Operación Crucero

Díaz Ferrán creó una red de decenas de empresas para ocultar el dinero de Marsans

El ex presidente de la CEOE y los liquidadores Ángel de Cabo e Iván Losada utilizaron presuntamente a los otros seis detenidos ayer como testaferros para levantar una trama de compañías fantasmas que evitase que la Justicia embargase sus bienes. 

La Operación Crucero ha hecho 'naufragar' el entramado montado presuntamente por Gerardo Díaz Ferrán para ocultar sus bienes y evitar el embargo tras la quiebra en el verano de 2010 del Grupo Marsans. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha localizado decenas de empresas creadas en los últimos tres años y que supuestamente eran utilizadas por el ex presidente de la CEOE y los liquidadores a los que vendió la red de agencias de viaje a precio de saldo, Ángel de CaboSanz e Iván Manuel Losada Castell, para desviar los millonarios fondos de las empresas y no pagar a los acreedores.

Los seis testaferros detenidos ayer figuraban como directivos de 24 empresas fantasmas. Los dos liquidadores sumaban 41 compañías más 

De hecho, seis de los nueve detenidos ayer son señalados por los investigadores como los testaferros de 24 de las compañía de dicha red, en las que aparecían en la mayoría de los casos como administradores únicos. Además, De Cabo aparece ligado a otras 24 empresas y su mano derecha, Losada, a 17 más. En total, la red rondaba las 65 empresas, todas ellas creadas todas entre finales de 2009 y el pasado mes de septiembre.

Según estas fuentes, Díaz Ferrán, que se había declarado en quiebra personal para no hacer frente al pago de los 417 millones de euros que le reclaman los diferentes acreedores de Marsans, acordó supuestamente con De Cabo y Losada que le ayudasen a ocultar su patrimonio de la justicia. Éstos, que habían adquirido a través de su compañía Possibilitum Bussiness la red de agencias de viajes, aceptaron supuestamente hacerlo a cambio de una importante cantidad de dinero, según las investigaciones policiales que han desembocado en los arrestos. Para ello, De cabo y Losada utilizaron una trama de red de empresas fantasmas al frente de la cual estaban supuestamente los otros seis detenidos de la trama. 

La secretaria y su cuñado

La primera de éstos es Susana Mora Carou, secretaria de Iván Losada y antigua empleada de Marsans, que aparece como administradora única desde mediados del pasado mes de septiembre de la empresa Promomegan Negocios SA.Otro de los elementos claves de la trama es, supuestamente, Teodoro Garrido Ortiz, cuñado de Susana Mora y directivo de al menos de cinco empresas desde enero de 2009. En tres de ellas, Open Law SL, Theo Garrido Trends SL y Esser International 21 SA, aparece como administrador único. En otras dos, Timbal Negocios SA y Consulting XXI SL, como representante.

Los otros tres presuntos testaferros son Carmelo José Estelles Giménez, Antonio García Escribano y José Enrique Pardo Manrique. El primero aparece como administrador único de Llombrigol Patrimonial SL y apoderado de Solfylker Rent SL. Por su parte, García Escribano figura en el registro mercantil como administrador único de otras dos --GIBB Promociones 21 SL y Orbone Holding 21 SL--, como apoderado de una más --Alquiler Tracción y Frigo SA-- y como administrador mancomunado de una cuarta --Inversiones Anfepaes SL--.

Dos compañías de sendos testaferros compartían sede y se encargaron de enviar 4,9 millones de euros a una cuenta de De Cabo en Suiza

Por último, Pardo Manrique consta como el más activo de todos los presuntos testaferros. Su nombre aparece ligado nada menos que a ocho empresas, en seis de ellas como administrador único y en dos como socio único. Se trata de Promociones Egusquiza Gómez SL, Promabe 2012 Consulting Inmobiliario SL, Turiprom SA, Levanpower SA, Claudia Negocios SA, Losifred SA, Iuris Fidelis Consulting SL y Aszendia Asociados 21 SL. En dos de estas empresas, en concreto en Turiprom SA y Aszendia Asociados 21, aparecieron en algún momento como directivos los dos liquidadores de Marsans. En concreto, Iván Losada fue consejero y secretario de la primera, mientras Ángel de Cabo figuró como apoderado de la segunda.

