Iberdrola interpone una demanda contra el Estado por el 'caso Bankia'

Iberdrola ha decidido interponer una demanda contra Bankia en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid por su salida a Bolsa. Y es que el debut bursátil del banco nacionalizado le va a salir caro al Estado, y no sólo por las reclamaciones de ahorradores particulares. Los inversores institucionales que acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS) también han empezado a exigir el dinero que perdieron.

Es el caso de la compañía eléctrica, que ha pedido que se decrete la anulación de las dos órdenes de suscripción de acciones de Bankia que realizó en julio de 2011 por 70 millones de euros. Una inversión que respondía a una petición del Gobierno para sacar adelante una operación considerada cuestión de Estado.

Iberdrola pide que se decrete la anulación de las dos órdenes de suscripción de acciones de Bankia que realizó en 2011

En este sentido, tal y como publica este martes El Confidencial, el comité de riesgos de Iberdrola hizo un análisis de la operación y estudió la documentación dispuesta por Bankia a tal efecto, es decir, el folleto informativo de la OPS para la admisión a negociación de acciones del banco en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

El citado folleto, según explica la propia empresa, reflejaba la situación patrimonial del grupo resultante de la fusión entre Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas más pequeñas. Iberdrola destinó 70 millones en base a esa información, pero la reformulación de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 reflejó una situación muy diferente. En lugar de los 309 millones de beneficio reportados para el ejercicio 2011, la entidad afloró unas pérdidas de 2.977 millones de euros. Después vino el rescate de 22.000 millones con dinero público y la destitución de todo el consejo de administración. 

Ante esta situación, Iberdrola, dirigida por Ignacio Sánchez Galán, ha tomado la decisión de demandar al banco, propiedad en un 64% del Estado, tras la sentencia número 23/2016 del Supremo, en la que se pone de manifiesto que “el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales”.