LA POLÉMICA DE LAS CONDECORACIONES

Interior da la medalla 'al valor' (y pensionada) a un mando policial que tuvo que dimitir por un escándalo

La Dirección general de la Policía ha hecho pública este martes la relación de agentes que recibirán con motivo del patrón de la institución la medalla al mérito policial con distintivo rojo. Entre ellos se encuentra Pedro Agudo Novo, que fuera jefe de Gabinete de Ignacio Cosidó y que tuvo que dimitir por el llamado 'caso Interligare' y su relación familiar con una academia que preparaba a agentes. También figuran en la lista de distinguidos tres comisarios generales, entre ellos el principal valedor de Agudo, el jefe de la lucha antiterrorista, Enrique Barón.

Fernández Díaz, en un acto protocolario de la Policía Nacional.
Fernández Díaz, en un acto protocolario de la Policía Nacional. EFE

Se acerca la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, y con ella surge de nuevo la polémica sobre la concesión de las medallas. El Ministerio del Interior ha comunicado hoy oficialmente la relación de agentes que en los próximos días verán reconocida su actividad profesional con las cruces con distintivo blanco y con distintivo rojo. Entre los que recibirán una de estas últimas condecoraciones, las más apreciadas ya que llevan aparejado un incremento salarial vitalicio, se encuentra el inspector jefe Pedro Agudo Novo, quien a finales de 2012 tuvo que dimitir como jefe de Gabiente del director general, Ignacio Cosidó, tras conocerse que su mujer era dueña de una academia que preparaba a aspirantes a ingresar en la Policía en la que él había dado clases. El mando, que fue destinado entonces como agregado a la Embajada de Roma, recibe ahora la más alta distinción policial.

El inspector jefe ahora condecorado dimitió en septiembre de 2012 tras salir a la luz que su mujer dirigía una academia en la que se preparaba a aspirantes para ingresar en la Policía y él daba clases en ella

Junto a él, también serán distinguidos con la medalla 'al valor' dos de los máximos responsables de la policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Se trata de los comisarios generales de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, de Extranjería y Documentación, Emilio Baos; y de Información, Enrique Barón. Los dos primeros se han jubilado recientemente, mientras que el último, actual máximo responsable de la lucha antiterrorista, también tuvo que lidiar con un escándalo al conocerse que su hija estudiante de periodismo había participado 'empotrada' en una operación antiyihadista para publicar un reportaje en una revista universitaria. Se da la circunstancia que Barón y Agudo ocuparon altos cargos en la Comunidad de Madrid durante parte de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, en los que el primero fue director de Seguridad y el segundo, uno de sus hombres de confianza. En los listados definitivos sobre la concesión de las medallas a los que ha tenido acceso Vozpópuli, figura que es el órgano que dirige Barón, la Comisaría General de Información, la que ha propuesto la condecoración para el inspector jefe, aunque fuentes de la misma niegan esta circunstancia y aseguran que se trata de un error. "Esta Comisaría General no puede proponer para una medalla a agentes que no depende de ella", recalcan, aunque sin poder explicar el por qué de que así aparezca en dichos listados.

El nombre de Agudo Novo se vio rodeado por varias polémicas desde poco meses después de asumir su puesto de confianza junto a Ignacio Cosidó. Primero se le ligó a un comisario investigado entonces por la Unidad de Asuntos Internos por la supuesta filtración a la prensa de datos relacionados con el 'caso Interligare', la investigación sobre una supuesta trama corrupta formada por ex altos mandos de Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba que años después fue archivada por un juez de Plaza de Castilla. Poco después, en septiembre de 2012, se conocía que su mujer estaba al frente de una academia dedicada a la formación de aspirantes a ingresar en el Cuerpo, lo que despertó dudas sobre una posible incompatibilidad de su cargo. El centro presumía en su página web de ser el centro con "más aprobados de España".

Antes de dimitir, el inspector jefe reconoció que había llegado a dar clases y varios trabajadores de la misma habían asegurado que ejercía como "director" del centro. Pese a ello, el Ministerio del Interior concluyó que no había incompatibilidades con sus funciones policiales y no le cesó. Finalmente, fue él quien decidió dejar su puesto de jefe del Gabinete del director general de la Policía "por motivos personales", tras lo cual fue enviado a la Embajada de Roma, uno de los destinados más preciados entre los policías precisamente por su altas remuneraciones económicas. Ahora, recibe la medalla roja, lo que supondrá un incremento del 10% de su sueldo de manera vitalicia en una decisión ya ha levantado polémica en el seno de la propia Policía, según ha podido constatar Vozpópuli en varias fuentes consultadas.

Polémica todos los años

Esta situación no es, ni mucho menos, nueva. De hecho, todos los años la concesión de estas distinciones 'pensionadas' provoca enorme malestar entre los agentes ya que muchos consideran que buena parte de las que las reciben no cumplen los requisitos que fija la ley que rige este tipo de recompensas. Un decreto de 1964 las reserva, en teoría, para aquellos agentes que han resultado "heridos en acto de servicio", han participado "en tres o más servicios" en los que hubiera riesgo de agresión con armas, han realizado un hecho "abnegado en circunstancias de peligro para su persona" o han participado en "hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal". Unos requisitos que, según han denunciado reiteradamente a Vozpópuli fuentes policiales, no cumplen varios de los ahora agraciados.

El año pasado, la polémica surgió con la condecoración a un agente que había sido alto cargo del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. En 2014, la que se concedió a Villarejo y dos responsables de los 'antidisturbios'

El año pasado las mayores críticas las concitó la distinción que se entregó al inspector jefe Andrés Manuel Gómez Gordo, quien hasta unos meses antes había sido director de Seguridad del gobierno de Castilla-La Mancha que presidía María Dolores de Cospedal. En 2014, las críticas se centraron en las que recibieron los comisarios Florentino Villabona y José Miguel Ruiz Iguzquiza, quienes, como comisario general de Seguridad Ciudadana y jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) respectivamente, dirigieron el dispositivo de seguridad desplegado el 22 de marzo de 2013 en las Marchas por la Dignidad en Madrid que acabaron  con graves altercados y 67 agentes heridos, lo que había provocado la petición de su cese por parte de los sindicatos policiales. También en 2014, aunque en un acto posterior a la celebración del patrón, recibió esta distinción el comisario José Villarejo, hoy imputado en el 'caso Nicolay' y protagonista destacado en el caso del ático de Ignacio González, entre otros escándalos.

En 2013 la polémica la provocaron las entregadas a los comisarios principales José Luis Olivera Serrano y Marcelino Martín-Blas Aranda, entonces jefes, respectivamente, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y de la Unidad de Asuntos Internos. El nombre de ambos se había hecho célebre a finales de 2012 al trascender que los dos habían acudido a la Fiscalía de Barcelona para convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran el registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con el fin de ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación de Artur Mas.


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