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El PP avisa: las empresas que colaboren con el referéndum tendrán "graves problemas"

El departamento de Gobernación Gobernación publicará en el DOGC una convocatoria para la adquisición 8.000 urnas, y las empresas interesadas dispondrán de quince días para presentar sus candidaturas.

El líder del PPC, Xavier García Albiol.
El líder del PPC, Xavier García Albiol. EFE

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha avisado hoy a empresas, funcionarios y particulares que tendrán "graves problemas con la justicia" si colaboran con la preparación de un referéndum, además de que a la Generalitat le caerá encima "todo el peso de la ley".

El Departamento de Gobernación de la Generalitat tiene previsto licitar en breve la adquisición de 8.000 urnas destinadas al referéndum soberanista que el Gobierno catalán pretende celebrar en septiembre próximo, según fuentes del Govern.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, han alcanzado un acuerdo para que el departamento de Gobernación publique en breve en el Diario Oficial de la Generalitat una convocatoria pública para la adquisición de estas 8.000 urnas. Tras la publicación en el DOGC de la convocatoria, las empresas interesadas dispondrán de quince días para presentar sus candidaturas.

En rueda de prensa en la sede del PPC, Albiol ha ironizado con que se trata del nuevo "anuncio del anuncio de la convocatoria de un posible concurso para comprar urnas", algo que ha comparado con "ir a un concesionario y comprarse un coche sin tener carné de conducir".

"Te venderán el coche pero no podrás salir conduciendo porque lo que estarías haciendo es saltarte la legalidad. Y si conduces sin carné, te caerá encima todo el peso de la ley. Se pueden comprar o no urnas, pero no permitirán a la Generalitat que se celebre un referéndum de secesión", ha advertido.

En este sentido, el líder popular ha recordado que existe una resolución "muy clara" del Tribunal Constitucional (TC) según la cual "está prohibido cualquier acto que vaya en dirección de crear instrumentos para la celebración de un referéndum. Y esta prohibición -ha subrayado- no va tan solo para los políticos, también va dirigida a funcionarios, empresas y cualquier colectivo".

Así, Albiol ha insistido en que esa prohibición "no solo es para Puigdemont o Junqueras, sino para políticos, funcionarios, empresas o particulares que colaboren activamente en la celebración del referéndum", por lo que "si se llega a producir esa situación, que no quepa duda que van a tener graves problemas con la justicia".

Y ha explicado que el PPC, en caso de llevarse a cabo esa licitación, actuará "de acuerdo al Estado de derecho y la legalidad" y, "si se acaba publicando en el Diario Oficial", su formación "actuará" de acuerdo a sus posibilidades e informará asimismo al Gobierno español para que tome las decisiones oportunas. "Pueden comprar las urnas que quieran, pero no les servirá para el referéndum, porque ahí estará el Gobierno utilizando el Estado de derecho para garantizar que nadie provoca una ruptura", ha señalado.

"Absolutamente legal"

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha defendido este viernes que la decisión del Govern de impulsar un acuerdo marco para homologar a empresas suministradoras de urnas es un ámbito en el que tienen competencias y es "absolutamente legal".

En declaraciones a los periodistas en un acto en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), ha explicado que prevén culminar en junio este acuerdo marco y que las urnas que se licitarán son "para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos".

"Somos competentes en materia de elecciones y consultas, es lógico que queramos disponer de los elementos necesarios para tirar adelante estos procesos", ha sostenido Borràs, y al preguntársele si las utilizarán para celebrar el referéndum, se ha limitado a destacar el compromiso del Govern con este objetivo.

En concreto, quieren encargar 8.200 urnas de metacrilato, más pensadas para procesos electorales, y 4.000 de cartón para procesos participativos, según la consellera. También ha advertido de que no entendería que el Gobierno central intentara impedirlo porque se trata de una actuación "perfectamente legal" que se enmarca dentro de las competencias de la Generalitat.



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