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Montoro advierte sobre el déficit a tres comunidades y pide más información a otras cinco

Extremadura y Castilla León se abstienen en la votación para la revisión del objetivo de déficit. Galicia vota a favor en el último momento. País Vasco rechaza que el Gobierno no reparta el punto de flexibilización del déficit admitido por Bruselas.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. EFE

Dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, Castilla y León y Extremadura se han rebelado contra la decisión del Ministerio de Hacienda de no relajar el objetivo de déficit que las autonomías están obligadas a cumplir en los próximos años. Galicia, que se enteró al llegar a la reunión que dos comunidades populares iban a abstenerse, ha decidido en el último momento votar a favor. A las dos comunidades insumisas del PP se han sumado votando en contra aquellas en las que no gobiernan los populares. El Ministerio de Economía y Hacienda ha advertido sobre el cumplimiento del déficit a tres autonomías mientras que a otras cinco les ha pedido más información.

Pasadas las cuatro y media de la tarde comenzó una reunión densa y larga, y en la que el ministro Cristóbal Montoro tenía previsto urgir a las comunidades autónomas a cumplir con dicho objetivo de estabilidad presupuestaria, y a continuar y profundizar en sus políticas de ajuste. A ello se comprometieron a mediados de mayo, en la anterior reunión del Consejo, cuando se aprobaron nuevos recortes por un importe superior a los 18.000 millones de euros.

Hacienda mantiene ese 1,5 % de déficit para 2012 incluso después de que en la cumbre del Eurogrupo, el lunes pasado en Bruselas, se acordara relajar en un punto, del 5,3 al 6,3 %, el objetivo de déficit para el total de las administraciones públicas españolas este año. Una medida, la de mantener el 1,5 %, con la que no están de acuerdo varias comunidades autónomas, que han transmitido esta tarde a Montoro la necesidad de compartir con las regiones la decisión de Bruselas de suavizar las exigencias de déficit a España, retrasando un año, de 2013 a 2014, el objetivo del 3 % de déficit exigido.

País Vasco rechaza que el Gobierno no reparta el punto de flexibilización admitido por Bruselas

En la reunión, Cristóbal Montoro, que ha estado acompañado por la cúpula del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha informado a las comunidades de que el Gobierno está dispuesto a fijar el déficit autonómico para 2013 en el 0,7 %, ligeramente por encima del 0,5 % fijado en el Plan de Estabilidad 2012-2015 enviado por el Ejecutivo a Bruselas, y que en 2014 sea del 0,1 %. El anterior Gobierno socialista fijó el déficit autonómico para 2013 en el 1,1 %, y del 1 % para 2014, porcentajes que muchas comunidades autónomas consideran aún vigentes ya que, argumentan, los planes enviados a Bruselas no han sido refrendados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en anteriores reuniones.

Esta misma mañana, la Junta de Castilla y León anunciaba, por boca de su portavoz y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que votaría en contra de dicha revisión del objetivo de déficit, que entienden continúa en el 1,1 % para el próximo año. Por su parte, Galicia estaba planteándose abstener en la votación. El consejero vasco de Economía, Carlos Aguirre, ha rechazado hoy que el Gobierno no reparta el punto de flexibilización del déficit admitido por Bruselas para España, así como las medidas de ajuste.

No obstante, otras comunidades, como Madrid se ha mostrado de acuerdo con el plan de Hacienda sobre los nuevos objetivos de déficit para los próximos años. El Consejo fijará pues los objetivos de déficit para los próximos años y debatirá el grado de cumplimiento de los planes de ajuste que las comunidades tienen que desarrollar este año para no superar ese 1,5 %.

Fuentes de Hacienda informaron a EFE, antes de la reunión, de que varias comunidades, "incluso algunas gobernadas por el PP", deben hacer "un esfuerzo aún mayor" para poder lograr a final de año dicho objetivo, y que el ministro Montoro alertará del riesgo que corren de que se les aplique la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que contempla, en último extremo, la posibilidad de que el Estado intervenga una comunidad autónoma. 


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