FROB y Banco de España: maniobras de distracción

Un día después de que el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional dictara un auto que puede derivar en la apertura de juicio oral contra los antiguos administradores de Novagalicia Banco, a los que acusa del delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, el FROB, cuyo presidente es el subgobernador del Banco de España, anunció con notable ruido mediático el inicio de una investigación en las entidades nacionalizadas sobre 90 operaciones financieras “sospechosas”, añadiendo que desde mayo de 2013 viene realizando estudios para valorar las responsabilidades de sus antiguos administradores en los quebrantos de las mismas. Sin duda es una buena noticia que la justicia se decida a encausar a antiguos administradores de cajas de ahorro, pero en esa recua de encausados se sigue echando de menos a los responsables políticos que no previeron los desmanes y que, después de asumir la propiedad y la gestión de las entidades nacionalizadas, han asistido impertérritos a su degradación hasta convertirlas en una fuente adicional de pérdidas para el contribuyente. Por eso, el celo repentino del FROB suena a excusatio non petita, en previsión de que a la maquinaria judicial se le ocurra avanzar más allá de lo previsto, es decir, por si las moscas.

Entre los españoles con cierta cultura general está muy extendida la opinión según la cual el Banco de España, gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, y la CNMV, presidida por Julio Segura, tienen mucho que ver y más que decir sobre la crisis de las cajas de ahorro españolas, que representaban la mitad del sistema financiero y que terminó provocando la nacionalización de muchas de ellas, así como la petición de un rescate cuyo coste caerá como una losa sobre las espaldas de los españoles a lo largo de generaciones. Semejante hazaña se pretende saldar con el manoseado “no sabe, no contesta” de los organismos implicados, cuyo objetivo principal desde 2009, año de la creación del FROB, ha consistido en echar balones fuera y aprovechar el dominio de dicho organismo, presidido por el subgobernador del Banco de España -primero Aríztegui, mano derecha de MAFO, y ahora Restoy, vicepresidente de la CNMV con Segura-, para eludir responsabilidades. Aparte de ello, se han dedicado a hacer buena la profecía auto cumplida: renegar de la gestión eficaz de las entidades nacionalizadas para depauperar la imagen del servicio público y justificar su entrega rápida al sector privado, asumiendo unas pérdidas ominosas que, en cualquier país normal, exigirían, como mínimo, una investigación parlamentaria. El propio ministro de Economía se niega una y otra vez a evaluar el coste de semejante asunto que, probablemente, se conocerá cuando el interesado disfrute de la canonjía que se está trabajando en el Eurogrupo.

La responsabilidad de los encargados de prevenir la crisis

Con la aparente complacencia del Parlamento y de muchos medios de comunicación, el FROB, que es un instrumento del Banco de España y del Ministerio de Economía, ha conseguido labrarse la imagen de ser una especie de consultor independiente y lejano que observa de forma fría el discurrir de la crisis bancaria española, a sabiendas, o eso parece, de que nadie le va a exigir más explicaciones de las que viene dando en pequeñas dosis. En realidad, su labor principal consiste en desviar el foco de atención hacia determinados gestores de cajas -lo cual está muy bien, dicho sea de paso- y en dejar a buen recaudo a las autoridades que, por acción u omisión, participaron en la crisis y que, una vez estallada, diseñaron operaciones de fusión entre entidades que incrementaron notoriamente los daños de la misma. Por no hablar de las preferentes, estafa que es del dominio público. Ahí está el caso Bankia como paradigma y compendio de todo ello, aunque sobran los casos repartidos por toda la geografía española.

No podemos, por todo ello, conformarnos con el papel de Tancredos, meros portavoces acríticos de las breves notas oficiales que emite el FROB, tras las que se adivina la larga mano del Banco de España y del Ministerio de Economía, y por eso seguimos y seguiremos pidiendo explicaciones serias sobre los orígenes y responsabilidades de la crisis de las cajas de ahorro, y la manera en que se han gestionado las entidades participadas por el Estado. Mientras ello no suceda, la sospecha de la corrupción política seguirá campando a sus anchas, para escarnio del interés general.