Guerra en Podemos

Errejón quiere atar la manos a Iglesias para que no pueda revocar a díscolos

El documento organizativo presentado por el sector moderado de Podemos para la Asamblea de Vistalegre II deja al secretario general sin esta potestad, puesta en valor estos días por él mismo y por su equipo.

El secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, y la secretaria general en País Vasco, Nagua Alba.
El secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, y la secretaria general en País Vasco, Nagua Alba. EFE

La última propuesta aireada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su equipo 'Podemos para Todas' de cara a la refundación del partido en Vistalegre II ha tenido respuesta por parte de los afines al secretario Político, Íñigo Errejón, en el articulado de su documento organizativo para dicho cónclave. Tanto Iglesias como su jefa de gabinete, Irene Montero, destacaron el pasado viernes que su intención es la de reforzar el mecanismo del revocatorio para no limitarlo únicamente al caso de los cargos internos, como hasta ahora, sino para hacerlo extensivo también a los puestos institucionales.

Sin embargo, el documento elaborado por los errejonistas, agrupados en la corriente 'Recuperar la ilusión', quiere despojar al secretario general de la potestad que ahora ostenta para convocar a las bases al revocatorio de un cargo de Podemos. 

Los estatutos actuales, aprobados en la Asamblea fundacional de octubre de 2014, establecen que el revocatorio vinculante para un "cargo de representación" puede ser convocado por el secretario general, una mayoría absoluta del Consejo Ciudadano estatal, un 20% de los inscritos en la formación morada o un 25% de los Círculos (agrupaciones de base) validados. 

El propósito de los pablistas, en pleno enfrentamiento estratégico con los errejonistas en la antesala de Vistalegre II (del 10 al 12 de febrero), es impulsar el revocatorio de cargos institucionales, esto es, diputados o senadores díscolos, que "no representen la voluntad de los inscritos", afirmó Iglesias el viernes en un acto en la Complutense junto al coordinador de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón.

En la misma línea, Montero afirmó que, aun sabiendo que "jurídicamente el acta sigue siendo individual de cada cargo público", los representantes de Podemos en las instituciones deben comprometerse a que si la militancia entiende que no lo están haciendo bien, puedan someterse a un proceso revocatorio "y tengan que entregar su acta", declaró a La Sexta.

Un 25% de los inscritos

En cambio, la propuesta organizativa del equipo de Errejón, aunque también plantea la posibilidad de que haya procesos revocatorios vinculantes sobre "cargos públicos", deja al secretario general sin esta facultad y señala que sólo podrán ser convocados por "una mayoría cualificada de 2/3 del Consejo Ciudadano autonómico, insular o municipal; un 25% de las personas inscritas en Podemos (un 5% más que lo aprobado en 2014) o un 30% de los Círculos validados en el ámbito territorial del que se trate". 

Además, los errejonistas dicen que toda consulta revocatoria se realizará una vez haya transcurrido la "mitad del mandato del cargo". También rechazan más de un procedimiento revocatorio en cada mandato "para un mismo cargo orgánico". Lo mismo que recogen los Estatutos vigentes. En cuanto a las decisiones de la dirección que pueda ser revocadas por la militancia, el sector moderado precisa que tal consulta sólo se pondrá en marcha tras solicitarlo un 20% del censo activo o un 20% de los Círculos activos. Nunca a instancia del secretario general, como ocurre ahora.

"Desde el primer día"

Por su parte, la tercera corriente en liza, Anticapitalistas, también aboga en su propuesta organizativa por eliminar este poder atribuido al líder de la formación para que sólo se active un revocatorio con "mayoría absoluta del Consejo Ciudadano estatal; un 15% de los inscritos activos, o un 25% de los Círculos activos". Para los trostkistas, se podrá revocar a un cargo de Podemos "desde el primer día de su mandato" y no cruzado el ecuador del mandato, según la normativa actual.



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