Publicado: 08/03/2017 04:00
En Moncloa no se pestañea. No se levanta la voz ni se gesticula ante las provocaciones que se suceden desde Cataluña. Artur Mas busca afanosamente que entre en juego el 155, según las interpretaciones del Gobierno. Atrapado en un doble frente judicial, el del 9N y el de los casos de corrupción del 3 por ciento y del Palau, que este miércoles entra en su fase decisiva, el expresidente pretende una reacción "desproporcionada" del Ejecutivo que envíe a un segundo plano sus problemas en los tribunales.
La mesa del Parlament, controlada por Junts pel Sí, ha sorteado las exigencias del Consejo de Garantías catalán y ha dado con la fórmula para aprobar las leyes de la denominada desconexión. Límite: dos horas. Sin debates, ponencias, recursos...y sin darle opción al Constitucional. El Parlamento catalán se salta sus propias normas, las retuerce para allanar el camino de los secesionistas, sin atender las voces de la oposición.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presionado por la CUP, su báculo parlamentario, acelera los trámites para convocar el referéndum. Artur Mas, en riesgo de inhabilitación, busca una salida en el 'choque de trenes', esa respuesta contundente de Madrid.
El acelerón del Parlament es un paso clave para que el PDECat, antigua Convergència, acomode sus ritmos a las reclamaciones de la CUP. El referéndum se antoja inviable. Los anarquistas de la CUP ignoran las leyes y pretenden la 'desobediencia' para consumar sus planes. Hay divisiones entre Puigdemont y sus socios de ERC. Artur Mas pisa el acelerador. Oriol Junqueras, que escruta un horizonte más lejano, se pone de perfil. Apoya desde la barrera, sin implicarse más de lo necesario. Moncloa, discretamente, lo apoya.
PP, PSC y Ciudadanos han advertido a los secesionistas que utilizarán toda la legalidad para evitar que la desconexión se consume. Andrea Levy, vicesecretaria general de los populares, en esa línea, ha afirmado que "el Gobierno de España responderá con la ley a cada ilegalidad".
Soraya Sáenz de Santamaría, acusó desde el Senado a la Generalitat de "vivir en una realidad paralela" y de pretender una huida hacia adelante. No añadió ni amenazas ni mencionó el 155. La vicepresidenta, impulsora de la operación diálogo, conoce la estrategia de Mas. Esquivar el ruido judicial de la corrupción y presentarse candidato en las próximas autonómicas. Necesita que el Gobierno central aplique las 'medidas coercitivas' de las que se habló hace unas semanas. El victimismo como arma electoral.
Las Fuerzas Armadas y la integridad de la Nación
La ministra de Defensa, sin incurrir en la sutileza, se abrazó al texto constitucional para recordar en el Senado que las Fuerzas Armadas son las encargas de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. Dolores Cospedal había sido interrogada por un diputado de ERC en torno a las maniobras que desarrolla el Ejército en Gerona, que dieron lugar a anecdóticas muestras de rechazo.
"El Estado tiene una serie de mecanismos para evitar que se vulneren las leyes", fue la respuesta de Javier Fernández, presidente de la gestora socialista al ser preguntado sobre el artículo 155 de la Constitución, que suspendería algunas competencias de la la Generalitat. El dirigente socialista fue quizás el más explícito al abordar la posible reacción del Estado contra los pasos independentistas."Lo que pasa en Cataluña es que se está poniendo en marcha un proceso de secesión", clarificó, ante el líder del PSC, Miquel Iceta.
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