Opinión

Cataluña sigue siendo un territorio sin ley

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) y la consellera de Educación, Clara Ponsati (i)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) y la consellera de Educación, Clara Ponsati (i) Efe

“Estimadas familias: Como seguramente saben, mañana miércoles día 8 de noviembre hay convocada una huelga general por parte de alguna de las organizaciones sindicales. Ante este hecho, y como es habitual, les transmitimos las siguientes informaciones:

L’Escola, según las instrucciones del Departament d’Enseyament, estará abierta en servicios mínimos. Estos servicios mínimos no incluyen el transporte escolar ni las actividades fuera del horario lectivo. Si bien garantizamos la custodia de todo el alumnado que venga a la Escuela, no podemos asegurar el funcionamiento ordinario de las clases, ni del servicio de acogida.

Las entrevistas familia-tutor quedan anuladas y cada tutor se pondrá en contacto con las familias afectadas para reprogramarlas. Para cualquier duda que tengan, pueden contactar con secretaria. Atentamente”.

Es el texto, traducido del catalán, de la carta dirigida por un colegio de Badalona al padre de un niño que cursa en dicho centro y que ayer me hizo llegar un amable lector de Vozpópuli con algunas preguntas espantadas, si es que en la Cataluña actual queda algo susceptible de espantar o sorprender a quien de antiguo venga asistiendo al espectáculo de una Comunidad Autónoma convertida, antes y después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en territorio sin ley.

Se trata de un tipo de comunicación estándar, probablemente redactada desde la consejería de Educación, en la que únicamente cambia el nombre y dirección del colegio y el de su director, y que, con ligeras variantes, han recibido los padres de alumnos de todos los colegios públicos y concertados, lo que parece revelar la existencia de una acción coordinada tendente a favorecer la huelga por parte de la Generalidad intervenida a tenor del citado artículo 155. ¿Qué clase de oprobiosa intervención, qué feroz aplastamiento de las libertades es este que permite montar en la enseñanza pública y concertada una huelga general política contra decisiones adoptadas por la Administración de Justicia del Estado, ello por obra y gracia de un fantasmal sindicato de la enseñanza, totalmente vertical por cierto?

El desafío de hoy ha sido convocado por una denominada Confederación Sindical de Catalunya, un pequeño sindicato independentista, claro está, que so capa de protestar contra “la regresión de los derechos sociales y la precariedad laboral en Cataluña”, porque a estos sindicatos nacionalsocialistas solo les interesa la suerte de los trabajadores catalanes, y mayormente de los trabajadores catalanes  independentistas, lo que en realidad pretende es paralizar la región con una huelga general política en protesta por la  aplicación del 155 y la detención preventiva de una parte del Gobierno de Puigdemont. Aunque seguramente ya lo sepan, el secretario general de la tal CSC es Carles Sastre, un viejo militante de la organización terrorista Terra Lliure, condenado en su día a 30 años de cárcel tras haber sido declarado culpable del asesinato del empresario José María Bultó, que falleció tras explotarle una bomba que le fue adosada al pecho. Este es el tipo de angelitos que hoy campa por sus respetos en la Cataluña “ciudad sin ley” envilecida por el nacionalismo totalitario.

La educación como palanca de adoctrinamiento

Es más que probable que la huelga, que cuenta con el apoyo entusiasta de los sospechosos habituales, léase ANC, Òmnium y AMI, tenga un seguimiento muy limitado, entre otras cosas porque CC.OO. y UGT, los sindicatos mayoritarios, le han negado su apoyo, cosa que lógicamente también ha hecho la patronal Foment del Treball e incluso las dos patronales minoritarias Cecot y Pimec. Probablemente el mayor seguimiento vaya a producirse precisamente en la enseñanza, razón por la cual resulta curioso constatar cómo la consejera de d’Enseyament cesada, Clara Ponsatí, hoy prófuga en Bruselas, ha entrado de lleno en el conflicto afirmando en su twitter, desde la capital belga, que no tolerará “acoso judicial a los maestros” y que “la libertad de expresión también es educación”. La educación, vale decir adoctrinamiento, entendida como palanca de alienación por todos los movimientos totalitarios que en el mundo han sido. 

¿Está el Gobierno Rajoy al tanto de lo que hace -aparte de pasear, tomar café y dar ruedas de prensa- la colla de prófugos independentistas huida a Bruselas? Algunas informaciones insinuaban ayer que Puchimón y sus cuatro magníficos podrían estar prestando apoyo activo a esta enloquecida huelga general, como por otra parte parecen indicar los mencionados twitts de la Ponsatí, en cuyo caso podríamos estar hablando de algo más que de los inocentes paseos de unos turistas circunstanciales: estaríamos hablando de unos prófugos de la justicia española, con orden de busca y captura dictada por Interpol, tratando de desestabilizar un Estado de la UE mediante una huelga política fomentada o alentada desde otro Estado miembro de la UE. Un intento de dañar la seguridad de un miembro de la Unión por parte de prófugos de la Justicia acogidos a la protección de otro miembro de la Unión. Algo ciertamente grave. ¿Está haciendo algo al respecto ese genio de la diplomacia mundial apellidado Dastis?

Mientras tanto, todo sigue igual, o casi, en la Cataluña castigada por el cáncer nacionalista. Preguntada ayer en los pasillos del Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pareció muy afectada a la hora de valorar el miserable acto de adoctrinamiento perpetrado por Super 3, el canal infantil de TV3, esa preclara escuela de libertad, que este lunes explicaba a los niños catalanes qué son los presos políticos: “Segurísimo que estos días habéis escuchado a vuestros padres que hablaban de políticos que están en la cárcel, ¿a que sí? Se habla por todos lados, en las radios, en las cafeterías, en las televisiones. ¿Pero qué ha pasado exactamente? Os lo vamos a intentar explicar en tres minutos”, prometía alegre y dicharachera la presentadora del espacio.

Les ahorro la explicación porque se la pueden imaginar. De modo que Soraya se mostró muy dura, durísima, al condenar el episodio, uno más de los muchos que todos los días y a todas horas se producen en Cataluña. Dijo la doña que “La obligación de los directores de los medios es respetar la infancia, eso sí que son derechos humanos” y Puchimón en Bruselas y Junqueras en Estremera aún están temblando de miedo, por favor, señora, conténgase, que le va a dar algo. Por cierto, TV3 y CatRadio siguen con su diaria matraca de desprecio a todo lo español, ello a pesar de que seguimos, magnánimos que somos, pagándoles el sueldo a todos. Y otro sí hacen 8TV y Rac1, los medios audiovisuales del conde de Godó, Grande de España. No hay noticia de que doña Soraya esté haciendo algo al respecto. Por no decir, la virreina catalana no ha dicho esta boca es mía. ¿Está usted haciendo algo, señora, para cambiar situación tan humillante para los españoles de bien? La pura y dura realidad es que el Gobierno sigue desaparecido en Cataluña, sigue sin mandar en Cataluña, sigue sin controlar esa Cataluña convertida en territorio sin ley. Controlan tan poco que hasta les prepara una huelga general –un ejercicio de puro fascio- un sindicato minoritario y en sus propias barbas. Repito: ¿están ustedes  haciendo algo en Cataluña para restaurar la legalidad? Pero, ¿no estaba intervenida la Generalidad?


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