Economía

La Ley de Unidad de Mercado augura un nuevo choque de trenes entre Madrid y Barcelona

El Gobierno aprueba una serie de mecanismos que permitirán la corrección e impugnación de leyes autonómicas. El nuevo Consejo de Unidad de Mercado presidido por Montoro despertará suspicacias en Cataluña.  

Cristobal Montoro, a la izquierda, junto a Artur Mas en la V Conferencia de Presidentes.
Cristobal Montoro, a la izquierda, junto a Artur Mas en la V Conferencia de Presidentes. EFE

El anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado puede abrir un nuevo foco de conflicto entre Madrid y Barcelona, pues el texto establece una serie de mecanismos que pueden corregir o impugnar una regulación autonómica.

El Gobierno había retrasado hasta en tres ocasiones su aprobación para vigilar que no hería susceptibilidades en Cataluña. Incluso había decidido que se dejaría al margen toda la cuestión lingüística. Las discusiones llegaron hasta el punto de evaluar si se modificaría el nombre de la ley por otro más digerible entre los nacionalistas.

Una medida razonable

Ideado por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, el anteproyecto sencillamente adapta el principio de que una licencia o permiso respaldado por una comunidad valga en todas las demás regiones. El ejemplo típico es el de Cirsa, una compañía catalana de máquinas recreativas que tenía que fabricar 17 tragaperras para adaptarse a las distintas normativas.

Sin embargo, pese a que beneficiará mucho a compañías como las catalanas que exportan al resto de España y pese a que simplemente se ciñe al principio europeo de la libre circulación de bienes y servicios, algunos aspectos de esta legislación pueden levantar ampollas entre los nacionalistas.

Otra vez Montoro

Por si en la Generalitat no estaban ya molestos con los Consejos de Política Fiscal y Financiera presididos por Montoro, encima van a tener dos tazas: el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas encabezará un nuevo Consejo de Unidad de Mercado encargado de tutelar que no haya más fracturas del mercado. “Las comunidades no van a poder seguir haciendo cualquier cosa”, comenta una fuente cercana al Gobierno.

Aunque fuentes de Economía inciden en que se articulará un procedimiento de carácter cooperativo, semejante Consejo podría desembocar fácilmente en un mercadeo de vetos legislativos entre comunidades y unas reuniones tan acaloradas como las del Consejo de Política Fiscal.

Además, la ley afirma que se velará porque cada norma sea absolutamente necesaria y no exija más de lo imprescindible, otra razón por la que esta iniciativa puede contemplarse en Cataluña como un nuevo esfuerzo centralizador y un ataque a las competencias autonómicas.

Muy seguramente, los partidos nacionalistas intentarán diluir esta ley en el Congreso. No obstante, lo tendrán muy difícil con la mayoría parlamentaria del PP.

Las empresas podrán recurrir 

Y por si esto fuera poco, también se crea un sistema para que cualquier empresario sea capaz de recurrir una regulación autonómica que no se ajuste a la unidad de mercado, un motivo más de recelo para los nacionalistas.

Con el fin de impugnar la normativa de una autonomía, la empresa podrá acudir a la ventanilla única sita en esa comunidad. A continuación, el Gobierno autonómico tendrá que darle una respuesta rápida.

Si la contestación no le satisface, entonces la empresa podrá dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la cual podrá, después de un procedimiento de unos dos meses, emplazar la norma a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

En ese instante, la autonomía tendrá el derecho de plantear sus alegaciones. Si éstas no convencen, la norma quedará suspendida hasta que resuelva el litigio.

Respecto al etiquetado, el Ministerio de Economía se reunió con representantes del empresariado, y éstos le trasladaron que no le suponía coste alguno etiquetar en distintos idiomas, de modo que el Ejecutivo ha dado libertad en este punto.

El Ejecutivo calcula que esta reforma puede brindar un 0,15 por ciento más de PIB durante una década. Es decir, en los próximos diez años se podrían ganar unos 1.500 millones al año por la eliminación de trabas burocráticas y tareas improductivas.  


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