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El Fondo Hispano-Saudí patrocinado por el Rey y Corinna hizo perder 21 millones a empresarios españoles

Cerca de veinte empresarios españoles suscribieron en 2007 un acuerdo para participar en el Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí, patrocinado desde mediados de 2006 por el Rey Juan Carlos y Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La aventura resultó ser un completo fiasco y perdieron los 21 millones de dólares que habían aportado.

El Fondo Hispano-Saudí patrocinado por el Rey y Corinna hizo perder 21 millones a empresarios españoles
El Fondo Hispano-Saudí patrocinado por el Rey y Corinna hizo perder 21 millones a empresarios españoles

Casi una veintena de empresarios españoles que en 2007 suscribieron un acuerdo para participar en el Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí, patrocinado desde mediados de 2006 por el Rey Juan Carlos y su “entrañable amistad”, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, perdieron los 21 millones de dólares que a la fecha de la liquidación del mismo, el 12 de abril de 2010, habían aportado, después de que la aventura se demostrara un completo fracaso por culpa de la falta de interés de la parte saudí en el citado Fondo. 

Los empresarios españoles intentaron durante meses recuperar las aportaciones iniciales efectuadas al Fondo, pero en vano. El fiduciario –persona o sociedad que actúa en nombre de un tercero- de la liquidación, un tal Energy & Infrastructure GP Limited, que había cobrado las cantidades a desembolsar durante el primer año de vida útil del mismo, se negó a ello en redondo, aduciendo que esa cifra se correspondía casi exactamente con los gastos de gestión (management fees) del Fondo. Imposible saber quién se esconde detrás de Energy & Infrastructure GP Limited, aunque algunos de los afectados consideran fácil adivinarlo. 

Aquella parecía una idea fantástica. Había sido lanzada durante la visita efectuada por el Rey Juan Carlos a Arabia Saudita el 8 de abril de 2006, que dio lugar a la firma de varios acuerdos de colaboración entre ambos países, el más llamativo de los cuales era quizá la creación de un fondo para el desarrollo de inversiones en infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones. 

Ni el Gobierno ni la Casa Real han dado explicación alguna sobre la presencia de Corinna y la iraní Shahpari Azam Zanganet en el séquito del jefe del Estado durante un viaje oficial

En el avión oficial de las Fuerzas Aéreas españolas y acompañando a los Reyes viajaron el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y el titular de Industria, José Montilla. Después, sin embargo, se ha sabido que a bordo se encontraban también dos féminas muy cualificadas: la iraní Shahpari Azam Zanganet, representante en Arabia Saudí de los intereses del empresario Juan Miguel Villar-Mir, y su socia y amiga, la llamada “princesa” Corinna. Ni el Gobierno ni la Casa Real han confirmado, desmentido o dado explicación alguna sobre la, como poco llamativa, presencia de ambas mujeres en el séquito del jefe del Estado durante un viaje oficial. 

El Rey fue recibido en la tarde del sábado 8 de abril de 2006 por el rey Abdullah Bin Aldulkaziz Al-Saud. El contexto de la visita y del Fondo no podía ser más favorable: sobre la base de los recursos del crudo, el Gobierno de Riad mantiene abierto un gigantesco programa de inversión en infraestructuras que incluye la creación de varias “ciudades económicas” nuevas, una de las cuales iba a ser “española” y estaba destinada a albergar industrias intensivas en energía promovidas por españoles. 

La posterior visita del rey saudí a España, en junio de ese mismo año, contribuyó a lanzar definitivamente el proyecto. El gobernador de la Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), presente en la comitiva, ofreció a las empresas españolas participar en el nuevo Fondo Hispano-Saudí de Inversión en Infraestructuras (que así se denominó inicialmente), dispuesto a participar en el maná de los muchos proyectos en curso lanzados por el Gobierno saudí. En la trastienda de la operación, como mediadora entre la parte saudí y española, “animadora” de la idea y recaudadora de los fondos, la citada Corinna zu Sayn-Wittgenstein. 

