Economía

Hacienda tardará hasta una década en cobrar los 455 millones de multa a Cemex

La multa de Hacienda a la cementera Cemex puede tardar hasta una década en hacerse efectiva. Hacienda da orden a los inspectores de priorizar el acuerdo para cobrar urgentemente. La recaudación por sentencias judiciales se ha desplomado en más de 800 millones en un solo año.

La multa de Hacienda a la cementera Cemex puede tardar hasta una década en hacerse efectiva
La multa de Hacienda a la cementera Cemex puede tardar hasta una década en hacerse efectiva EFE

Puede pasar hasta una década para que las arcas públicas reciban los 455 millones de euros de multa impuesta a la mexicana Cemex por simular pérdidas, estiman los inspectores de Hacienda consultados por Vozpópuli. La cadena de recursos que comienza en el Tribunal Económico Administrativo Central y que termina en el Tribunal Supremo suele dilatarse de tal forma que irregularidades cometidas en 2006 podrían cobrarse en 2020. Los plazos no son sólo un reflejo de la lentitud judicial sino que según denuncia la propia inspección, está viciando los procedimientos en la Agencia Tributaria: el fisco prefiere cobrar ya aunque eso implique una menor recaudación que esperar las multas y recargos que imponen las sentencias judiciales pero que cobran gobiernos futuros.

"Yo soy el poder ejecutivo, no puedo decirle qué hacer al poder judicial", afirma el director de la Agencia Tributaria

Cemex ha anunciado ya que recurrirá la sentencia. Eso implica que esa carrera de hasta una década ha comenzado ya: su primer paso será el de apelar al Tribunal Económico Administrativo Central, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que abre la vía administrativa antes de llegar al terreno de lo contencioso. Ese organismo sólo estima las sanciones de la Agencia Tributaria en el 60% de los casos, es decir, que las sanciones suelen anularse en cuatro de cada diez casos. El siguiente escalón de recurso son los tribunales ordinarios que terminan en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal quita la razón a Hacienda en el 25% de las ocasiones, según datos de la propia inspección. Ante esos porcentajes, la mayoría de compañías sancionadas que se lo pueden permitir llevan las multas a los tribunales, tal y como ha anunciado la cementera mexicana. 

Mientras las compañías pueden jugar con el tiempo, los apuros de Hacienda por forzar la recaudación y cuadrar el déficit la dejan en la situación radicalmente contraria. Así, la Agencia Tributaria está favoreciendo los procesos de conciliación con los sancionados. Los inspectores tienen instrucciones de facilitar el pago inmediato de las deudas o fraudes detectados en lugar de llevarlos a largos procesos contenciosos en los tribunales. Inspectores y técnicos coinciden en que, en la práctica, ese sistema se convierte en un incentivo al fraude puesto que las sanciones son mucho menores en el caso de una conciliación que en el de un fallo judicial: los defraudadores prefieren arriesgarse a ser detectados porque saben que el acuerdo extrajudicial será sencillo.

El olvidado Tribunal Supremo

Así las cosas, las sentencias judiciales están dejando de aportar fondos a las cuentas del fisco. De hecho, en 2013, las sentencias favorables a Hacienda sólo han reportado 463 millones de euros frente al entorno de los 1.412 millones de ingresos que habían supuesto el año anterior. El motivo no está sólo en el cambio de orientación por la "urgencia" por recaudar. Se debe también a que el Gobierno anterior pactó un plan para acelerar la ejecución de sentencias con el Tribunal Supremo que los nuevos responsables de Hacienda no han renovado. Así, las recaudaciones por sentencias judiciales se han desplomado de forma dramática el último año:

AÑO RECAUDACIÓN
2010    765 M€
2011 1.035 M€
2012 1.412 M€
2013    436 M€

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, niega que exista un "atasco" judicial a día de hoy y asegura que la caída de la recaudación se debe, precisamente, a que el Supremo desatascó" las causas en años pasados. Los técnicos de Hacienda, por contra, aseguran que el anterior ejecutivo pactó con el Supremo un plan de agilización de causas que el nuevo equipo no ha activado y que eso explica el desplome de la recaudación. "Soy el poder ejecutivo" --responde Menéndez-- "yo no puedo decirle al poder judicial qué debe hacer".

Cemex se ha convertido así en el ejemplo de todos los males que aquejan a la Agencia Tributaria: desde la lentitud de los procedimientos judiciales hasta la urgencia por cobrar menos pero más rápido que acucia a las arcas públicas, pasando por las denuncias de injerencia política que han costado el cargo a dos inspectores y dos jefes de unidad pero que se han saldado sin responsabilidades políticas. En los próximos años, el expediente de Cemex en los tribunales seguirá significando todo eso.


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