EL FROB OBLIGA A COMUNICAR ANTES DEL LUNES EL CANJE POR ACCIONES

Miles de ahorradores descubrirán a partir de hoy que tenían inversiones en participaciones preferentes

Las asociaciones de consumidores denuncian que muchos clientes están descubriendo que lo que creían tener en fondos se invirtió realmente en participaciones preferentes. El arbitraje impuesto a las entidades obliga a informar a partir de ahora por escrito. El FROB contempla esas "ventas sin documento contractual" o la "denominación de manera incorrecta" del producto. 

El FROB da luz verde al canje de preferentes por acciones
El FROB da luz verde al canje de preferentes por acciones EFE

Miles de ahorradores todavía descubrirán a partir de hoy que parte de los fondos que tenían en depósitos de valores se han invertido, en realidad, en participaciones preferentes. Así está ocurriendo ya con algunos clientes de Cajamadrid a los que el protocolo de comunicación del FROB obliga a informar de que sus preferentes serán canjeadas por acciones con una pérdida del 38% de la inversión, según han revelado a Vozpópuli fuentes de ADICAE, que aseguran que están recibiendo nuevas denuncias de preferentistas que desconocían serlo hasta ahora. 

El FROB permite el arbitraje a las entidades "sin documento contractual" o que hayan denominado "de manera incorrecta" el producto

Hasta el momento, 700.000 ahorradores eran conscientes de haber invertido en participaciones preferentes. Algunos miles más podrían aflorar ahora, según esas fuentes que aseguran que el Gobierno ya contemplaba esa posibilidad al permitir que acudan al arbitraje quienes hayan sufrido irregularidades en lo que el mecanismo de arbitraje establecido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) define como “relativas a la documentación contractual”. Ese decreto ya contempla la posibilidad de que algunas entidades hayan realizado esa operación sin mediar contrato o incluso que hayan denominado la inversión de una manera diferente a la real.

Por ello, el arbitraje del FROB concede prioridad a quien pueda demostrar:

  • Inexistencia del documento contractual
  • Falta de documentación relevante en el expediente de tramitación
  • Incorrecciones relevantes en el documento contractual (vgr: denominación incorrecta del producto, falta de alguna de las firmas en caso de cotitularidad).

Los representantes de los ahorradores denuncian que esos casos no son supuestos para el arbitraje sino “indicios de delito” y que, por tanto, el Gobierno abre una vía amistosa en lugar de lo que –según ADICAE—debiera ser la “persecución de delitos”. 

La Junta Arbitral de Consumo traslada el problema a las entidades

Los bancos han presionado a la Junta Arbitral designada por el Ejecutivo para que centralizara las demandas en la propia sede del arbitraje o en las oficinas de KPMG, la empresa que deberá valorar las demandas antes de decidir si tienen o no cabida en el mecanismo de arbitraje. Las entidades querían evitar, según fuentes de esa negociación, que los afectados tuvieran que presentar sus quejas en las mismas sucursales que comercializaron el producto.

Sin embargo, la Junta ha optado por tramitar la causa sucursal por sucursal para evitar problemas de orden público. La junta temía que centralizar en una sola ventanilla a los miles de reclamantes pudiera dar lugar a los disturbios que se pretenden evitar.

El arbitraje cerrará la vía a las demandas judiciales. Quienes se avienen a un convenio arbitral y a una solución amistosa, lógicamente, deberán renunciar a las demandas judiciales.


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