Captar 1.000 millones, la mitad de los cuales fueran españoles

La idea de los promotores consistía en captar hasta 1.000 millones de dólares de potenciales inversores en varias fases y al 50% entre sauditas y españoles. La primera fase concluía a 31 de julio de 2007, y daba prioridad a la entrada de empresas españolas de construcción y gestión de infraestructuras. En una segunda fase, con tope al 30 de septiembre, se abría la entrada a empresas españolas de otros sectores interesadas en hacer negocios en Arabia. En la tercera fase, se franqueaba la entrada de empresas de otros países hasta alcanzar el funding previsto. 

Los inversores podían aportar a partir de los 10 millones de dólares. La inversión de 50 millones o más daba al empresario correspondiente un derecho de voto en el Comité Asesor, un órgano meramente consultivo destinado a efectuar recomendaciones al gestor sobre políticas generales, prospectivas sobre sectores para invertir y conflictos de interés entre los participantes en el Fondo, pero que no daba en absoluto la oportunidad de participar en la gestión del mismo. 

En cuanto al ritmo de los desembolsos, para un compromiso como el descrito de 50 millones, el partícipe quedaba obligado a desembolsar un millón de dólares durante el primer año (fase de desarrollo e identificación de proyectos), dos millones en el segundo, siete en el tercero y el resto en los tres años siguientes. 

La sede social del Fondo quedó establecida en la isla de Guernsey (Canal de la Mancha), un paraíso fiscal para las autoridades tributarias españolas.

La gestión financiera del Fondo fue encomendada a Morgan Stanley, mientras que la gestión técnica corrió a cargo de los bancos de negocios Arox Capital y Cheyne Capital. A partir del segundo año de vida del Fondo, Cheyne compró a Arox su participación para quedar como gestor único del Fondo. La sede social del Fondo quedó establecida en la isla de Guernsey (Canal de la Mancha), un paraíso fiscal para las autoridades tributarias españolas. El Fondo contemplaba la creación de empresas conforme se fuera logrando la adjudicación de proyectos, a razón de empresa por proyecto. El objetivo de rentabilidad estaba fijado en el 8%, con un horizonte de la inversión de 15 años, prorrogables por otros tres. 

Falta de interés real de los saudíes

La idea, sin embargo, chocó pronto con la falta de interés real de los supuestos inversores sauditas para aportar las sumas a las que en principio se habían comprometido. “La idea se caía por su base desde el principio”, asegura un empresario español que participó en el Fondo, “porque, ¿qué sentido tiene para un príncipe saudí crear un Fondo con inversores españoles para invertir en su país, cuando ellos lo tienen todo, porque disponen del dinero y de los proyectos? ¿Para qué necesitaban a los españoles…? Una explicación es que esa fuera una forma de emplear a la “princesa” Corinna y hacerle ganar un dinero”. 

El caso es que transcurrió la primera mitad de 2008, tiempo en el que los empresarios comprometidos esperaban ya algún fruto concreto, sin que nada hubiera ocurrido, y otro tanto sucedido durante la segunda mitad de año. A finales de 2008, las alarmas se habían encendido. Aquello no funcionaba. El Fondo, a través de Cheyne Capital, aportó informes de Estados Financieros resumidos y no auditados correspondientes a los periodos que van de mayo de 2007 a junio de 2008, y de mayo de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

Los empresarios que picaron el anzuelo acordaron perder las aportaciones realizadas y pagar el 0,85% de las aportaciones totales comprometidas a cambio de liquidar los compromisos contraídos

En los primeros meses de 2009, los empresarios inversores  empezaron a reclamar la devolución de las cantidades entregadas, recibiendo la callada por respuesta. El gestor del fondo adujo que los gastos incurridos por la sociedad entre mayo de 2007 y diciembre de 2008 ascendían a un montante aproximado de 21 millones de dólares. El soporte documental de esos gastos resultó imposible de obtener, puesto que las supuestas sociedades proveedoras están domiciliadas en paraísos fiscales y son totalmente opacas.

Al final, la casi veintena de empresarios españoles que picaron el anzuelo llegaron al acuerdo de perder las aportaciones realizadas (capital calls) y pagar el 0,85% de las aportaciones totales comprometidas a cambio de liquidar completamente los compromisos contraídos. En total, las cantidades pagadas estuvieron alrededor de los citados 21 millones de dólares.  


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