Nacional

El Rey Juan Carlos y su yerno Urdangarín

Le habían preparado un programa muy completito. A las 5 de la tarde de aquel lunes 7 de noviembre, el Rey debía visitar la 50ª edición del Salón Náutico de Barcelona; sobre las 7,30 se había comprometido a inaugurar una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, y como fin de fiesta Javier Godó se preparaba para agasajarle en su domicilio con una cena privada, con invitados elegidos por el propio Monarca, muy pocos, muy selectos (tal que el empresario José Cusí, armador del “Bribón” y la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga personal de Juan Carlos I). Pero a primera hora de la mañana de ese lunes, en Zarzuela se recibió una llamada desde el ministerio del Interior alertando del inminente registro judicial de la sede del Instituto Nóos, fundado por Iñaki Urdangarín, duque de Palma, esposo de la infanta Cristina de Borbón, por parte de una comisión policial encabezada por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, bajo la orden del juez José Castro, instructor del caso Palma Arena. Y allí fue Troya.

Tras parlamentar con el Jefe de su Casa, el propio Rey tomó la decisión de suspender el viaje a Barcelona. Para explicar tan drástico cambio de planes se optó por anunciar que el Monarca se había resentido del pie izquierdo, del que fue operado el 4 de septiembre. En la ciudad condal, la cancelación del viaje, conocida a las 10 de la mañana de ese mismo lunes, causó la natural perplejidad. Menos de un mes después de aquel registro, el caso Urdangarín se ha convertido en un escándalo monumental que afecta de lleno a la Casa Real española. Hoy existen pocas dudas de que el antaño experto balonmanista, graduado después en pelotazos varios contra la cuenta de resultados de empresas y Administraciones, va a terminar en el banquillo si es que el Rey, que se involucró de lleno ante el Constitucional a la hora de impedir que su amigo Alberto Alcocer diera con sus huesos en la cárcel tras el caso Urbanor, decidiera cruzarse de brazos en un asunto que directamente afecta también a su propia hija, séptima en la  línea de sucesión al trono de España, cosa que está por ver.

El informe que la Agencia Tributaria acaba de entregar al juez  Castro ofrece pocas dudas de la operativa del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, especializado mayormente en la organización de conferencias y asesorías diversas pero que, a lo que parece, no pasaba de ser un señuelo -“sin ánimo de lucro”, eso sí- con el que sacar dinero a las Administraciones mediante la simulación de unos trabajos ficticios a los que se fijaba un precio abusivo. La tarjeta de visita del duque –lo que convierte a este escándalo en algo muy especial- era su condición de esposo de la hija del Rey de España, pasaporte reforzado por la presencia en el equipo de Carlos García Revenga, secretario personal tanto de Cristina como de Elena de Borbón, además de tesorero del tinglado. Para hacerse con los fondos que recibía el Instituto, la pareja se valía de la promotora inmobiliaria Aizoon, propiedad al 50% de Urdangarín y de la infanta, descrita por el juez Castro como “un  instrumento para vaciar las arcas” de Nóos utilizando para ello facturas falsas, y para posteriormente adquirir inmuebles con el dinero transferido.

Lo que era de dominio público –la súbita riqueza de una “pobre” pareja- se ha convertido en proceso judicial. El escándalo que hoy sacude a la familia real llega en el peor momento para la institución monárquica. Como epítome de la gran crisis española, elongación natural, contagio inevitable, tal vez canto del cisne, la crisis no menor de la Monarquía de don Juan Carlos. En momento tan crucial para el país como el que vivimos, imposible imaginar más desgracias ni tal vez esperar menos. A perro flaco. Y en un momento en que el prestigio de la institución entre los ciudadanos está en su punto más bajo, como acaba de demostrar la última encuesta del CIS, circunstancia a la que ha contribuido la evidente “contaminación” –cuando no expresa manifestación de simpatía (“un hombre muy honesto, que no divaga y que sabe muy bien por qué hace las cosas”)- del titular de la Corona con el zapaterismo ramplón que hemos sufrido en los últimos ocho años. La propia imagen del Monarca, con ese su aspecto abotargado, el ojo izquierdo morado y las tiritas en forma de cruz griega sobre una nariz empeñada en mostrar los estragos causados del paso del tiempo, exhala un cierto aire a fin de fiesta, a descontrol, a desintegración incluso, a sálvese quien pueda.

