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El miedo al cambio político empuja a la banca a transformar las sicavs en fondos de inversión

Entidades como BBVA, Bankinter o Santander llevan meses moviéndose para evitar una legislación contraria a las sicav.

La banca lleva meses preparándose ante una hipotética legislación en contra de las sicav. La práctica totalidad de los grandes partidos (incluido el Partido Popular) se ha declarado durante la última campaña electoral a favor de limitar o incluso prohibir estas sociedades de baja tributación. Así queda definido en el programa electoral de todos ellos. A la vista de las malas perspectivas para estos vehículos de inversión, entidades como BBVA, Santander, Bankinter, UBS, Novo Banco y Credit Suisse, entre otras, han trazado planes para evitar un éxodo de capitales en el caso de que finalmente esta promesa electoral se convierta en realidad.

La fórmula elegida por la mayoría de entidades, y que cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda según ha podido saber Vozpópuli, es la de transformar estas sicavs en fondos de inversión creados ad hoc. Estos fondos también tributarían al 1% en el impuesto de sociedades (ya lo hacen actualmente), y tendrían la ventaja para los inversores de que, más allá de los gastos de apertura y gestión, no acarrearía el pago de ninguna plusvalía. Las entidades, por tanto, crearían nuevos fondos de inversión expresamente pensados para acoger a los partícipes de las actuales sicavs. 

"En todo momento hemos podido ofrecer esta solución y otras a los clientes, por lo que no han sentido la necesidad de sacar su dinero fuera"

Las propias entidades financieras, que llevan meses preparándose ante esta contingencia, han planteado numerosas cuestiones a Hacienda (a través de la Dirección General de Tributos) para blindar lo más posible esta solución. El pasado 31 de marzo, por ejemplo, se plantearon dos cuestiones a la DGT precisamente sobre las implicaciones legales y fiscales de una operación de fusión "por la que un fondo de inversión español, financiero, de carácter abierto y armonizado de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 (en adelante "Directiva UCITS") absorbería a la sicav consultante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la LIIC y el artículo 36 y siguientes del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. El fondo de inversión absorbente se encuentra gestionado por la misma entidad gestora, y como consecuencia de la fusión los accionistas de la sicav no alcanzarían un porcentaje mayoritario en el fondo de inversión", según consta en la consulta, a la que el Ministerio responde que se pueden acoger sin una penalización fiscal.

Fuentes bancarias consultadas por este diario dan una gran importancia a este plan B desarrollado por el sector y las autoridades tributarias, en la medida que han evitado una posible fuga de capitales en un momento de especial sensibilidad para la economía española. "En todo momento hemos podido ofrecer esta solución y otras a los clientes, por lo que no han sentido la necesidad de sacar su dinero fuera, como sí ocurrió por ejemplo en 2012 o en diciembre de 2015", explican estas mismas fuentes.

Miedo a un Gobierno antisicavs

Con los cuatro grandes partidos prometiendo meter mano a las sicavs, buena parte de los inversores en este vehículo han llamado a las puertas de los bancos para plantear alguna solución. Aunque la de transformarlas en fondos de inversión no era la única solución en manos de la banca, sí que ha sido la más demandada por parte de los clientes. "Más allá de los gastos de gestión y una cierta pérdida de control por parte de los partícipes, en la práctica es un vehículo muy similar", según explican a Vozpópuli estas mismas fuentes. Según ha podido saber este diario por parte de bancos españoles, hasta el 30 de junio los inversores tienen plazo para solicitar la apertura de un fondo que sustituya su sicav.

El miedo a un escenario político contrario a las sicavs no es nuevo. Tal y como ya contó este diario en mayo, la constitución de nuevas de estas sociedades se había desplomado durante los primeros meses del año. Entonces ya se contaba el giro dado por la banca de patrimonios, que ya entonces recomendaba la apertura de fondos de inversión en sustitución de las sicavs, que llevan años en el punto de mira por servir como herramienta de las grandes fortunas para pagar menos impuestos. ¿Cómo? La ley permite a las sicavs pagar un 1% en sociedades por su naturaleza de institución de inversión colectiva; sin embargo, tal y como denuncian expertos y colectivos de inspectores y subinspectores, los ricos españoles las utilizan en la práctica como un vehículo de gestión personal, contando para ello con cerca de un centenar de hombres de paja (conocidos como mariachis) para cumplir el requisito formal que exige la legislación.

"No planteamos ningún problema con los fondos, ya que su tributación y funcionamiento está regulados por la ley"

Dado lo polémicas que son las sicavs para la opinión pública, la solución encontrada por parte de los bancos no parece tener inconvenientes legales en opinión de José Luis Groba, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. "No planteamos ningún problema con los fondos, ya que su tributación y funcionamiento está regulados por la ley. Nuestra queja respecto a las sicavs es que no están controladas por la Agencia Tributaria, sino por la CNMV, que no las supervisa, lo que limita la capacidad de detectar fraudes fiscales", argumenta.

Luxemburgo, Irlanda... otras opciones

Según ha podido saber este diario, y tal y como se plantea abiertamente en las cuestiones remitidas a la DGT, algunos bancos están planteándose más opciones más allá de los fondos de inversión en el caso de que se apruebe una normativa contraria a las sicavs en España. La primera de todas es, directamente, abrir una sicav en Luxemburgo. Dicha sociedad luxemburguesa (con menos limitaciones por número) absorbería, vía fusión, a su homóloga española, que pasaría a ser disuelta inmediatamente. Otra de las opciones planteadas es la apertura de sicavs en Irlanda, otro país con una regulación flexible en la materia.

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