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El Ayuntamiento de Madrid adjudica a dedo al decano de los arquitectos un concurso por 3,3 millones de euros

Se trata de un procedimiento negociado sin publicidad para gestionar las Inspecciones Técnicas de Edificios que el Ayuntamiento sacó a concurso recientemente.

Ni bolsas de trabajo ni luz y taquígrafos. El actual decano del colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), J.A.G., su tesorero, J.G.H., y uno de los anteriores decanos del Colegio, R.A., han resultado adjudicatarios, por procedimiento negociado sin publicidad, de la gestión de dos lotes de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs) que el Ayuntamiento sacó a concurso recientemente. Cada una de las adjudicaciones tiene un importe de 3,3 millones de euros.

En el año 2001 el Ayuntamiento de Madrid, en manos entonces de José María Álvarez del Manzano, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos para que estos profesionales se hicieran cargo de la acción sustitutoria en el caso de que los vecinos no hicieran la inspección técnica de los edificios (ITEs).

El colegio repartía entre su bolsa de trabajo las cientos de inspecciones que las comunidades de vecinos dejaban de hacer, a pesar de ser obligatorias. El Ayuntamiento pagaba estas inspecciones con un baremo establecido en ese convenio y luego se ocupaba de cobrar a las comunidades.

Pero vino la crisis. Y el Ayuntamiento dejó agonizar el convenio, sin que el Colegio exigiera que se continuara con este sistema que permitía mantener un cierto empleo en unos licenciados muy castigados por la crisis. No hay constancia de que se denunciara por alguna de las partes este acuerdo.

En el año 2011 la corporación, con el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, decidió convocar un concurso público para hacer estas mismas gestiones. Ya entonces UPyD denunció que se quería poner en manos de empresas privadas un trabajo que debían hacer funcionarios municipales.

En este concurso se troceó Madrid en cuatro zonas con un precio máximo de 3,7 millones de euros por zona. De las 16 empresas que se presentaron se excluyó a 11 por cuestiones formales, entre ellas a la del decano/tesorero y a la del antiguo decano de COAM, que recurrió a los tribunales de lo contencioso. Dos de los sectores se adjudicaron sin problemas a conocidas empresas del sector. El tercero fue para la empresa SGS, a la que se requirió una documentación que no presentó, por lo que quedó desierto. El cuarto quedó desierto directamente.

Los técnicos, según cuentan arquitectos críticos con la actual dirección del Colegio, eran partidarios de que se adjudicaran, de nuevo, tras convocar concursos abiertos. Pero sin que se conozcan las causas, el Ayuntamiento de Madrid sacó los dos concursos por procedimiento negociado y sin publicidad.

El Ayuntamiento invitó a participar a las empresas de los lotes que quedaron desiertos, pero no a las que no pudieron subsanar la documentación requerida en tiempo y forma. Paralelamente a estas adjudicaciones el consistorio madrileño ha tenido dos actuaciones, que, contra lo que es habitual, no han tenido críticas por parte del Colegio Oficial de Arquitectos.

La polémica “Operación Canalejas”

La primera ha sido la llamada “Operación Canalejas”, en la cual  varios colectivos han reclamado la máxima protección para la que fue sede de Banesto. El Colegio no fue crítico y su decano estuvo presente en la firma del acuerdo entre Villar Mir (OHL), Ana Botella (Ayuntamiento de Madrid) e Ignacio González (Comunidad de Madrid). Algunos arquitectos recogieron firmas contra esta rehabilitación.

La segunda ha sido la presentación del Plan General de Urbanismo de Madrid, norma que regirá el futuro de la ciudad en los próximos años. El Colegio no ha presentado alegaciones y sí lo han hecho algunos de los miembros de la Comision de Urbanismo del Colegio de Arquitectos, “pero a nivel particular”, explican.

Un grupo de arquitectos críticos con los actuales dirigentes del Colegio afirman que “parece feo que el decano opte a contratar con el Ayuntamiento en lugar de activar el convenio ahora que el Ayuntamiento decide encargar ITEs”. Creen que el Colegio se tenía que haber opuesto a la propia convocatoria del concurso. “Es llamativo –añaden- que 11 de las empresas fueran eliminadas del concurso público por cuestiones formales cuando están acostumbradas a este tipo de situaciones”. Dudan de los criterios técnicos del concurso, así como de la decisión de que los procedimientos sean negociados sin publicidad, práctica que se considera “extraordinaria”.

Mientras la indignación sube enteros entre los profesionales, el concejal de UPyD Mariano Palacios va a preguntar en el Pleno del próximo viernes por la adjudicación de los cuatro contratos de las ITEs, pero especialmente por los que han correspondido al anterior decano, R.A., y al actual, J.A.G., y su tesorero.

Fuentes municipales indicaron que el concurso se hizo conforme marca la ley y añadieron que las empresas que han resultado adjudicatarias tienen un reconocido prestigio.


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