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Moncloa no cumple su propia ley de transparencia: retrasa la creación de su gran órgano supervisor

El Consejo de Ministros no ha aprobado en los tres últimos meses, como exigía la norma, el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El plazo había sido incorporado a través de una enmienda de los populares en el Senado. Fuentes de Presidencia matizan que "todavía hay margen hasta finales de año".

Rajoy, Santamaría y Montoro, en el plenario de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Rajoy, Santamaría y Montoro, en el plenario de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). MINHAP

La medida estrella del Gobierno de Mariano Rajoy para combatir la corrupción, sobre todo después del escándalo Bárcenas, e impulsar la llamada “regeneración democrática” no arranca con buen pie. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, impulsada por el Ministerio de Presidencia, obligaba al Ejecutivo en su articulado a la aprobación del Estatuto orgánico del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno --ente público encargado de supervisar y controlar la aplicación de la norma-- en los “tres meses” siguientes a la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, este plazo ha sido incumplido por Moncloa. El BOE que recoge la normativa sancionada por el Rey tiene fecha de 10 de diciembre. En su contenido, la disposición final séptima, relativa al desarrollo reglamentario, establece: “El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses de la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado, un Real decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”. Noventa días después, la fecha límite era ayer, este real-decreto no ha visto la luz, tal y como recoge el blog El BOE nuestro de cada día, de la Fundación Civio.

Ante semejante descuido, Vozpópuli se puso en contacto con el Ministerio de Presidencia, promotor de la Ley de Transparencia y responsable de su puesta en marcha, junto al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer de primera mano las razones que habían motivado tal retraso. Fuentes de Presidencia se acogieron a una pirueta reglamentaria para vincular esta disposición final séptima al Título III de la norma, que no entrará en vigor hasta el próximo diciembre. Así, las mismas fuentes argumentaron que “todavía hay margen para regular el Estatuto orgánico del Consejo hasta finales de año”.

La relevancia de este desliz es mayor si se tiene en cuenta que fue el PP, el partido que sustenta al Gobierno, el responsable de la fijación de dicho plazo, al introducirlo en una enmienda durante de la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado. La enmienda de los populares, la 266 de adición, que fue incorporada al texto como disposición final séptima (se defendió en su día como quinta), emplazaba al Ejecutivo a regular el Estatuto orgánico del Consejo de la Transparencia en tres meses y justificaba así tal petición: “Previsión temporal para la aprobación” del texto estatutario.

Otra de las enmiendas que 'coló' el PP fue retrasar hasta después de las elecciones locales y regionales la aplicación del grueso de la ley en comunidades y municipios

El PP introdujo este cambio en la norma, al igual otras modificaciones derivadas de las 32 enmiendas que presentó en la Cámara Alta. Por ejemplo, planteó modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para incrementar el nivel de transparencia, reforzar los requisitos en la identificación, reforzar los requisitos en la identificación de clientes y fijar el seguimiento de sus operaciones en función del riesgo, entre otras cuestiones.

La entrada en vigor de esta norma está siendo de forma escalonada, según los apartados en que se divide. Las disposiciones del Título II (buen gobierno, infracciones y sanciones) son de obligado cumplimiento a partir del día siguiente a su publicación en el BOE (10 de diciembre de 2013). El título preliminar, el Título I (grueso de la ley) y el Título III (el que alberga el Consejo de la Transparencia) no serán efectivos hasta diciembre de 2014. De la disposición séptima, la que alude al Estatuto orgánico de dicho ente, no se especifica nada, y por tanto, su aplicación se entiende desde el 11 de diciembre, aunque la versión de Moncloa es distinta.

En última instancia, la ley recoge una de las enmiendas más sonadas que los populares colaron en el Senado: la ampliación a dos años de la moratoria para “adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley” en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos (para el resto de destinatarios es un año). De este modo, no tendrán que cumplir esta parte de la norma hasta diciembre de 2015, más de medio año después de las elecciones locales y regionales previstas para la primavera de ese año. 

Un organismo "politizado"

El Consejo de la Transparencia --no empezará a funcionar hasta finales de este año-- ha sido uno de los puntos más cuestionados por la oposición y organizaciones no gubernamentales en la tramitación de la ley. El texto dice que el máximo responsable de dicho Consejo “será nombrado por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular de Hacienda y Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”. Luego, el Congreso refrendará su nombramiento por “mayoría absoluta”. El PSOE exigió sin éxito que fuese respaldado por tres quintas partes de la Cámara Baja y elegido por el Congreso y el Senado. Otros partidos, como UPyD, criticaron la "politización" del órgano, ya que su director será elegido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Respecto a la composición del Consejo, la ONG internacional Access Info Europe (AIE) denuncia que el organismo “carece de personal independiente, dado que lo forman profesionales con cargo en órganos políticos o administrativos”. Según la norma, además del presidente, habrá una Comisión integrada por él, un diputado, un senador y representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Autoridad de Responsabilidad Fiscal. Los socialistas reclamaron la inclusión de “sindicatos, empresarios y las organizaciones más representativas en materia de transparencia”.


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