Congreso de los Diputados

Primera victoria parlamentaria de Bildu: une a la oposición contra la reapertura de Garoña

PSOE, Podemos, Ciudadanos y los soberanistas pactan una propuesta junto a los abertzales para exigir al Gobierno que ejecute el cierre definitivo e irreversible de la central nuclear de Santa María de Garoña. El PP lamenta que no genere "sospechas" la iniciativa de Bildu.

Hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Hemiciclo del Congreso de los Diputados. EFE

EH Bildu ha cosechado este martes su primera victoria parlamentaria de la legislatura. El pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de su diputado Óscar Matute para reclamar al Gobierno que no reabra la central nuclear de Santa María de Garoña, futurible que avaló el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hace un mes. El CSN emitió el 8 de febrero un dictamen favorable a la reapertura de la central -paralizada desde 2012- bajo ciertas condiciones de seguridad. Ahora, está en manos del Ministerio de Energía decidir si vuelve a ponerse en marcha desarrollando este permiso, válido hasta 2031 y contra el que se levanta toda la oposición. 

Es una "cuestión sangrante", ha proclamado Matute al defender su PNL. Aunque Garoña está en Burgos, ha explicado, un posible accidente en su seno podría afectar "a la población vasca" y él se propone velar por "la salud de los vascos y también de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español". "Se construyó en el franquismo, está obsoleta y debería haber sido cerrada y desmantelada en 2009", ha concluido tras afirmar que "la mayoría social de Euskal Herria está en contra" de que funcione Garoña y "todas" las centrales nucleares.

El texto inicialmente presentado por el Grupo Mixto donde se integra Matute pedía también la dimisión del presidente del CSN, punto que ha retirado para ganarse el apoyo del resto de partidos de la oposición. Ha logrado el aval de todos los diputados salvo los de PP, UPN y Foro Asturias (205 votos a favor, 126 votos en contra) tras la enmienda transaccional que el Mixto ha pactado con PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV. El escrito emplaza a Moncloa a cerrar definitivamente la central "en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN" y pide un plan de reindustrialización en la zona.

Por el Grupo Popular, le ha dado la réplica el portavoz de Energía, Guillermo Mariscal. Ha empezado su intervención celebrando que los abertzales defiendan su postura contraria a las nucleares "en el ámbito democrático, con la palabra" y no "con la violencia, la extorsión y el asesinato como ocurrió con Lemóniz". Y es que ETA desarrolló en los años 70 y 80 una ofensiva contra esta central vizcaína que incluyó el secuestro y asesinato de su ingeniero, José María Ryan.

EH Bildu saca adelante su proposición no de ley sobre Garoña con 205 votos a favor y 126 en contra

Mariscal también ha indicado que una iniciativa de Bildu destinada a "mejorar la vida de los españoles me genera sospechas" y ha lamentado que no le ocurra lo mismo a otros partidos -"veo que al resto no"-. Además, ha asegurado que en el tema de Garoña hay "mucho prejuicio y poco juicio", ha aludido a las decenas de informes técnicos que avalan la reapertura y ha calificado de "irresponsabilidad" y "frivolidad" poner en duda la seguridad del lugar. Este es un tema, ha zanjado, que ha devenido en el "pegamento que permite unirse a todos contra el PP", amén de muestra de lo que considera un "endemismo de la izquierda española": la fobia a la energía nuclear.

El PSOE pide el "desmantelamiento"

La diputada socialista Esther Peña, por su parte, ha reclamado el "cierre y desmantelamiento" inmediato de Garoña, una central que puede llegar a tener "60 años de vida" cuando fue "proyectada para 40". "Opacidad, mentiras y contradicciones" han sido a su juicio la columna vertebral del PP en esta materia, frente a lo cual se erige el PSOE con su demanda de una "programación del desmantelamiento" para poner punto y final definitivo a la central burgalesa.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha dicho sufrir un "deja vù" con este asunto, que ya se ha debatido en varias ocasiones más esta legislatura. Rodríguez considera que Garoña, "gemela de Fukushima", no debe volver a operar y remarca que su paralización no ha influido "absolutamente nada" en el sistema energético porque tenía una producción muy baja. "Ni se le ocurra reabrir esta central y mucho menos sin las medidas" de seguridad que pide el CSN, ha indicado al Gobierno. Fuentes del grupo naranja han apuntado que su apoyo a esta medida se explica porque el texto de Bildu ha sido "cambiado" por otro muy similar al que se aprobó en la Comisión de Energía la semana pasada.

Ciudadanos matiza que su apoyo a la medida se produce después de que el texto de Matute se haya sustituido por otro similar al que aprobó la semana pasada la Comisión de Energía

ERC se ha mostrado "de acuerdo con nuestro ilustre colega Óscar Matute" y respalda la PNL por motivos de seguridad nacional. "Dios nos libre un miniFukushima" en caso de que reabra, ha aseverado el republicano Joan Capdevila. Por Unidos Podemos ha intervenido Juan López de Uralde, quien ha asegurado que Garoña nunca fue "una central segura" y mucho menos lo sería ahora que está "vieja, peligrosa y obsoleta".

El PNV, por último, ha justificado su apoyo a la propuesta e Bildu argumentando que estamos ante "el extraño caso de la nuclear que casi nadie quería reabrir" y sin embargo el Gobierno estudia hacerlo. "Prolongar su vida útil supondría un riesgo inasumible desde el punto de vista de la seguridad", ha advertido la parlamentaria Idoia Sagastizábal.

El pleno de este martes ha aprobado también el inicio de una reforma en el reglamento del Congreso para que el Gobierno tenga que explicar cómo desarrolla los mandatos políticos y no legislativos que aprueba la Cámara, como es precisamente el caso de la PNL sobre Garoña. Las PNL, como las mociones, son acuerdos dirigidos a orientar la gestión del Ejecutivo, pero no de obligatorio cumplimiento. El Parlamento se propone aumentar la fiscalización sobre su seguimiento obligando a Moncloa a que emita informes semestralmente sobre la ejecución de esos mandatos. Todo el hemiciclo, incluido el PP, ha votado a favor de la propuesta. Igualmente, ha sido tomada en consideración una iniciativa legislativa popular del CERMI para modificar el copago de la Ley de Dependencia.


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