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El Valencia se desangra en depósitos por el conflicto Rato-Olivas

Accionistas minoritarios presentan una demanda contra Olivas, el resto del antiguo consejo y Deloitte, auditora de la entidad

Sede del Banco de Valencia
Sede del Banco de Valencia EFE

Fue el detonante del conflicto entre Rodrigo Rato y José Luis Olivas. En estos momentos, sufre las consecuencias de la guerra entre el presidente de Bankia y el número uno de Bancaja. En los últimos diez días, el Banco de Valencia no ha podido contener la huída masiva de depositantes provocada por las dudas sobre el verdadero estado de la entidad a raíz de la auditoría que Rato pretende imponer a Bancaja. Según diversas fuentes consultadas por Vozpópuli, la desconfianza de los clientes se cifra en el entorno de los 100 millones de euros en cuanto a salida de depósitos.

"Desde el lunes 20, tras la decisión de Bancaja de no aceptar la auditoría que quería Bankia, ha sido una sangría de clientes. La gente prefiere poner su dinero a buen recaudo ante todo lo que se está hablando del conflicto entre Rato y Olivas. Por mucho que se ofrece la seguridad del Estado (la entidad se encuentra actualmente gestionada por el FROB) está siendo muy complicado retener a los clientes. Después de lo que ha sucedido con la CAM y las dudas que se ciernen sobre las cuentas de Bancaja, la gente prefiere amarrar en otras entidades", aseguran fuentes internas del Banco.

"La imagen de la entidad está seriamente dañada y eso repercutirá en el interés de los posibles compradores", explica un directivo. De hecho, una entidad que acudirá al proceso de subasta del Banco de Valencia se queja de la lentitud con la que se está gestionando la venta de la entidad. "Con el nivel de deterioro mediático y financiero que tiene la entidad, alargar el proceso otros dos meses no hace sino castigar más su situación", explican desde un banco.

Aunque el pasado 21 de febrero se inició el proceso de ofertas no vinculantes, el cuaderno de venta, que ha preparado Nomura, aún no ha sido distribuido en el sector. De hecho, el cuaderno se encuentra en fase de estudio interno para corroborar que las cifras publicadas concuerdan con las que aparecen en el balance de la entidad.

Hace una semana, el banco valenciano reconocía en su Informe de Gestión Intermedio que la salida de depósitos en 2011 fue de 1.139 millones. “La caída en los depósitos de la clientela se ha visto especialmente afectada en el período comprendido entre la suspensión de la cotización de la acción y la intervención de la entidad por parte del Banco de España”, sostiene la entidad en el documento. “Fueron algo más de 1.000 millones”, adelantaban fuentes conocedoras de las cuentas a Vozpópuli.

Demanda contra Olivas

En medio de esta crisis de confianza, pequeños accionistas del Banco de Valencia, que representan alrededor del 1 % de su capital, presentaron ayer una querella contra los miembros del Consejo de Administración de la entidad, como adelantó este medio, y otros órganos de dirección, como la comisión ejecutiva, la de nombramientos y retribuciones y el comité de auditoría y cumplimiento.

Entre ellos se encuentra José Luis Olivas, en representación de Bancaja -que poseía el 39 % del Banco de Valencia-, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera, así como el representante de Deloitte. De hecho, la demanda solicita a tres compañías de seguros que respondan si estos delitos se confirman. Una de estas compañías representa a la firma auditora.

La querella cuenta con la adhesión de 137 accionistas pero el abogado de este colectivo, Diego Muñoz-Cobo, confía en alcanzar una representación de entre 4 y 5 millones de acciones, lo que supondría el 2 % del capital del banco. La denuncia atribuye a los denunciados el delito de formulación de cuentas falsas con el tipo agravado por causar daños a multitud de personas y el de administración desleal, ambos recogidos en los artículos 290 y 295 del Código

En la querella se argumenta que el valor neto contable de la acción se fue reduciendo desde los 2,88 euros por acción que valía a 31 de diciembre de 2009 a los 2,66 euros a la misma fecha de 2010 y a los 0,75 euros a 31 de diciembre de 2011, y se considera que el agujero es "tan enorme" que es "imposible" que no lo supieran, según el abogado Muñoz-Cobo.


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