EL GOBIERNO DISEÑA LA ESTRATEGIA JURÍDICA PARA NO PAGAR INDEMNIZACIONES

Industria argumentará que la licencia del Castor era provisional para evitar indemnizaciones a ACS

Los servicios jurídicos del Estado diseñan la estrategia legal para evitar el pago de indemnizaciones por los problemas aparecidos en el proyecto Castor. ACS, la propietaria del 65% de la explotación, reclama 1.272 millones de compensación. Industria argumentará que nunca ha habido una licencia de explotación definitiva sino "provisional" lo que limita el uso del Castor, los seguros y las responsabilidades subsidiarias.

Industria diseña su estrategia para evitar el pago de indemnizaciones por el Castor
Industria diseña su estrategia para evitar el pago de indemnizaciones por el Castor EFE

Nunca ha habido una licencia de explotación definitiva en el almacén de gas Castor. Es lo que han descubierto los servicios jurídicos del Estado que pretenden utilizar ese argumento como base jurídica para evitar el pago de 1.272 millones de euros que ACS ha reclamado, según revelan fuentes del ministerio de Industria. La provisionalidad de la concesión es clave porque tiene implicaciones no sólo a la hora de fijar la responsabilidad subsidiaria del Estado sino también a la hora de establecer tanto la vigencia como el alcance de los seguros de la explotación, explican esas fuentes.

Según la revisión del expediente completo del proyecto denominado Castor, la primera concesión del ministro Joan Clòs fue provisional. También se mantuvo en esos términos la que concedió su sucesor al frente de la cartera de Industria, Miguel Sebastián, y el actual titular, José Manuel Soria, tampoco ha convertido esa licencia en definitiva.

De hecho, la intención del ministro en la actualidad es no conceder esa licencia definitiva y, si se ratifica la conexión entre los temblores de tierra y las inyecciones de gas en la zona, la de tampoco renovar la autorización de explotación.  

La provisión de desmantelamiento se fija en 143,1 millones de euros

El Ejecutivo se acoge al artículo 7 relativo al desmantelamiento de la instalación que contempla que “en el caso de que se produzca la anulación o extinción de la presente concesión y se efectúe el desmantelamiento de las instalaciones previa autorización, los costes prudentes en que se incurra se reconocerán como retribución de la empresa”.

Los servicios jurídicos del Estado afirman que dada la “provisionalidad” de la concesión, la explotación a pleno rendimiento de la misma podría incurrir en el supuesto de negligencia contemplado por el Real Decreto 855/2008. Bajo ese escenario, la compensación máxima a la que haría frente el Estado sería el de la “provisión para su desmantelamiento” que ese texto fija en un máximo de 143,1 millones de euros.

Sin embargo, según quienes han revisado ese contrato, cabe una posibilidad peor para la empresa de Florentino Pérez: Industria puede optar simplemente por dilatar indefinidamente la autorización de uso independientemente de la concesión, lo que también dilataría indefinidamente la concesión de indemnizaciones.  

Un proyecto “A Urgente” desde el 31 de marzo de 2006

Pese a que el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor fue calificado como “A Urgente” el 31 de marzo en 2006, nunca ha recibido un permiso definitivo de explotación. Los distintos Ejecutivos han mantenido una posición favorable a mantener las actividades desde que el 31 de enero de 2006, la empresa Escal UGS, S.L. (participada al 65% por ACS) solicitó la explotación del proyecto Castor. Ese proyecto mantiene, todavía a día de hoy, la calificación de urgente y la licencia de explotación provisional. 


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