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Alcaldes y concejales del PP se rebelan contra los recortes de Soria y Rajoy a la fotovoltaica

Lorca y Totana (Murcia), con regidores populares, han exigido al Ejecutivo central que derogue el decreto que fulmina las primas a las renovables. Según la patronal Anpier, unos 300 ayuntamientos se han quedado 'pillados' en instalaciones solares.

Rajoy junto al alcalde de Lorca (izquierda), en una visita a Lorca tras el terremoto de 2011.
Rajoy junto al alcalde de Lorca (izquierda), en una visita a Lorca tras el terremoto de 2011. PP

La rebelión de algunos líderes regionales del PP contra los recortes de José Manuel Soria a las renovables amenaza con extenderse a municipios gobernados por los populares. De momento, al menos dos localidades con alcaldes del PP, Lorca y Totana, han aprobado en los últimos meses mociones para mostrar su rechazo frontal a los recortes retroactivos de la retribución de la energía fotovoltaica que ha aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Ambos municipios están en Murcia, feudo de Ramón Luis Valcárcel, que agota sus últimos meses como presidente regional y que junto a su colega extremeño, José Antonio Monago, se ha mostrado como el dirigente del PP más peleón contra los recortes de Soria, hasta el punto de acudir a los tribunales para defender los derechos de los promotores.

No obstante, la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier), patronal que defiende a los pequeños productores fotovoltaicos y que fue la que lanzó el guante a los municipios instándoles a rebelarse contra la política energética de Madrid, asegura que otros alcaldes del PP pueden venir detrás.

El primero en rebelarse fue Lorca (92.000 habitantes), gobernada por el popular Francisco Jódar, cuyo pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado 8 de agosto una moción reclamando “que se derogue inmediatamente” el Real Decreto-ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por el que el Ministerio de Industria liquidó el todavía vigente sistema de primas a las renovables y prometió una “rentabilidad razonable” cuyos parámetros sigue sin desvelar a día de hoy. 

La moción recordaba que más de 700 familias lorquinas han invertido en fotovoltaica, “en la mayoría de los casos poniendo como garantía de los préstamos su propia vivienda o negocio”, y hacía suyos los argumentos de Anpier al pedir a Rajoy “que se actúe sobre el problema del déficit de tarifa, cuyas causas están en el sobreprecio que reciben hidráulica y nuclear y los costes ocultos del sistema, como los pagos por capacidad, los costes por interrumpibilidad, la moratoria y los costes extrapeninsulares” y “que se promueva una verdadera política de estado en materia de energías renovables”.

Otros municipios como Vilanova i la Geltrú, Ontinyent o Barañáin también han movido ficha, en algún caso con apoyo de ediles populares

En términos parecidos se expresó hace algo más de dos meses Totana (30.000 habitantes), también en Murcia y también gobernada por el PP, que aprobó por unanimidad una moción de IU-Los Verdes en la que exigía “que se reviertan los recortes a las energías renovables” y “que se dejen de aumentar las tarifas de la luz a costa de los consumidores, en una clara muestra de mirar por el interés general del país y de los ciudadanos antes que por intereses corporativos de las compañías eléctricas”.

También han respondido a la llamada de Anpier otros municipios de tamaño considerable, aunque sin alcaldes ‘populares’, como Vilanova i la Geltrú (Barcelona, casi 67.000 habitantes) y Ontinyent (Valencia, 37.140 habitantes), que el pasado 17 de octubre expresó “su rechazo” al RD 9/13 y al borrador de Real Decreto sobre Autoconsumo en una moción aprobada por todos los grupos, incluido el PP.

Por su parte, Barañáin (Navarra), ha mostrado su apoyo a la decisión del Parlamento navarro de recurrir el Real Decreto-ley de julio, que también rechazan otros municipios catalanes como Tossa de Mar, Barbens, Puig-Reig o Alcudia (Valencia).

Las iniciativas municipales han llegado en respuesta al envío, por parte de Anpier, de cartas a más de 300 municipios para exigirles que defendieran los “derechos remunerativos” de las instalaciones solares ubicadas en sus términos y que en su momento fueron financiadas con dinero público. "Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos", explica el secretario de la asociación, Juan Castro-Gil.

Entre los municipios que se han quedado pillados en fotovoltaica y que ha contactado Anpier figuran algunos tan importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Albacete, Badajoz, Vitoria, Lugo, Ávila, Soria, Tarrasa, Sabadell, Elche, Leganés y Alcobendas. 


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