Cultura

El 55% de las obras del Prado están restauradas, el resto están en estado “aceptable” y “regular”

Una lectura detallada del informe de gestión del Museo del Prado correspondiente al 2012 elaborado por el  Tribunal de Cuentas arroja carencias importantes en aspecto de la gestión de la pinacoteca, especialmente en lo que a conservación y seguridad respecta.

El Tribunal de Cuentas hizo público su informe el 18 de julio pasado
El Tribunal de Cuentas hizo público su informe el 18 de julio pasado Gtres

El documento se dio a conocer el 18 de julio, hace ya casi diez días. Sin embargo, todavía queda mucha tela que cortar. Se trata del Informe de fiscalización del Museo Nacional del Pradoelaborado por el Tribunal de Cuentas. En sus páginas, se exponen los resultados del examen al que fue sometida la gestión de la pinacoteca. Las conclusiones no dejan títere con cabeza: inventarios incompletos; conservación y protección irregular de los bienes del museo; ausencia de normas internas, además de la polémica por las más de 800 obras desparecidas.

El primer medio de comunicación en destacar las durísimas observaciones del informe del Tribunal de Cuentas contra la gestión del Prado fue El Confidencial, que ya señalaba el bochorno institucional –mala gestión, poca seguridad, obras desaparecidas, normas no unificadas-. Días más tarde, El País retomó el tema a partir de la desaparición de 885 obras. El reportaje  fue contestado con un comunicado oficial del Museo del Prado y una carta del director del museo Miguel Zugaza. En ella, y no sin chulería, Zugaza asegura: “quisiera aclarar que la información publicada es conocida desde hace más de 30 años. La única novedad que incorpora el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del año 2012 es la localización de 41 obras entre las que figuraban como no localizadas o perdidas”.

A pesar su autosuficiencia, el director del Prado se equivoca. El informe del Tribunal de Cuentas sí tiene novedades; y muchas

A pesar su autosuficiencia, el director del Prado se equivoca. El informe del Tribunal de Cuentas sí tiene novedades; y muchas. En una lectura detenida es posible enumerar una decena de fallos, además de las 13 recomendaciones que hace el organismo. Por ejemplo, en el apartado  dedicado al control interno de la gestión de los bienes artísticos, el informe es demoledor. Se acusa al Museo de “incumplir los preceptos de la Ley y el Estatuto en materia de organización”. Las razones que sostienen este diagnóstico se basan en  “la ausencia de un organigrama funcional”, también “de normas internas que regulen, de manera completa y detallada actualizadas y aprobadas formalmente”.

Los ejemplos más claros están reflejados en la conservación y seguridad de las obras y bienes. En el caso del estado general de conservación de los fondos, señala el informe: “A grandes rasgos puede decirse que un 55% de la colección del Museo del Prado se encuentran en óptimo o buen estado, un 25% en estado aceptable y sólo el 19,5% restante, en un estado regular o discreto”, es decir, casi la mitad de las obras que constituyen su colección no reciben la atención ni el tratamiento que merecen.

Incluso, señala el Tribunal de Cuentas que el Prado ha incumplido el código de deontología del Consejo Internacional de los Museos en materia de conservación y restauración de colecciones, al no haber elaborado en 2012 un informe del estado de la colección para determinar cuándo un objeto puede exigir o no un trabajo de restauración o conservación.

Señala el Tribunal de Cuentas que el Prado ha incumplido el código de deontología del Consejo Internacional de los Museos

Las deficiencias se extienden también al registro y la documentación. Bienes que tienen condición de bien artístico no han sido incluidos en el inventario, tal es el caso de alrededor de 500 objetos que integran el conjunto denominado Archivo y colección de obras sobre papel de la familia Madrazo, del que solo se habían inventariado 40, así como una colección de 144 postales relacionadas con el Museo del Prado, donadas en 2012.

“Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”, establece el ICOM en una definición que recoge la Ley de patrimonio Histórico. En esa línea, las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas sobre cómo el Prado trata su colección lesionan –y bastante- la imagen de su quehacer como institución.

De acuerdo con el informe A través del espejo elaborado por la Fundación Compromiso empresarial acerca de la transparencia en las prácticas culturales en España: “La gestión de los fondos museológicos constituye la principal actividad de los museos: documentar, conservar, investigar y difundir las piezas de la colección son las principales operaciones de la gestión museística”. Sin embargo, en la actualidad algo adicional completa el perfil de un museo y lo coloca en relación con su entorno: “El modelo tradicional de los museos, que ponía exclusivamente el acento en la conservación de la colección, se ha enriquecido con un enfoque más amplio que concibe los museos como mediadores culturales en los que la comunicación cumple una función esencial”. A la luz de esto –y de las conclusiones emitidas por el Tribunal de Cuentas–, ¿cómo queda el Prado? Pues, de momento, como una institución llena de lagunas.

El funcionamiento interno del Patronato aporta signos de “debilidad interna”

Desde la forma de gestionar sus propias normas –el informe señala que no existe un conjunto de estas escritas y definidas en materias de seguridad y conservación- hasta el funcionamiento interno del Patronato, cuyo desempeño, conformación y decisión, dan signos de “debilidad interna” dado el poco peso de los vocales ante determinados temas.

No es la primera vez que el órgano de gobierno del Museo es sometido a críticas. La designación de José Pedro Pérez-Llorca, actual presidente del patronato del Museo del Prado tras su designación el 25 de octubre de 2012, un nombramiento para muchos apresurado y equivocado, fue definido por la Fundación Compromiso y Transparencia como la sexta peor decisión en la lista Los 10 mayores errores sobre transparencia, supervisión y buen gobierno 2011-2012, justamente por la idea equivocada y decorativa que tienen las instituciones en España de sus mecanismos de control institucional.


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