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España supera a Argentina como el país más denunciado ante el tribunal de arbitraje

La política energética del Gobierno español en renovables ha disparado el número de demandas de fondos y empresas contra el país en el Ciadi, el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial. España ha superado a Argentina y probablemente acabe superando también a Venezuela.

Planta Gemasolar, en Écija, en la que participa en fondo soberano de Abu Dhabi.
Planta Gemasolar, en Écija, en la que participa en fondo soberano de Abu Dhabi. Torresol Energy.

España ha superado a Argentina en número de demandas recibidas en el Ciadi, el organismo de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial, el mismo ante el que Repsoldenunció la expropiación de su filial YPF. Sólo Venezuela afronta más denuncias que España, pero dada la cascada interminable de demandas presentadas en contra del Estado español por su política energética es probable que próximamente incluso España acabe superando al país gobernado por Nicolás Maduro.

De acuerdo a los registros del Ciadi, España suma 23 demandas pendientes de resolver, Argentina 20, y Venezuela 26. Todas las reclamaciones contra España han sido presentadas por fondos de inversión, entidades financieras, y empresas afectadas por los cambios regulatorios en materia energética referente a las renovables aprobados por el Gobierno español. De acuerdo a fuentes del sector, las demandas podrían suponer para España en caso de resolución en contra entre cientos y miles de millones de euros.

Hasta la reforma eléctrica de 2013, España sólo había sido demandada ante el Ciadi en dos ocasiones en veinte años

La ley de reforma eléctrica aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a mediados de 2013, que perjudica especialmente a las inversiones en termosolares y eólicas, ha propiciado los recursos ante el Ciadi. Las primeras demandas contra el Reino de España por este motivo se presentaron en noviembre de 2013, por fondos de inversión controlados por Deutsche Bank y BNP. Las últimas se han producido este mes, por parte de firmas de banca comercial alemana (Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank), el pasado día 12, y de sociedades lideradas por la firma Watkings Holdings y la española Ascia, con parques eólicos, el día 4.

La institución del Banco Mundial con sede en Washington fue creada en 1966 y al mismo acuden compañías y Estados en busca de servicios de conciliación y arbitraje sobre inversiones internacionales. En la actualidad, 151 países han ratificado el Convenio del Ciadi, lo que supone que los laudos dictados al amparo del mismo son obligatorios para las partes. En los más de veinte años en los que España ha formado parte de los Estados que acatan el arbitraje del Ciadi, el país sólo había sido denunciado en dos ocasiones hasta que llegó la reforma eléctrica de 2013. La primera denuncia fue presentada por el ciudadano argentino Emilio Agustín Maffezini, que en 1997 demandó a España por una inversión que realizó en una empresa distribuidora de productos químicos, siendo condenado el país a pagar 57,6 millones de las antiguas pesetas. La segunda fue presentada en 2012 por una inmobiliaria venezolana.

El ritmo de presentación de demandas contra España por su política energética se ha intensificado este año. En 2013 se presentaron tres; en 2014 otras cinco; y en 2015, quince (una en enero, otra en abril, una más en mayo, cuatro en junio, cuatro en agosto, una en octubre, y dos en noviembre).

Entre los demandantes hay fondos de inversión, entidades financieras, grandes compañías como la estadounidense Nextera (que ha llegado a provisionar 342 millones de dólares por sus inversiones en centrales termosolares en Extremadura), el gigante alemán EON, y otras sociedades de diversas nacionalidades. Incluso una compañía japonesa, JGC Corporation, fundada en 1928, ha demandado a España.

Especialmente doloroso para las arcas españolas si la denuncia da la razón al demandante es la presentada por Masdar Solar, propiedad del fondo soberano de Abu Dhabi, socia en España de Sener en la firma Torresol, de generación de energía termosolar, que ha invertido cerca de 1.000 millones en tres plantas. Entre ellas destaca la planta de Gemasolar, en Écija, de energía solar, una de las más sofisticadas del mundo.

Despachos españoles

Los intereses en estos casos del Estado español son defendidos por la Abogacía del Estado. Los de los demandantes son grandes despachos de abogados. Hasta mediados de 2014 los fondos y empresas que denunciaron a España ante el Ciadi contrataron a despachos con sede fuera de España. El bufete en Londres Allen & Overy representó los tres primeros casos, y el cuarto a través de su filial en Abu Dhabi. Desde entonces han sido despachos españoles o filiales en Madrid de bufetes internacionales los que más casos representan, en ocasiones aliados con otras firmas. Destacan el despacho en Madrid de Allen & Overy (tres demandas en contra del Reino de España); Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (seis denuncias); y Gómez-Acebo & Pombo (tres casos).

Las resoluciones del Ciadi suelen durar años, algunos casos más de una década. Los pasos que habitualmente se siguen son la presentación de solicitud de arbitraje; su admisión; constitución del tribunal, que normalmente celebra la primera sesión 60 días después; una etapa de actuaciones escritas y una segunda fase de actuaciones orales. Después el tribunal delibera y dicta su laudo. Durante el transcurso las partes suelen presentar reclamaciones, incidentes o impugnaciones variadas, también sobre la constitución del tribunal, lo que demora las resoluciones finales. Las empresas y fondos que demandaron a España por su política energética en noviembre de 2013 tuvieron que esperar hasta agosto de 2014 para conocer la constitución del tribunal competente.


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