LO EXIGE EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTARIES

CiU solo apoyará la reforma laboral si se repone la figura que autoriza despidos

El grupo catalán condiciona el voto favorable o la abstención al retorno de una autoridad administrativa que vigile los despidos y que había sido eliminada en la nueva reforma del PP.  

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, con el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, con el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre. EFE

Muy tirantes, las relaciones entre PP y CiU, otrora dos socios naturales para pactar, viven uno de sus peores momentos. Mientras Artur Mas enerva al PP catalán y Sánchez-Camacho a Convergencia, las dos formaciones buscan un punto en común. Y este nexo bien puede llegar en el Congreso de los Diputados con la reforma laboral, que habrá superado todos los trámites parlamentarios antes del verano.

CiU ha presentado una batería de enmiendas con el fin de modificar una reforma cuya música comparte. Pero no del todo: el grupo catalán solo votará sí o se abstendrá si el PP atiende a su principal petición, que es la reposición de la “autoridad laboral” con relación a los despidos colectivos. CiU cree que debe reimplantarse esta figura, que antaño encarnaban bien la consejería de Empleo de turno, bien el Ministerio de Trabajo.  

La reforma laboral del PP elimina la autoridad, cuyo rol era primordial: autorizaba o no los ERE aprobados por las empresas. Convergencia i Unió opina que ese rol debe recuperarse parcialmente “en la verificación de la causa y en la documentación a aportar por ambas partes”. Y en CiU lo tienen claro: o el PP les escucha, o no hay apoyo que valga.

Un rasgo inconstitucional para el Consell

Este es uno de los puntos que el Consell de Garanties Estatutaries, órgano consultivo del Parlamento catalán, juzga inconstitucional de la reforma laboral. El Consell estima que  el Gobierno no puede dictar decretos ley que afecten "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general". Este órgano también juzga inconstitucionales otros rasgos del articulado, pero aquí CiU pondrá toda la carne en el asador.

Otra de las enmiendas más polémicas del grupo catalán, la de “mejorar la financiación de las políticas activas de empleo” gestionadas por las CCAA, ya la da CiU por perdida. Solo el mero recorte en políticas activas de 1.500 millones de euros impide tal cosa. CiU ha presentado muchas otras propuestas, como traspasar la Renta Activa de Inserción a la Generalitat, un nuevo contrato de Formación Profesional dual, potenciar los convenios autonómicos o una redefinición de las bonificaciones a las empresas. 


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