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FROB y NCG deberán devolver 18 millones a Jove y otros cinco inversores por ocultarles información

La juez condena a las dos entidades al considerar que existió mala fe: los demandantes estaban "a ciegas" mientras el banco y el FROB disponían de información relevante. Estos decidieron "callarse".

Novagalicia y FROB tendrán que devolver algo más de 8,5 millones de euros a Manuel Jove y otros cuatro inversores, según la condena del Juzgado de Instancia número uno de A Coruña. El juzgado considera que existió mala fe y se ocultó información, tal y como apuntó el miércoles cuando aplicó esta condena al caso Gadisa.

La magistrada Marta Canales explica en una sentencia, prácticamente idéntica a la del caso Gadisa, que existió "dolo en el consentimiento" y por lo tanto declara la "nulidad del citado compromiso de inversión" y la "restitución de las recíprocas prestaciones" valoradas en 8.535.733,69 euros, además de los intereses, según informa Efe.

La cifra se divide en los 6 millones aportados por Inveravante y los 2 aportados por Renebé en 2003

Esta cifra está dividida en 6.025.223,30 euros aportados por Inveravante, propiedad de Manuel Jove, otros 2.008.408,11 euros de Ranebé 2003, 100.420,86 más de Metalships & Docks y dos inversiones de 200.840,71 euros de los empresarios Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño.

En total, NCG Banco y el FROB ya suman 18.644.943,51 euros a devolver a seis inversores después de las dos primeras sentencias, pues existe otra que obliga a restituir, con intereses, los 10.109.209,82 euros aportados por Gadisa.

La juez detalla que los inversores no tienen "obligación de reintegrar el objeto de la venta" porque las acciones fueron amortizadas en su día aunque NCG Banco y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrán que abonar las costas.

El bufete SLJ Abogados representó a todos los demandantes, que perdieron más de 70 millones de euros y todavía tienen procesos pendientes, a través de Daniel Jiménez que ya ayer mostró a Efe su "satisfacción" con una "sentencia muy bien fundamentada".

Llama la atención la magistrada sobre el ajuste contable de 1.127 millones de euros que necesitó un capital adicional 948 millones y que se hizo en marzo de 2012, aunque con efecto retroactivo a diciembre de 2011, cuando la venta de las acciones a Gadisa se efectuó el 12 de enero de 2012.

La información de la que disponía la empresa eran documentos como uno titulado "Novacaixagalicia, una oportunidad de inversión única en el sector financiero español", fechado en mayo de 2011 y otros que no mostraron una imagen real de la situación de la entidad.

La juez detalla que los inversores no tienen "obligación de reintegrar el objeto de la venta"

En los papeles "se insiste en que los mercados están valorando todo a la baja" y "se dice que la entidad no está nacionalizada, es recapitalizada", además de añadir que la entrada del FROB "sitúa entre las entidades financieras del mundo con mayor índice de capitalización".

Los demandantes estaban "a ciegas" mientras el banco y el FROB disponían de información relevante, pues en el juicio su representante "expuso literalmente que sí, que tiempo después se había visto que esa información era relevante".

Entonces decidieron "callarse y poner a la firma la escritura de compraventa" mientras que eran los inversores los que tenían "que decidir si pese a ello mantenían su compromiso de inversión" y "se le privó de adoptar una decisión libre, consciente y voluntaria, viciándose su consentimiento ante la ocultación de la información".

El hecho de que las partes "demandadas sabían que ese ajuste era necesario, con una importancia relevante, retroactivo e insalvable" lo constata la magistrada desde el 15 de diciembre de 2011, aunque reconoce que la "preocupación que existía era la de proyectar una imagen de continuidad del banco".

Conociendo todos los detalles, el NCG Banco y el FROB "nada hicieron ni dijeron", algo que la Justicia considera que apunta a la existencia de mala fe.

"Que los ajustes eran importantes y que la nueva normativa lo era, es una realidad. Como también que los demandados sabían lo que sucedía. Y optaron simplemente por silenciarlo al inversor. Omitiendo así una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma", concluye, como hizo ayer, la sentencia.


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