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Fondos alemanes estudian otro arbitraje contra España por los recortes a la solar

Se trata de fondos de inversión, empresas privadas y family office de nacionalidad alemana que compraron parques fotovoltaicos a precios de burbuja. Consideran poco halagüeña la vía de los tribunales nacionales.

Un trabajador limpia un panel fotovoltaico.
Un trabajador limpia un panel fotovoltaico. efe

A España se le puede abrir otro frente en el exterior por los recortes a la energía solar en cuestión de meses. Un grupo de inversores alemanes estudia presentar una nueva solicitud de arbitraje internacional contra el Reino de España por los sucesivos recortes a la retribución de las plantas fotovoltaicas y termosolares.  

Se trata de fondos de inversión, empresas privadas y grandes fortunas (family office) radicadas en Alemania que compraron parques fotovoltaicos durante los años del boom y a precios de burbuja: entre 600.000 y 700.000 euros por Kilovatio instalado.

El despacho de abogados Rödl & Partner, que actualmente se ocupa de la defensa legal de los intereses de los propietarios de entre 150 y 200 megavatios (MW) fotovoltaicos, está sondeando entre sus clientes la apertura de un procedimiento arbitral contra el Gobierno español para solicitar una indemnización millonaria que compense los recortes a esta tecnología, que ya ha visto reducidos sus ingresos un 35%, sin contar con el efecto que tendrá la reforma energética aprobada este mes de julio por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los promotores de la iniciativa, que esperan sumar también a algún fondo con intereses en energía termosolar, tomarán su decisión (el arbitraje es un proceso largo y costoso) una vez que, en otoño, se conozca el alcance real del recorte que sufrirán los productores tras la reforma.

Para entonces, está previsto que se publique la orden de ministerial que establecerá qué coste estándar de la inversión y explotación de las instalaciones reconocerá el Gobierno para garantizar esa "rentabilidad razonable" del 7,5% que ha prometido el Ministerio de Industria.

El problema para muchos propietarios de huertos solares, como estos inversores alemanes, es que el Gobierno va a realizar esos cálculos conforme a la inversión inicial, obviando la tremenda especulación que permitió a algunos promotores vender sus instalaciones a terceros a precios de oro.

Los partidarios del arbitraje, consideran, por un lado, que la vía de los tribunales nacionales presenta escasas posibilidades de éxito. Por otro, entienden que los procesos que ya se han iniciado ante instancias internacionales presentan buenas perspectivas.

El argumento, como en los otros procesos que ya están sobre la mesa, es una supuesta violación de la Carta Europea de la Energía, un instrumento de cooperación internacional entre los países de Europa y otros países industrializados, ratificado por España, y que tiene el objetivo fundamental de fomentar el potencial energético de los países europeos. Dicha carta permite a los inversores extranjeros de un país firmante de la misma iniciar un contencioso internacional si ven lesionados sus intereses. 

De momento, ya hay dos procesos en marcha (tres, si se cuenta el iniciado por los accionistas de la española Isolux) por los sucesivos recortes que han sufrido las tecnologías solares en los últimos tres años, también amparados en una supuesta violación de la Carta de la Energía. El primero es el que iniciaron en noviembre de 2011 seis grandes fondos de inversión contra el recorte del número de horas con derecho a prima para los huertos solares que decretó el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. Este caso ya está en manos de la Corte Arbitral de Ginebra (Suiza).

El segundo es el que han planteado los grandes fondos de inversión extranjeros con intereses en energía termosolar contra las medidas de Sebastián y las que ha adoptado en la primera mitad de este año su sucesor en el ministerio, José Manuel Soria.

Antes de iniciar formalmente un arbitraje de inversión se tienen que dar una serie de pasos previos. El primero, que los inversores alemanes a los que representa Röhl & Partner todavía no han dado, es que las partes interesadas envíen una notificación formal por escrito al Gobierno, informándole de cuáles son las discrepancias.


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