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Pacto soterrado de PP y PSOE para no desclasificar documentos secretos del 23-F hasta 2031

Los dos principales partidos mantienen un acuerdo tácito que supone respetar los tiempos marcados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cinco de los 13 cabecillas de la intentona golpista todavía están vivos. Ofensiva de IU en el Parlamento para desenmascar al 'elefante blanco'. Zarzuela ya negó en 2012 que el Rey simpatizara con los militares sublevados, según un telegrama del embajador alemán en España en 1981.

Instantánea de los militares implicados en el frustrado golpe de Estado, durante el transcurso del juicio.
Instantánea de los militares implicados en el frustrado golpe de Estado, durante el transcurso del juicio.

La alternancia en el poder de PSOE y PP incluye como acuerdo tácito no despertar viejos fantasmas sobre el episodio menos conocido de la historia reciente de España: la intentona golpista del 23-F. Entre los dos grandes partidos existe un pacto soterrado para evitar cualquier desclasificación de documentos secretos que puedan comprometer los hechos probados y juzgados en la sentencia que dictó en su día el Tribunal Supremo.

Según ha podido saber Vozpópuli, esta postura consensuada en la trastienda de Moncloa y respetada desde entonces por cada gobierno, de distinto signo, sigue vigente y cobra estos días más fuerza que nunca, justo cuando se vuelve a poner al Rey Juan Carlos en el punto de mira sobre la autoría intelectual de la sublevación militar de 1981.

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario sostienen que "ya hubo una investigación política, que acreditó la figura del Rey como máximo garante de la democracia. En cuanto a la investigación judicial, añaden, "el Supremo dictó sentencia condenatoria contra treinta individuos y acordó el secreto de sumario hasta 25 años desde la muerte de los procesados o 50 desde la fecha del golpe". Ello, enfatizan las mismas fuentes, "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración".

De esta forma, dado que todavía permanecen vivos cinco de los treces cabecillas del golpe (fueron procesados 33), la desclasificación de documentos secretos por parte del Alto Tribunal no llegará antes de2031. De esa camarilla que gestó el asalto al Congreso, al menos dos integrantes, el exteniente coronel Antonio Tejero y el excapitán Jesús Muñecas, participaron el pasado 23 de febrero en la paella del 33 aniversario organizada en un cuartel de la Guardia Civil.

El secreto de sumario que dictó el Supremo "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración", afirman fuentes gubernamentales

Los escritos confidenciales bajo custodia del Supremo --también el CNI, antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), guarda informes secretos-- no tendrían un carácter accesorio, sino que recogerían relevantes cuestiones de fondo de aquel episodio. Las fuentes antes citadas recuerdan que en los últimos años sólo en el 30 aniversario de la intentona golpista el expresidente del Congreso José Bono hizo públicas las actas oficiales de la Cámara Baja del 23-F, redactadas por los cuatro parlamentarios que eran secretarios de la Mesa aquel día, entre ellos el propio exministro de Defensa. Sin embargo, esta revelación por iniciativa de Bono, explican las fuentes, no entrañaba ninguna cuestión espinosa. No se veía afectado, por tanto, ese pacto tácito.

Tanto PP como PSOE dejaron entrever ayer que no respaldarán a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en su ofensiva parlamentaria para esclarecer lo sucedido en la intentona golpista del 23-F y desenmascarar al elefante blanco. Desde IU reclamaron la apertura de una comisión de investigación y registraron, además de una batería de preguntas, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a desclasificar todos los documentos y grabaciones telefónicas, incluidos los de los servicios de inteligencia, sobre lo ocurrido el día del fallido golpe de estado.

Además, este grupo pide también que se conozca la información que circuló a la mañana siguiente por el Congreso y por La Zarzuela, así como de las actas de las reuniones entre el Rey y el entonces presidente del Ejecutivo, Adolfo Suárez.

"Simpatía" hacia los golpistas

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, señaló que estas iniciativas no llegan a raíz el avance del libro de Pilar Urbano (la periodista sostiene que "el Rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha", sino que se enmarcan en la estrategia de su grupo para que la transparencia alcance todos los rincones de la instituciones.

De hecho, IU, a través del diputado Gaspar Llamazares, ya se interesó por contrastar una versión similar, la que publicó en 2012 el semanario alemán Der Spiegel. Esta cabecera reprodujo un cable desclasificado por las autoridades germanas en el que el embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, decía que el monarca mostró "comprensión" y "simpatía" hacia los autores del intento de golpe de Estado.

Llamazares remitió una carta a Zarzuela sobre este telegrama, tras ser vetadas sus preguntas en el Congreso, y obtuvo respuesta de la Casa del Rey. El jefe de esta institución, Rafael Spottorno, le replicó con otra misiva en la que decía que "ni su Majestad ni la Casa Real acostumbran a valorar escritos u opiniones de terceros, que es una responsabilidad exclusiva de sus autores y que, en este caso, no se compadecen con la realidad de unos hechos, cuyo desarrollo y corolario final son de público conocimiento". De momento, respecto al último relato de Urbano, todavía no se conoce respuesta de Zarzuela.


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