Nacional

El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el PSOE y la Izquierda Plural

El recurso del grupo socialista y la Izquierda Plural (IP) está dirigido contra siete artículos y dos disposiciones de la norma. Dichos puntos dan preferencia al convenio de empresa, establecen un año de prueba en el nuevo contrato fijo para pymes y eliminan los salarios de tramitación, entre otras cosas.

Fachada principal del Tribunal Constitucional.
Fachada principal del Tribunal Constitucional. Europa Press

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el grupo parlamentario socialista y la Izquierda Plural (IU, ICV yCha), ha informado hoy el alto tribunal.

La decisión fue tomada por el pleno del tribunal el pasado 30 de octubre, fecha en la que se acordó también dar traslado de la misma al Congreso, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportuna.

El recurso del grupo socialista y la Izquierda Plural (IP) está dirigido contra siete artículos y dos disposiciones de la norma, informa Efe.

Dichos puntos de la ley atribuyen a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos la facultad para acordar la inaplicación de cuestiones pactadas por convenio, dan preferencia al convenio de empresa, establecen un año de prueba en el nuevo contrato fijo para pymes y eliminan los salarios de tramitación, entre otras cosas.

PSOE e IP entienden que estos cambios atentan contra el papel institucional reconocido a las organizaciones sindicales y empresariales, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva.

A este recurso se suma el presentado por el Parlamento de Navarra, así como la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el juzgado de lo social número 30 de Madrid, que entendió que algunos aspectos relativos al despido vulneraban el principio a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad de trato establecidos en la Carta Magna.


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