Publicado: 18/12/2012 04:00
El recurso contra las tasas judiciales no sólo acusa al Gobierno de discriminar entre ricos y pobres, algo que deberá valorar la subjetividad del Tribunal Constitucional, sino que, además, plantea una cuestión objetiva al Tribunal: acusa a Gallardón de haber violado los procedimientos legales al no escuchar ninguna alegación a su imposición de tasas durante la fase de elaboración del reglamento.
Según dicta la Ley 50/1997 del Gobierno, el Ejecutivo debe abrir un periodo de consultas a los afectados por sus reglamentos. Según el artículo 24.1.c de esa ley, “al afectar a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos”, el Ejecutivo debería haberles dado “audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles”. Sin embargo, la orden de las tasas se publicó el 27 de noviembre y aunque las consultas deberían haber durado hasta el 18 de diciembre, un día antes ya se procedía a su cobro sin que ni el Consejo General de la Abogacía ni los demás ciudadanos afectados pudieran presentar alegaciones.
Según el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, la ley de tasas judiciales supone, pues, un “quebranto de las libertades civiles al no respetar el plazo necesario de audiencia”. Ese argumento abre la puerta a que todos los ciudadanos puedan recurrir ante el TC por cuanto todos están afectados en su derecho a la legítima defensa.
Un golpe a las clases medias
La cuestión de las formas puede ser clave en un recurso según subrayan fuentes del equipo que ha presentado un recurso que, por lo demás, apela a un argumento de fondo para tildar de inconstitucional la subida de tasas: la ley impone una traba a la tutela judicial efectiva.
La ley golpea a las clases medias: "sólo aquellos que por carencia de medios queden amparados por la Justicia gratuita y aquellos que por su sobra de medios se la puedan pagar" quedan protegidos, afirma
El recurso asegura que la Ley de Tasas crea "graves perjuicios a la clase media" puesto que "sólo aquellos que por su situación de carencia de medios y queden amparados por la Justicia gratuita o aquellos que por su sobra de medios puedan pagar las tasas" quedarán protegidos mientras que las clases medias quedan excluidas de la tutela judicial efectiva. Este primer recurso cita a la doctrina del TC para calificar de "innecesarias, excesivas y carentes de proporcionalidad" unas tasas que contemplan pagos de 200 euros para sanciones de 100.
Justicia planea seguir cobrando esas tasas pese a que el recurso solicita su supensión cautelar.
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