Cataluña

La policía de Barcelona se rebela: Colau ordena 'cuidar' a los okupas en los desalojos

El Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por la alcaldesa Ada Colau, ha activado un protocolo dirigido a la policía local para asegurar la protección de los okupas de desalojos extrajudiciales. El CSIF se rebela y declara que esa actividad no es competencia de la polícia.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau EFE

El ayuntamiento de Barcelona remite un escrito oficial a la Jefatura de la Guardia Urbana de Barcelona donde impone que sea la policía local la responsable de determinar si debe o no llevarse a cabo el desalojo de casas ocupadas y mediar en cualquier problema "extrajudicial" relacionado con el mismo.

El escrito, firmado a fecha 28 de febrero, compromete a la policía de Barcelona a analizar la situación, hablar con los implicados y determinar si se producirá o no dicho desahucio. Además, deberán personalizarse en el inmueble si los okupas se siente coaccionados o amenazados por los propietarios del mismo. Según el escrito: "Deberán comprobar que las personas desalojadas lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones". 

La respuesta del sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, que ampara entre otros, a la policía local, ha exigido por comunicado oficial a Ada Colau que revise su ordenanza al entender que traslada a las patrullas responsabilidades propias de un juez, por tener que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes de paralizar o no el desahucio. 

Eugenio Zambrano, Secretario de Organización de la Sección Sindical del Ayuntamiento de Barcelona declara para Vozpópuli: "Ada Colau nos vuelve a abordar con iniciativas que no tiene razón de ser. La policía somos un complemento a la acciones jurídicas que se llevan a cabo, pero no podemos ser nosotros quien impongamos la ley". Zambrano resalta que este procedimiento está provocando la inseguridad jurídica de los policías.

Si una persona ocupa un inmueble ilegalmente y el propietario del mismo se presenta en la que es su casa ¿Crees que la policía va a ir para impedírselo?

"No puede comercializar ni politizar a la policía. No nos podemos poner al servicio del movimiento okupa. Si una persona ocupa un inmueble de forma ilegal y el propietario del mismo quiere hablar o dirigirse a la que es su casa ¿Crees que la policía va a ir para impedírselo?. Zambrano hace hincapié en que esas medidas son competencia de un juez debido a que se trata del ámbito privado. Si los Okupas, según el secretario, se encuentran bajo amenazas deberán denunciarlo en un juzgado.

En el escrito del sindicato -que adjuntamos más abajo- proponen al ayuntamiento que dejen de recurrir a la policía local como "un recurso fácil" y un "instrumento que sustituya otras posibilidades de intervención de la Administración en la resolución de determinadas problemáticas en las que la Guardia Urbana debe de ser un agente de orden y complementariedad, no el principal actor, ni menos el único garante".

Dentro de las medidas que propone CSIF, se encuentra la de revisar el procedimiento operativo para garantizar la seguridad jurídica de los agentes e instar unos servicios descentralizados de mediación de conflicto entre particulares para eliminar la politización de la policía en la intervención de la resolución de conflictos.

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