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La juez reabre el caso del ático marbellí de González, por el que dice pagar 2.000 euros al mes

La juez de Estepona ha ordenado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la Agencia Tributaria investigue quién es el propietario del dúplex de González y de dónde salió el dinero para su compra. El Popular, con sueldo neto de 4.800 euros al mes, dice que paga un alquiler mensual de 2.000. 

El presidente madrileño, Ignacio González
El presidente madrileño, Ignacio González Efe

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, explica cuando se le pregunta que el ático de 496 metros cuadrados que tiene alguilado en Guadalmina es propiedad de la empresa Coast Investors radicada en el paraíso fiscal de Delaware, y que él paga 2.000 euros mensuales de renta, entre dos y tres veces menos que el precio de mercado en la exclusiva zona marbellí. Con un sueldo neto de 4.800 euros al mes y siendo esta su segunda residencia, varios informes policiales ponen en duda la versión, y sostienen que la vivienda es parte de una supuesta comisión que habría cobrado por recalificar unos terrenos en favor de la constructora Martinsa, según una información que publica hoy El Mundo

En esta ocasión ha sido la juez de Estepona. Mariana Peregrina, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la que ha ordenado que la Agencia Tributaria investigue para averiguar quién es el propietario del dúplex y de dónde salió el dinero que propició su compra. 

Según los datos que publica el diario, el piso costó 1,1 millones de euros aunque oficialmente la comercial que lo vendió firmó por 750.000, motivo por el cual la Policía Judicial deduce que ha habido dinero en B de por medio. La operación se realizó en 2008 y no consta inscripción alguna en el Registro de la Propiedad desde entonces. 

Después de que el año pasado saliera a la luz una investigación que daba a conocer que el presidente madrileño disfrutaba de su dúplex marbellí, Interior negó los datos y destituyó a los responsables de las indagaciones: el comisario de Marbella, Hermés de Dios y el número uno de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla. 

Ahora la juez quiere ir más allá, y además de implícitamente dar por buena aquella investigación, quiere que la Delegación de la Agencia Tributaria en Málaga le remita toda la información tributaria que posean sobre la entidad Coast Investors LLC. Su decisión también responde a la denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Estepona (localidad limítrofe) después de que Interior hubiese cerrado un "presunto caso de corrupción de un alto dirigente del Partido Popular". 


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