Economía

La Generalitat niega a Hacienda sus datos de morosidad desde hace 3 meses

Hacienda señala en un informe que la Generalitat no cumple con los criterios de transparencia informativa: "Respecto a Cataluña, en el momento de la publicación del presente informe, no se tiene constancia de que hayan publicado los datos relativos a su periodo medio de pago", sostiene el Ministerio. Se trata de un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que merita la intervención.

El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas EFE

La rebelión institucional de la Generalitat se extiende a todo. El Govern lleva tres meses negándose a publicar sus datos de morosidad, un hecho que supone un incumplimiento flagrante de la Ley de Estabilidad Financiera y que coincide con los anuncios de impagos a farmacias y empresas proveedoras de servicios sanitarios. “Respecto a Cataluña, en el momento de la publicación del presente informe, no se tiene constancia de que hayan publicado los datos relativos a su período medio de pago”, sostiene el Ministerio de Hacienda en un documento que elabora con carácter mensual sobre la morosidad de las Administraciones. Y es más: este mismo comentario se ha estado repitiendo en los últimos tres informes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Administraciones Públicas “deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. Además, tendrán que especificar qué medidas de ajuste van a tomar y cuánto van a destinar de sus recursos para reducir esa morosidad.

Es decir, se trata de un incumplimiento flagrante que merita el inicio de la intervención de las cuentas. Sin embargo, el Gobierno quiere emplear una respuesta proporcionada para no alentar el victimismo. Así que se ha optado por una intervención sui generis a través de la figura del interventor, que tendrá que certificar mes a mes que todos los desembolsos se destinan exclusivamente a servicios públicos esenciales y no a financiar iniciativas secesionistas. Si bien se refiere fundamentalmente a los 1.300 millones aflorados por inversiones en prisiones y carreteras, la propia orden que impone estas condiciones aduce “la falta de idoneidad y completitud de la información económico financiera remitida por la Comunidad Autónoma”.

Hacienda calcula que el retraso medio reconocido por la Generalitat para pagar a los proveedores ha aumentado en septiembre y ya supera los 90 días

La Conselleria de Economía que encabeza Andreu Mas-Colell no ha facilitado las cifras que se corresponden con los meses entre julio y septiembre. Aún así, Hacienda tiene acceso a datos y calcula que el plazo medio de pago a proveedores ha aumentado en septiembre en 13,6 días para situarse en los 61,93 días. Este plazo de pago empieza a contar a los 30 días de haberse contabilizado la factura. O lo que es lo mismo, el retraso medio reconocido supera los 90 días. Semejante situación obligaría a la Generalitat a tomar medidas para corregir la morosidad. De no tomarlas, en dos meses tendría que aprobar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria. Y si sigue incumpliendo, en otros dos meses habría una retención de las entregas del sistema de financiación para que Hacienda pueda abonar las facturas directamente a los proveedores.

Sin fecha para el pago de la deuda

Pese a todo, el gobierno catalán en funciones que preside Artur Mas sigue trasladando al Gobierno de la Nación su responsabilidad por el impago de sus deudas. Un buen ejemplo de esa estrategia del Govern se ha plasmado en las declaraciones del número dos de la Conselleria d'Economia i Coneixement, Albert CarrerasEl alto cargo de la Conselleria recomendaba a los farmacéuticos "que pongan una vela a su patrona de preferencia" para ver si pueden cobrar porque se ve "incapaz" de poner fecha al desembolso de la deuda, que según afirma supone todo el presupuesto de la Generalitat. En los últimos doce meses, la Generalitat catalana ya acumula con los boticarios una deuda que supera los 340 millones. El propio Carreras alertaba de que las nuevas condiciones que impone Montoro para pagar el FLA suponen una "aplicación constitucional del artículo 155, con una intervención completa y exhaustiva de las finanzas del Govern".

Respecto a los 1.300 millones de euros que el Gobierno investigará, Carreras también afirmaba que "ellos saben que es completamente falso", tachando al PP de electoralismo del "más bajo". El secretario general de Economia mantiene que es un dinero que se invirtió en obras de infraestructuras licitadas entre el 2004 y el 2009, y hechas entre el 2005 y el 2013".

Como adelantó hace unos meses Vozpópuli, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha comunicado al Consejo del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña que ya no dispone de más dinero para pagar medicamentos hasta que no llegue alguna aportación extraordinaria, con lo que incrementará su deuda con las farmacias a más de 340 millones. El hecho de que se acaben los fondos para pagar los medicamentos quiere decir que "no se cobrará ninguna factura ni a final de mes -cuando se estaba pagando con el actual retraso-, ni a comienzos de este mes de noviembre -fecha que marca el concierto para el pago de las facturas, con 35 días de margen respecto a la fecha de la facturación-.

El Servicio Catalán de Salud no dispone de más dinero para pagar medicamentos hasta que no llegue alguna aportación extraordinaria, lo que incrementará la deuda con las farmacias a más de 340 millones

Ni farmacéuticos ni funcionarios

Los farmacéuticos reprochan la "falta de responsabilidad y compromiso de las administraciones para garantizar el pago de medicamentos", y han reclamado que se planifique adecuadamente con la elaboración de presupuestos realistas.

Tanto a los boticarios catalanes como los más de 200.000 funcionarios de la Generalitat se les ha agotado la paciencia con el gobierno en funciones de Mas. Los farmacéuticos ya están en una situación límite y ven “probable” que no puedan pagar las nóminas de este mes de noviembre y diciembre si la Generalitat no les paga ahora en lugar de a mediados de 2016.

Por su parte, más de un centenar de delegados sindicales de la función pública catalana de UGT, CCOO, IAC y Ustec intensificarán sus protestas esta semana y en los próximos días ante el Palau de la Generalitat para reclamar la devolución íntegra de la paga extra del 2012. El encierro se inició al mediodía de ayer tras finalizar sin acuerdo la última reunión de la Mesa General de la Función Pública en la que debían tratar sobre la devolución del 75% de la paga de Navidad del 2012 (el 25% lo cobraron en marzo pasado). Las protestas, con lemas como Ens ho tornar tot (Nos lo devolverán todo) o Torneu-nos el que ens heu robat (Devolvednos lo que nos habéis robado) se repetirán de aquí hasta la Navidad ante el Palacio de la Generalitat.

"Montoro, president 'de facto'"

A su vez, Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC a las generales por Barcelona, ha urgido un acuerdo entre Junts y la CUP para evitar darles "el gustazo" a Rajoy, Montoro y al resto de miembros del PP. “Sin acuerdo, Montoro sería el presidente de facto de la Generalitat”. El candidato de ERC para el Congreso reclamaba menos ruido a la ANC y al resto de soberanistas: "No es una negociación normal. Es la negociación más importante de la historia del pueblo de Cataluña. No es una negociación autonómica, sino para el Govern de la República Catalana", dijo.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba