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Piden siete años de cárcel a un acusado de besar a una mujer y a una niña de cuatro años en Pontevedra

El acusado será juzgado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo

Audiencia provincial de Pontevedra
Audiencia provincial de Pontevedra GM

La Fiscalía pide penas que suman siete años y medio de cárcel para un hombre acusado de dos delitos de abusos sexuales, por intentar besar a una mujer y a una niña durante la celebración de la fiesta de la Arribada en Baiona (Pontevedra).

El acusado, R.A., será juzgado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Los hechos se remontan a marzo del 2018 cuando el acusado, que tiene antecedentes por abusos sexuales, se acercó a una mujer, la agarró fuertemente por la cintura, y le sujetó la cara, al tiempo que se acercaba para besarla. La mujer se resistió y logró zafarse, ayudada por varias personas que la acompañaban.

Intento de beso a una niña de cuatro años

Horas más tarde, también durante la celebración de la Arribada, el acusado se acercó a una niña de cuatro años que se encontraba con sus padres en un local de Baiona con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales. Se acercó a ella en varias ocasiones, molestándola e intentando darle de comer, pese a la negativa de sus padres.

En un momento de determinado, la agarró por los hombros desde atrás y se acercó a su cara con la intención de besarla en la boca, "asustando gravemente" a la niña, ante lo que tuvieron que intervenir los progenitores para alejarlo.

Por estos hechos, y teniendo en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia, la Fiscalía pide que se le condene, por un delito de abusos, a dos años y medio de cárcel, a la medida de libertad vigilada durante tres años -una vez cumplida la pena de prisión-- y se le imponga la realización de programas formativos de reeducación sexual.

Por el segundo delito de abusos sexuales, pide la pena de cinco años de cárcel, libertad vigilada durante 8 años tras la salida de prisión, y la obligación de participar en programas de reeducación sexual.

Además, el ministerio público reclama que indemnice en 500 euros a cada una de las víctimas.

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