La maraña impositiva autonómica afecta a casi una docena de actividades económicas y frena la inversión extranjera

Montoro eliminará 100 tributos regionales y cederá a las autonomías más IRPF e impuestos especiales

El caos con el que las comunidades autónomas han ido creando desde hace dos décadas un centenar de figuras impositivas a su libre albedrío, sin utilizar los tramos que tienen cedidos en el IRPF, el IVA y Especiales, toca a su fin. Hacienda quiere poner orden y utilizará para ello la reforma fiscal que proyecta enviar al Congreso en junio para su debate después de las elecciones europeas.

El sistema impositivo autonómico se ha convertido en un cóctel difícil de digerir para los inversores que han colocado su lupa en España. Grava actividades muy diversas relacionadas con el agua, los vertidos al mar, las emisiones de gases, el juego, las tierras infrautilizadas, los supermercados y, así, un largo abanico de parcelas a las que han recurrido las autonomías por la puerta de atrás para aumentar la recaudación. Gracias a ello, no han asumido los costes políticos derivados de subir el Impuesto sobre la Renta, del que tienen cedido el 50%, o los impuestos especiales, que gravan la gasolina, el tabaco y el alcohol, en los que el tramo autonómico representa ya el 58%.

Hacienda quiere frenar la dispersión tributaria para conseguir una armonización fiscal en todo el Estado, en línea con lo que impera en Europa

Cataluña fue una de las comunidades más tempranas en aumentar la mayoría de los tributos cedidos, salvo el de Sucesiones, que el antiguo tripartito de José Montilla decidió rebajar cuando otros territorios optaron por su supresión. El Gobierno catalán fue pionero también en la introducción del llamado céntimo sanitario, ahora en plena polémica después de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Justicia a instancias, precisamente, de un empresario catalán. Este recargo encarece el litro de carburante a cambio de destinar estos ingresos complementarios a la sanidad. Cataluña dio este paso cuando su sistema sanitario acumulaba un déficit de 800 millones de euros y el persistente victimismo de su administración siempre ha responsabilizado de ello al Gobierno por no dotarla de un régimen económico como el vasco.

Cataluña fue la primera comunidad en incorporar el céntimo sanitario cuando su sistema sanitario arrastraba una deuda de 800 millones

Casi todas las comunidades se verán afectadas por esta supresión de impuestos que el Gobierno negociará con ellas para intentar extender la unidad de mercado al campo tributario. Los recargos sobre el agua, a través de un canon que afecta a las tareas de saneamiento y a los vertidos, llevan establecidos desde 1988 y proceden de comunidades muy diversas, la mayoría de ellas costeras. Del canon sobre emisiones se están beneficiando Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, la comunidad valenciana y Murcia. Más extendidos están a nivel regional los gravámenes a la producción de energía termonuclear o a la circulación de vehículos, pasando por el almacenamiento de sustancias peligrosas. La creatividad impositiva ha llevado también a seis territorios a establecer recargos sobre la implantación de grandes superficies o sobre el Impuesto de Actividades Económicas. Este es un mapa complicado para España en un momento de incipiente recuperación económica en el que se necesita atraer inversión extranjera.

La creatividad impositiva ha llevado a seis comunidades a establecer recargos sobre la implantación de grandes superficies comerciales

La gran paradoja es que la mayoría de las comunidades han rechazado utilizar la corresponsabilidad fiscal a través de los principales impuestos que ya tienen parcialmente cedidos –IRPF, IVA y Especiales–, y han preferido generar una gran maraña tributaria a la que es preciso, se afirma en el Gobierno, poner orden y concierto. Buena parte de los expertos mantiene que haber alcanzado un nivel de descentralización tributaria tan elevado debería amortiguar las continuas apelaciones de los gobiernos regionales a la Hacienda estatal para la obtención de mayores recursos. Sin embargo, ha sucedido lo contrario. Entre la madeja de impuestos personales y territoriales cedidos en todo o en parte a las comunidades, todavía está sin resolver la armonización fiscal dentro de España y la competencia desleal entre territorios, en un momento en el que Bruselas intenta afrontar el mismo reto a nivel europeo.

El Gobierno aprobará la reforma fiscal a finales de mayo y la enviará al Congreso en junio, después de las elecciones europeas

No se prevé una negociación fácil para la eliminación de este centenar de tributos regionales, aunque la premisa de la que parte el Gobierno en ella es que las comunidades no pierdan recaudación. Para ello, Hacienda no descarta compensarlas con el aumento del tramo cedido en el IRPF y con una regionalización completa de los impuestos que gravan tabaco, alcohol y gasolinas. Después del informe de los expertos que este viernes entrará en el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará la reforma fiscal a finales de mayo para enviarla al Congreso de los Diputados en junio. Este calendario retrasa el gran debate fiscal y la negociación de las enmiendas hasta después de las elecciones europeas, cuando se haya apaciguado de la atmósfera política, siquiera provisionalmente, el viento electoral.


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