Pobreza energética

Verdades y mentiras sobre la pobreza energética

El caso de la mujer fallecida en Reus reaviva el debate sobre una nueva forma de exclusión social que afecta sobe todo a las personas dependientes y familias con pocos recursos.

Unos 4 millones de personas sufren la pobreza energética en España.
Unos 4 millones de personas sufren la pobreza energética en España. EFE

El caso de la mujer de 81 años que murió en Reus durante un incendio causado por una vela con la que se alumbraba por tener cortado el suministro eléctrico ha provocado una fuerte sacudida social que ha colocado a la pobreza energética y a sus víctimas en el foco mediático. Los ancianos, las personas dependientes y las familias con menos recursos son las más amenazadas por esta nueva lacra.

La legislación española obliga a las compañías de servicios básicos (luz, agua y gas) a que informen a los servicios sociales de que van a cortar el servicio en una vivienda por falta de pago. No obstante, Rosa, la víctima de Reus, pasó los dos últimos meses de su vida a oscuras.  

Precisamente, la familia de la anciana ha denunciado la "descoordinación" de los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus y se ha quejado de la existencia de muchos personalismos. "Hay mucha gente muy burócrata y con falta de empatía y sensibilidad", ha declarado la abogada de los familiares.

En el plano político, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene ante sí el reto de afrontar un cambio radical en las políticas energéticas desarrolladas por el PP en los últimos años con el fin de garantizar los derechos de los consumidores más vulnerables. Quizá ha llegado el momento de que la Administración central tome conciencia real del problema y proponga un ambicioso plan contra la pobreza energética.

Las autoridades comunitarias aprobaron en 2009 varias directivas que exigían a los gobiernos nacionales que aprobaran planes específicos que paliaran esta nueva forma de exclusión social. Sin embargo, de los 28 países de la Unión Europea, sólo 17 han adoptado iniciativas legislativas. 

Se han adoptado iniciativas aisladas, eso sí, como el caso del bono social en España, que otorgaba a sus beneficiarios importantes descuentos sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). No obstante, se daba la paradoja de que, aun cobrando un salario de un millón de euros al año, era posible acogerse al bono social si se tenían tres hijos o más y la potencia contratada era inferior a los 10 kilovatios.

Este tipo de medidas no han dado los frutos deseados e incluso la justicia se ha mostrado en contra. Recientemente, el Tribunal Supremo declaraba inaplicable el régimen de financiación del bono social, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por EON España y Endesa, y reconoció el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del Real Decreto de 2014.

Las tres principales empresas eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, han ganado un total de 4.277 millones de euros en los nueve primeros meses del año

¿Se puede pedir mayor implicación a las compañías eléctricas en la lucha contra la pobreza energética? ¿Es más una cuestión de carácter político y de acierto de los gobernantes? Según datos proporcionados por FACUA-Consumidores en Acción, las tres principales empresas españolas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, han ganado un total de 4.277 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que significa un 1,3 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

De las tres, Iberdrola registró el mayor beneficio, con un total de 2.041,7 millones de euros y un incremento del 6,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2015. Por su parte, Endesa obtuvo un beneficio de 1.305 millones de euros, un 8,2 por ciento más con respecto a las ganancias de 1.206 millones de euros de los nueve primeros meses del año pasado.

Gas Natural Fenosa logró unas ganancias netas de 930 millones de euros, con un descenso del 15 por ciento en su beneficio. No obstante, considerando la venta de su participación del 20 por ciento en GNL Quintero (Chile) a Enagás, que supondrá una plusvalía neta de 50 millones de euros, la caída del beneficio neto sería del 10,4 por ciento, siempre según la estadística manejada por FACUA.

La asociación de consumidores denuncia igualmente que las constantes subidas en el recibo de la luz, que han alcanzado el 24,6 por ciento en los últimos seis meses, perjudican gravemente a las familias más humildes, sin que el Gobierno tome medidas para invertir la tendencia.

La pobreza energética se ha visto agravada en los últimos años por la crisis económica y el espectacular aumento de las tarifas de los suministros

Según revelan algunos estudios, en el caso de España el preocupante fenómeno de la pobreza energética se ha visto agravado en los últimos años por la crisis económica, el espectacular aumento del precio del suministro y la imposibilidad de efectuar reformas en las viviendas para combatir mejor las bajas temperaturas.

En concreto, un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), con datos actualizados hasta 2012, pone de relieve que nueve de cada diez hogares españoles no pueden mantener la temperatura recomendada en los meses de invierno (entre 18 y 21 grados), lo que significa que más de cuatro millones de personas pasan frío.

Otra organización que se ha sumado al debate sobre las consecuencias de la pobreza energética ha sido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, Abel Caballero, ha exigido al Gobierno que “legisle de inmediato”  para que bajo ningún concepto se retire el suministro energético a familias en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago de las facturas.

Caballero se ha comprometido a que los ayuntamientos españoles informen al Ejecutivo sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no puedan pagar los suministros energéticos para que puedan mantener unas condiciones de vida dignas. "Desde los ayuntamientos”, ha anunciado el presidente de la FEMP, “ofrecemos nuestra cooperación para resolver este enorme problema, pero es el Gobierno de España el que debe actuar, y de forma inmediata".

El caso de la anciana fallecida en Reus ha encendido todas las alarmas ante una nueva forma de exclusión social que se suma a otras formas más clásicas de pobreza, como la de las personas “sin techo” y las que pasan hambre. Distintos sectores reclaman al Gobierno un esfuerzo para adoptar medidas eficaces que sirvan para atajar un problema cada vez más preocupante para la ciudadanía.


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