Caso Púnica

El juez pide nuevos datos a Cifuentes sobre los 20 colegios vinculados a la trama Púnica

El magistrado Velasco ha dictado un nuevo auto donde hace un requerimiento a la Consejería de Economía, Empleo y Educación de la Comunidad de Madrid para que le envíen copia testimoniada de "los actos inscritos en el registro de cooperativas de la CAM" que afectan a los veinte colegios investigados por amaños de licitaciones. Se calcula que por cada colegio que la Púnica construía percibía 900.000 euros. 

Imagen de archivo del juez Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica'.
Imagen de archivo del juez Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica'. EFE

Continúan avanzando las pesquisas en la pieza separa número 11 de la trama Púnica que afecta a los presuntos amaños de licitaciones en colegios concertados de la Comunidad de Madrid. En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, requiere a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid que le remita "copia certificada o testimoniada" de todos los actos inscritos que estén asentados en "las cooperativas de enseñanza de la Comunidad de Madrid" relacionadas con los veinte colegios concertados de esta región que se encuentran bajo la lupa de la Justicia.

La razón por la que el juez acuerda esta diligencia, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, es por la "necesidad de conocer las cifras de capital social de las escrituras de constitución y los importes de las ampliaciones de capital en su caso", lo que según Velasco, "es útil y necesario para la investigación eficaz del mismo".

Los investigadores sospechan que los 'pelotazos' que daba la red liderada por el ex consejero del Partido Popular, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza en los colegios madrileños se llevaban a cabo de la siguiente manera. La mercantil Alfedel SL, una sociedad registrada en la localidad madrileña de Valdemor, se dedicaba a promover colegios concertados y luego venderlos a las cooperativas de profesores para que los gestionaran.

Una veintena de éstas cooperativas -sobre las que Velasco solicita ahora información- pagaron cada una a esta sociedad cantidades cercanas a los 900.000 euros de media después de que la trama les asegurase que iban a recibir el concierto de la Comunidad de Madrid gracias, precisamente, gracias a la presencia en el Ejecutivo regional de Granados, presunto cabecilla de la red.

19 millones de 'pelotazo' escolar

En su resolución, notificada este jueves, el instructor pide a la Consejería del Gobierno de Cristina Cifuentes datos de los colegios Helicón y Valle del Miro en Valdemoro; de los centros educativos Helades y Quercus en Boadilla del Monte; del colegio Caude en Majadahonda; de la escuela Aquila en Parla; o, del colegio Villamadrid, que sita en la capital, entre otros.

Además, la Unidad Adscrita de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción ya ha cifrado a cuánto ascendieron los presuntos 'pelotazos' dados con la 'trama escolar' de Púnica. Tal y como publicó este periódico, la trama Púnica se habría embolsado 19.030.350 euros entre los años 2004 y 2014 por los amaños para la construcción de dicha veintena de colegios concertados.

Hacienda calcula que las coopertaivas de enseñanza pagaron 900.000 euros de media a la empresa de Púnica, Alfedel S.L, cuando la trama les aseguraba que iban a recibir el concierto de la Comunidad de Madrid

La sospechas sobre la existencia de una 'trama escolar' en Púnica se remonta a junio de 2014, cuando aún no se había producido las primeras detenciones. Entonces, los expertos de Hacienda ya proponían al juez Velasco "indagar" el pago de más de medio millón de euros realizado por la cooperativa que levantó un centro educativo en Valdemoro a Deloya Gestión SL, una de las empresas de Marjaliza.

En aquel documento, la Agencia Tributaria no encontraba "la razón" de dichos abonos y ya sugería la existencia de una supuesta 'mordida' ya que la mercantil bajo sospecha fue creada por el constructor el mismo año en el que recibió la primera entrega y sólo había facturado trabajos a dicha empresa. En otro de julio de ese mismo año, la AEAT concluía que empresas ligadas a la trama habían participado en levantar una veintena de este tipo de centros, que son los que ahora investiga el juez Velasco.


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