Esta última, Aswzendia Asociados 21, ha jugado, de hecho, un papel clave en la supuesta comisión del delito de alzamiento de sus bienes por parte de Díaz Ferrán y sus socios, según las investigaciones que dirige el jues de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Según un informe policial que transcendió el pasado verano, el ex presidente de la CEOE desvió gracias a ellas 4.9 millones de euros a Suiza, El dinero salió de una empresa irlandesa del Grupo Marsans llamada Astra Worldwide International. La abultada cantidad fue primero a Aszendia Asociados 21 SL, aunque luego cambio a otra empresa de la trama con la que ésta compartía sede social, Esser International 21 SA, de otro de los detenidos, Teodoro Garrido. Finalmente, fue esta empresa la que envió en mayo de 2011 el dinero a una cuenta suiza a nombre de De Cabo, donde fue bloqueada por las autoridades del país helvético a las que había alerta la justicia española.

El yate, los pisos de Nueva York y la familia

En otras ocasiones, la ocultación de bienes se hacía directamente a través de las empresas de De Cabo. Así, el pasado verano el juez impidió in extremis la venta del yate de Díaz Ferrán, el Leuqar (el nombre de su mujer, Raquel, al reves), a una empresa del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. La embarcación, valorada en 5 millones de euros, había sido entregada a Possibilitum Bussiness, una de las empresas de Ángel de Cabo, junto a Marsans cuando éste se hizo cargo de la compañía para liquidarla. El barco, que siguió siendo utilizado por la familia de Díaz Ferrán pese a que ya no pertenecía teóricamente a él, iba a ser exportado al país antillano supuestamente para su venta, El magistrado paró la operación al considerar que en realidad el ex presidente de la CEOE pretendía salvar su patrimonio de ser embargado por su quiebra.

Díaz Ferrán, su mujer y sus dos hijas aparecían como apoderados de la empresa utilizada para ocultar dos apartamentos de lujo en Nueva York

También intervinieron directamente empresas de De Cabo en el supuesto intento de ocultar dos apartamentos de lujo cen Nuevay York y valordos en más de 10 millones de euros cuya propiedad la investigación adjudica al empresario ayer. En este caso, el liquidador utilizó la empresa Holdisan Inversiones SL, en la que él mismo aparece como representante y su empresa Possibilitum Bussiness como única accionista.

En la misma compañía, y hasta febrero de 2011, figuraban el propio Gerardo Díaz Ferrán  y su mujer, Raquel Santamaría, como apoderados solidarios. Dos hijas de ambos, Raquel María y Marta Díaz Santamaría, también tuvieron cargo en dicha empresa, ambas como apoderadas, hasta fechas mucho más recientes: finales del pasado mes de agosto. El juez Velasco también investiga si el empresario y sus presuntos cómplices tienen otros activos inmobiliarios en el extranjero, para lo que cursará en los próximos días comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. 

Además, la red utilizaba métodos menos sofisticados para ocultar el dinero de Marsans. Así, en el registro realizado en el domicilio que el ex presidente de la CEOE tiene en el madrileño barrio de Canillas, los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía localizó más de 150.000 euros en efectivo y un kilo de oro, uno de los metales preciosos más de moda para el blanqueo de dinero. Además, en el chalé que el liquidador Ángel de Cabo tiene en Valencia, fueron localizados otros 400.000 euros en billetes. Y en la vivienda de la única mujer detenida hasta ahora, Susana Mora, más de un millón. En total, más de 1,5 millones de euros. La operación también ha permitido intervenir numerosos vehículos de lujo a nombre de los arrestados y sus empresas fantasmas.

Variados problemas judiciales

La Operación Crucero surge de la querella fue presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum Bussiness, a los que acusaba de los delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales para no pagarles los 45 millones de euros que les adeudaban.

Después de varias dudas sobre qué juzgado de la Audiencia Nacional debía instruir la causa, finalmente el tribunal decidió que fuera el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que es el que ayer ordenó las detenciones bajo las acusaciones delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de dinero e insolvencia punible. Se espera que los nueve detenidos pasen a disposición judicial el miércoles próximo.

Se da la circunstancia que Díaz Ferrán tenía una cita ese día en un juzgado para declarar como imputado por las supuestas irregularidades en la concesión de un crédito de 24 millones de euros que logró de Caja Madrid cuando formaba parte de su consejo. La documentación de esta operación, por la que también tendrá que declarar el ex presidente de la entidad, Miguel Blesa, fue incorporada por el juez Fernando Andreu al sumario del Caso Bankia que también se instruye en la Audiencia Nacional.


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