Los problemas llegaron con la salida de Sabino

Los medios de comunicación, a derecha e izquierda, se han subido al carro de las revelaciones de El Mundo para reclamar, perplejos los más, aguerridos los menos, propósito de enmienda en conductas que hace tiempo se echaron a perder. Los maridos de las infantas pueden tener empleo pero no negocios, vienen a decir. Pero la solución al problema, a mi modesto entender, no está en que Urdangarín deje de hacer el maula. Quien no debe, no debería, hacer negocios es el propio Rey. Al final, el yerno vasco del Monarca ha terminado haciendo lo que ha visto hacer en casa. En la Casa Real. “Aquí todos sabíamos lo de Iñaki, lo sabíamos desde el principio. Al contrario que el de Soria, una buena persona, un tontorrón, se notaba que éste era un trepa que venía dispuesto a aprovecharse del matrimonio. Muy pronto supimos que usaba la Casa como tarjeta de visita, pero ni yo ni nadie vimos nunca que su conducta mereciera censura alguna no ya de la infanta, a la que gustan las mismas cosas que a él, sino por parte de la Reina o del Rey”. También lo sabía el CNI, dedicado a ocultar la vida privada del Monarca en lugar de ocuparse en defender el prestigio de la Corona, cosa que nos hubiera venido muy bien a todos.

Confieso que lo ocurrido no me ha producido ninguna sorpresa. Hace 13 años ya, cuando la mayoría de los popes del periodismo radiofónico y escrito español que hoy tiran con bala contra Zarzuela se escandalizaban ante la sola mención de las correrías reales, dejé escrito en El Negocio de la Libertad, que todo, o casi, empezó con la desgraciada salida de Sabino Fernández Campo de la Casa Real. En la página 413 de ese libro se lee textualmente que “Muchos son los que opinan que gran parte de los contratiempos que le han sobrevenido al Monarca tienen su origen en una decisión desafortunada: la de prescindir de los servicios del teniente general Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa del Rey. Su salida de Zarzuela fue poco menos que una desgracia, porque Sabino ponía orden, coherencia y sentido de la medida en el entorno real. Sabino era el perfecto amo de llaves con capacidad para apuntar lo que estaba bien o mal, lo que se podía o no hacer, lo que convenía o no a la Institución. Y podía hacerlo basándose no en grado o jerarquía alguna, sino en esa cosa etérea y sin posibilidad de medida llamada autoridad”.

Desprovistos de jerarquía y, lo que es peor, de auctoritas, los sucesores de Sabino se han dedicado a contemporizar. Verlas venir y dejarlas pasar. “Mientras yo esté aquí, éste no entra en Zarzuela”, decía Fernández Campo sobre García Revenga, el que luego sería tesorero de Nóos. Pocas semanas después de que el asturiano abandonara el cargo, Rafael Spottorno, entonces secretario general de la Casa –con Fernando Almansa como jefe- entre 1993 y 2002, lo metió hasta la cocina. Tanto Almansa como su sucesor, Alberto Aza (2002-2011) –un ego enamorado de su propia imagen, con nula capacidad para influir en las conductas del Monarca- han dejado hacer, en lugar de haber atado en corto o por lo menos haberlo intentado. El resultado a la vista está.

Hacia la abdicación de Juan Carlos I

En el prontuario de los defensores a ultranza de don Juan Carlos, que no de la Corona, figura el argumento de que el Monarca es el mejor embajador de las empresas españolas en el extranjero y que es normal que trate de ayudarlas a conseguir contratos aquí y allá, como hacen todos los Jefes de Estado, un argumento que, de validarse, obligaría a jubilar a nuestros embajadores y agregados comerciales en el exterior. Esas ayudas están en el origen de casi todas las corrupciones. La última de estas operaciones tiene que ver con el fabuloso contrato -6.736 millones de euros- logrado por un consorcio español liderado por Adif y Renfe para construir el tren de alta velocidad entre Meca y Medina, donde los servicios del Rey han resultado claves ante el monarca saudí para inclinar la balanza a nuestro favor frente a la durísima competencia francesa, y en la que, al parecer, se han trasegado comisiones de hasta tres dígitos en millones de dólares.

Si las andanzas de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que en gloria esté, como “intendente” real, eran métier que interesó en su día a una cierta elite capitalina, el escándalo Urdangarín, por el contrario, ha llegado a la calle, ha bajado al mercado y ha tomado la parada del taxis. Ha calado cual lluvia fina. El golpe es total. Sumida en una de las crisis más dramáticas de su reciente Historia, España está para cualquier cosa menos para abrir ahora el viejo melón de monarquía o república como forma de Gobierno. La solución podría pasar por la abdicación de don Juan Carlos en favor de su hijo, el príncipe Felipe, un hombre al que por fortuna no se le conocen escándalos económicos. Quizá sea llegado el momento de que los españoles usemos la inteligencia, allí donde tantas veces tiramos de vísceras.


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