NUEVA POLÉMICA EN EL MINISTERIO

Protección de Datos recrimina a Interior por facilitar datos de presos a vigilantes privados

La Agencia encargada de velar por la confidencialidad de la información que Administración y empresas poseen de los ciudadanos concluye que el Ministerio infringió la Ley de Protección de Datos al facilitar listados con el nombre de reclusos a los guardias de seguridad que colaboran en la vigilancia de la cárcel de Picassent (Valencia). Es el segundo fallo en contra del departamento de Jorge Fernández Díaz que dictamina este organismo en los últimos meses.

El responsable de prisiones, Ángel Yuste, junto al ministro Fernández Díaz.
El responsable de prisiones, Ángel Yuste, junto al ministro Fernández Díaz. EFE

Nuevo tirón de orejas, y van dos en pocos meses, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al Ministerio del Interior. El organismo que se encarga de velar por la confidencialidad de la información que Administración y empresas poseen de los ciudadanos acababa de concluir que el departamento que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz ha infringido de nuevo la ley al entregar listados con los nombres de reclusos del Complejo Penitenciario de Picassent (Valencia) a personal no autorizado. En concreto, a los vigilantes privados que colaboran en la seguridad del recinto. El expediente concluye que Instituciones Penitenciarias vulneró el artículo 12.2 de la Ley de Protección de datos que regula el acceso a los datos personales por parte de terceros.

La Agencia considera que Interior cometió una infracción "leve" de la Ley de Protección de Datos y le da un mes para subsanar las irregularidades

La decisión se produce tras una denuncia que en octubre de 2014 presentó el sindicato Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), muy crítico con la implantación de la seguridad privada en los cárceles españolas promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en la pasada Legislatura. En aquella, los funcionarios del Centro de Inserción Social (CIS) del complejo penitenciario valenciano, del que cada mañana salen decenas de reclusos que disfrutan del tercer grado, aseguraban que el control de entrada y salida de estos internos debía ser realizada por ellos mismos o por los guardias civiles que se encargan de la seguridad del recinto, pero nunca por los vigilantes privados que acompañan a estos últimos en labores de vigilancia del perímetro exterior.

Pese a ello, denunciaban que la dirección del centro presuntamente había entregado a estos trabajadores contratados por Interior listados con los nombres de todos y cada uno de los reclusos que entraban y salían de la cárcel cada día, algo que ACAIP consideraba irregular. Ahora, la resolución de Protección de Datos, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, les da la razón, pero sólo en parte. El fallo, que tipifica la falta cometida por Interior como "leve" y le da un plazo de un mes para corregir las irregularidades, no cuestiona "la cesión de datos" a los vigilantes privados, sino el hecho de que el contrato que Interior firmó con las empresas de seguridad no recoja en ningún momento mención expresa el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el que ha sido vulnerado. Por ello, reclama a Prisiones que lo haga a partir de ahora para garantizar que dicha información 'sensible' es utilizada exclusivamente para prestar el servicio contratado y nunca para cualquier otra actividad.

El antecedente de las cámaras de vigilancia

Esta es la segunda infracción del Ministerio del Interior a la Ley de Protección de Datos que es investigada en los últimos meses. La anterior, iniciada en septiembre de 2014, concluyó el pasado mes de abril también con un 'tirón de orejas', ya que la Agencia consideró que Instituciones Penitenciarias había vulnerado el artículo 5.1 de la Ley de Protección de datos que obliga a colocar en la zonas videovigiladas de los centros penitenciarios españoles distintivos informativos ubicados "en lugar suficientemente visible" y a tener a disposición de las personas que pudieran resultar grabadas impresos con la información relacionada con sus derechos en este sentido. Los hechos fueron calificados entonces de infracción "leve", según la resolución adelantada por Vozpópuli entonces. Aquella intervención vino motivada también por una denuncia de ACAIP, que había presentado varios escritos a finales de 2013 en los que aseguraba que las cámaras de videovigilancia del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro (Madrid) estaban siendo utilizadas no sólo para vigilar a los reclusos, sino también como "sistema de control de la actividad laboral de los funcionarios que efectúan las rondas de vigilancia nocturnas".

Protección de Datos ya dio el pasado mes de abril un 'tirón de orejas' a Prisiones por no tener los carteles de zonas videovigiladas "en lugar suficientemente visible"

Instituciones Penitenciarias reconoció entonces que no existían carteles informativos sobre la existencia de las cámaras de videovigilancia, pero intentó justificar dicha irregularidad en "la naturaleza y finalidad de dicho sistema de contribuir a garantizar la seguridad del centro y la custodia de detenidos, presos y penados". En dicha respuesta, se admitía que las imágenes se grababan en un disco duro y que las mismas se conservaban "unos días". "El tiempo promedio de almacenamiento de las grabaciones es de unos 9 días, que pueden aumentar o disminuir dependiente de la resolución de las imágenes grabadas", detallaba. Eso sí, Interior negaba que las cámaras se utilizaran para controlar el trabajo de los funcionarios porque "existen otros mecanismo de control" e insistía en que su único fin era garantizar la seguridad de los funcionarios ante un hipotético incidente con reclusos.

La Agencia terminó dando la razón a los funcionarios de prisiones, pero sólo en parte ya que, si bien reconocía irregularidades, las tildó de "leve". De hecho la Agencia se limitó a obligar a Interior a colocar el distintivo de 'zona videovigilada' "tanto en espacios abiertos como cerrados" de las cárceles, y aunque no consideró necesario que lo instalase debajo de cada cámara, sí creyó imprescindible hacerlo "como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas sean estos exteriores o interiores de modo que no se produzca el acceso de las personas sujetas a la videovigilancia sin la oportunidad de conocer la existencia de las videocámaras". Para dejar constancia de que había subsanado las deficiencias, la AEPD exigió a Interior que le remitiera fotografías de los carteles instalados "indicándose en qué sitio se ha colocado cada uno, así como de la disponibilidad y modalidad de los impresos informativos". Instituciones Penitenciarias aseguró entonces haber adquirido ya los carteles informativos y estar a punto de remitirlo a todas la cárceles para su instalación.


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