El motín del PSOE contra el objetivo de déficit autonómico asusta a los mercados

Desde el arranque del nuevo curso político, Pedro Sánchez ha advertido en público en dos ocasiones que las siete comunidades donde gobierna el PSOE no respetarán los objetivos de déficit comprometidos por el Gobierno en Bruselas. Para ser disciplinadas, las administraciones autonómicas tendrían que acabar este año en el 0,7% del PIB, según lo aprobado en el último Consejo de Política Fiscal, frontera que el líder socialista considera desproporcionada, en parte movido por las presiones que está recibiendo de Podemos, fuerza que sostiene a la mayoría de los gobiernos regionales de izquierda. “Es un objetivo revanchista que, de cumplirse, quebraría la educación, la sanidad pública y los servicios sociales en los diferentes territorios.  Y esto no lo vamos a permitir”, señaló Sánchez a sus diputados y senadores hace unos días en el Congreso. Según los parlamentarios más duchos en economía, su mensaje fue claro: en caso de llegar al Gobierno en enero, se cambiarán estos objetivos. Se trata de un apunte incorporado en tono de alerta en los informes de algunos bancos de inversión, los mismos que están influyendo en la penalización de la inestabilidad política que puede generarse en España después de las próximas elecciones generales.

Si gana las elecciones, el PSOE tendrá que elegir entre vaciar la ley de Estabilidad Presupuestaria o pactar nuevos compromisos con Bruselas

Las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apuntan a que once comunidades no cumplirán este año los objetivos de déficit ahora vigentes, pesimismo que se compensa parcialmente con la buena tendencia de los datos de deuda pública regional. Los ratios superan el 30% del PIB en Baleares, Cataluña, Castilla La Mancha y la comunidad valenciana, mientras que en Madrid superan levemente el 13%. Las regiones más endeudadas, en términos de volumen, siguen siendo Cataluña (66.813 millones de euros, casi el 28% del total), la comunidad valenciana (40.085 millones) y Andalucía (29.822 millones). En términos de PIB, la clasificación está encabezada por la comunidad valenciana (39,6%), seguida de Castilla La Mancha y Cataluña (34,1% y 32,8%, respectivamente). En el extremo opuesto se sitúan La Rioja y Madrid.

De las proyecciones de déficit, no tanto de deuda, procede una de las preocupaciones del equipo económico del Gobierno, pues el esfuerzo realizado para dejar aprobados los Presupuestos del año que viene y enviar así una señal de certidumbre a los mercados queda descompensado con las amenazas vertidas desde el primer partido de la oposición en el ámbito territorial de no respetar lo acordado.

Las reformas realizadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera durante el periodo 2012/2015 han sido canalizadas desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro a través de cuatro leyes orgánicas, ocho ordinarias, y doce reales decretos, entre otras normas. En ellas se recogen las nuevas obligaciones creadas para todas las administraciones públicas, sus mecanismos de seguimiento, los nuevos controles para vigilar su cumplimiento y las consecuencias de violentarlos. Se trata de un amplio paquete legislativo que el PSOE está dispuesto a vaciar al principio de la próxima legislatura en caso de llegar al Gobierno aunque tiene también la posibilidad de negociar con las autoridades de Bruselas otro calendario para cumplir lo pactado. El que rige ahora sitúa el déficit autonómico del año que viene en el 0,3%, el 0,1% en 2017 y el equilibrio presupuestario en 2018.

Mecanismos suficientes para imponer la disciplina fiscal

De no ganar el PSOE las elecciones y continuar el PP en el Gobierno, habría mecanismos más que suficientes para obligar a los gobiernos autonómicos a respetar la disciplina fiscal, aseguran en el equipo económico. Estas son las palancas más importantes para conseguirlo incluidas en la ley de Estabilidad Presupuestaria:

• Advertencia motivada. Hay medidas preventivas que se adoptan ante el riesgo de incumplimiento. Con carácter general, cada administración tiene la obligación de seguir sus datos de ejecución presupuestaria y ajustar el gasto público. Si el Gobierno aprecia riesgo de vulneración de alguna de las reglas fiscales formulará una advertencia motivada, que se hará pública, y la comunidad o ayuntamiento deberá tomar medidas.
• Limitaciones al endeudamiento.  Hay también herramientas coercitivas que pueden ser automáticas, como por ejemplo someter a autorización previa el endeudamiento o la concesión de avales de una comunidad. El Gobierno puede también obligar a las comunidades a cumplir un plan económico-financiero para reequilibrar sus cuentas. De hecho, desde 2012 todas las comunidades han venido aprobándolos cuando han incumplido objetivos y Hacienda ha publicado los informes de seguimiento.
• Envío de los ‘hombres de negro’. El Gobierno puede también aprobar acuerdos de no disponibilidad de créditos, en 2013 y 2014 los hubo en varias comunidades, o acordar el envío de una Comisión de expertos, una especie de ‘hombres de negro’, para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.
• En caso extremo, el artículo 155. La aplicación de esta vía constitucional, la misma que podría utilizarse para suspender la autonomía de Cataluña si el proceso soberanista se desbocara, es algo que no está ni mucho menos en la cabeza del equipo económico del Gobierno para encarar un problema como el del descontrol del déficit público, pero la ley lo permitiría.