock viajaban a Bruselas para compartir sus pioneras experiencias ante un grupo de empresarios musicales y autoridades culturales de la región de Valonia con el apoyo de la Delegación del Gobierno Catalán en la Unión Europea. Herreruela, además, aterrizaba con la inyección extra de confianza que suponía haber sido elegido por ‘Pollstar’, publicación estadounidense de la industria de la música en vivo, como uno de los 20 ejecutivos europeos del gremio más importantes de 2021. Cabe suponer que entre la información expuesta en Bélgica no estaba la cifra de contagios que arrojó el Departamento de Salud de la Generalitat. Ahora ya solo hay que mirar hacia el futuro. Lo que pasó pasó.
El año del doble o nada
La consigna actual en el lobby festivalero es garantizar que 2022 será el año de la reactivación definitiva. Y una reactivación definitiva implica volver a todo trapo y con la máxima capacidad. A algunos festivales, como el Primavera Sound, ya no les vale llenar su recinto: necesitan el doble de público y por eso plantean una edición mastodóntica de diez días (y dos fines de semana) con la intención de sumar 500 conciertos y 400.000 espectadores. Un doble o nada en toda regla, aunque ahora mismo nadie pueda garantizar que dentro de solo ocho meses se vaya a producir un desembarco de público extranjero como el de antes de la pandemia. Y una circulación totalmente fluida de artistas internacionales.
La desesperación de las salas es máxima: aquí lo único importante es que en verano tengamos festivales
A corto plazo, lo único seguro es la celebración, el próximo fin de semana, en Murcia, del festival Warm Up. Será el primero de este otoño en el que el público podrá estar de pie y sin distancia social. Será obligatorio el uso de mascarilla y presentar un test de antígenos negativo realizado durante las 24 horas anteriores al evento en los puntos oficiales (puntos que aún no se han anunciado). A diferencia de los festivales catalanes de julio, esta vez será requisito imprescindible presentar un ‘pasaporte Covid’ con la pauta completa de vacunación. El Warm Up acogerá a un máximo de cinco mil espectadores en cada una de sus cuatro jornadas (del 8 al 11 de octubre) y habilitará dos zonas diferenciadas: una para ver los conciertos de pie, con mascarilla y sin posibilidad de consumir y otra zona de restauración en la que el público podrá ir sin mascarilla y comer y beber sentado en mesas y respetando las distancias de seguridad.
Una vez más, da la sensación de que en España es más fácil organizar eventos de gran formato (con sus inyecciones de patrocinios, sus apoyos institucionales y sus medios colaboradores) que reactivar el circuito de base, el de proximidad, ese que alimenta de música a ciudadanos de toda la geografía mediante espacios y eventos de pequeño-medio formato y mucho más accesibles al bolsillo. Decenas de salas y promotores siguen trabajando con aforos ridículos o, peor aún, sin poder trabajar. La desesperación es máxima porque planea la sensación de que aquí lo importante es que en verano tengamos festivales. Y que los pequeños espacios, los que precisamente sí han demostrado ser epidemiológicamente seguros incluso en las épocas en que los índices de contagio eran más altos que hoy, son un asunto menor que ya habrá tiempo de abordar.
Arranca octubre con tímidos avances: en las comunidades de Castilla y León, Navarra y Castilla-La Mancha este es el primer fin de semana en que las salas recuperan su aforo normal, el primero, también, en que el público podrá asistir de pie a los conciertos (aún con mascarilla, eso sí). En la Comunidad de Madrid, las restricciones de aforo expiran el lunes; no así las de bailar en espacios cerrados o consumir de pie. En la Comunidad Valenciana y el País Vasco, en cambio, se mantienen un tiempo más las restricciones de aforo. También en Catalunya, curiosamente, la única comunidad que este verano autorizó los macrofestivales. Todas y cada una de estas decisiones son políticas culturales.
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